La comparecencia anual del presidente de El Salvador Nayib Bukele ante la Asamblea Nacional, prevista por la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa el 1 de junio, no se celebró. El presidente optó por una cadena de radio y televisión pregrabada y una visita al renovado Hospital Rosales en lugar de acudir al Congreso, a pesar de que el titular del Legislativo, Ernesto Castro, convocó a los diputados para recibir el informe.

Sectores críticos con la gestión de Bukele señalaron que la transmisión no abordó con detalle la situación económica ni respondió a las demandas sociales. Organizaciones populares y estudios citados por sus portavoces sostienen que entre 2019 y 2026 el costo de la vida en El Salvador aumentó aproximadamente un 30 por ciento, circunstancia que habría empujado a unas 138.000 personas a la pobreza extrema.

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, a finales de 2025 estaban sin trabajo un total de 147.730 salvadoreños (7.110 personas más que en 2024). En ese momento la tasa de desempleo se ubicaba en 4,72 por ciento, considerada una de las más bajas de la región, pero el 70 por ciento de los empleados se ubicaba en el mercado informal, con trabajos precarizados y escasas protecciones sociales.

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???? El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Manuel "Chino” Flores, afirmó hoy que El Salvador enfrenta una crisis económica, social y ambiental, tras siete años de gestión del presidente… pic.twitter.com/jQUt5wMPix

— teleSUR TV (@teleSURtv) June 2, 2026

Asimismo, el 65.57 por ciento de los hogares realizaba a finales de 2025 su actividad económica en el subempleo y enfrentaba una inestabilidad en el trabajo. Para ese periodo, el 66.21 por ciento de los hogares presentaba falta de acceso a la seguridad social.

Los denunciantes relacionan ese deterioro con incrementos en la canasta básica, aumento en los niveles de desempleo y una creciente deuda externa, además de episodios de inflación que afectan el poder adquisitivo.

Grupos como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), y la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa) denunciaron graves retrocesos en materia democrática y de derechos sociales.

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Las organizaciones señalaron que el régimen de excepción, vigente durante cuatro años, ha derivado en detenciones masivas y juicios colectivos en los que se han producido vulneraciones al debido proceso, y persecuciones políticas.

Días antes también se difundió en línea un repositorio con declaraciones patrimoniales y datos de ingresos, egresos y deudas de funcionarios públicos, una medida que se produjo bajo presiones de organismos internacionales. Sin embargo, la información pública sigue siendo insuficiente para evaluar con precisión el manejo de las finanzas públicas y la gestión gubernamental.

En consecuencia, el contexto político agrega incertidumbre, al ser el segundo año del último mandato de Bukele acortado de cinco a tres años, y con las elecciones previstas en 2027 que combinarán renovación de cargos ejecutivos y legislativos.

Las denuncias de organizaciones sociales colocan a El Salvador ante un debate sobre la dirección política y las prioridades sociales del Gobierno, en un momento en que la pérdida de poder adquisitivo, la crisis sanitaria en el sistema público y las tensiones institucionales alimentan movilizaciones y llamados a una mayor transparencia y a políticas de protección social.

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