El último reporte oficial de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reveló que el país registra 89 puntos de bloqueo activos en las rutas de seis departamentos, marcando un recrudecimiento del conflicto que ya se extiende por 31 días consecutivos sin que existan acuerdos concretos entre los sectores movilizados y el Poder Ejecutivo.

​Las manifestaciones, que inicialmente surgieron por demandas sectoriales relacionadas con el abastecimiento de combustibles y observaciones técnicas a la Ley 1720, han derivado en las últimas horas en exigencias políticas transversales que incluyen pedidos formales de renuncia del presidente de la República, Rodrigo Paz.

​El informe de la ABC confirma que las principales rutas troncales que conectan al occidente, los valles y parte del oriente boliviano permanecen completamente interrumpidas. La Paz continúa consolidándose como el epicentro de la protesta y la región más afectada por el cerco.

​El mapa de los cortes de carreteras se distribuye de la siguiente manera: La Paz, más de 20 puntos de corte; Cochabamba, eje metropolitano y trópico; Chuquisaca, rutas interdepartamentales; Oruro, corredores estratégicos; Potosí, rutas rurales y troncales; y Santa Cruz, eje norte y Chiquitanía.

​Por su parte, los departamentos de Beni, Pando y Tarija registran condiciones parciales de transitabilidad, reportando restricciones vehiculares, desvíos obligatorios en tramos como Los Puentes – Puerto Varador, y trabajos de limpieza de escombros en la ruta Entre Ríos – Tacuarandi.

​Efecto dominó

​La crisis social escaló de forma drástica en las últimas jornadas tras registrarse una duplicación neta en la cantidad de bloqueos a nivel nacional. 

Las ciudades de La Paz y El Alto se encuentran en una situación de parálisis total debido a la huelga indefinida del transporte urbano y a una escasez crítica de carburantes en las estaciones de servicio.

​A esta medida de presión se sumó formalmente el poderoso sector de los comerciantes gremiales, cuyos portavoces han alertado sobre un riesgo inminente de desabastecimiento total de mercancías en los mercados populares y centros de abasto si los camiones de carga pesada continúan varados en las carreteras. 

Asimismo, la Central Obrera Boliviana (COB) endureció su postura y convocó a una marcha nacional en apoyo a las bases movilizadas.

​Los transportistas justificaron la continuidad del paro denunciando el incumplimiento sistemático de los convenios firmados previamente con el Gobierno. Entre sus demandas principales exigen compensaciones económicas por los graves daños mecánicos ocasionados en los motores de las flotas debido a la mala calidad de la gasolina importada que se distribuye en el país, además de exigir la presentación inmediata de los informes técnicos, comprometidos semanas atrás junto a la Universidad Estatal.

​Diálogo roto y la defensa del Gobierno

​Los esfuerzos de mediación llevados a cabo de forma conjunta por la Iglesia católica, la Vicepresidencia del Estado y el Defensor del Pueblo se encuentran estancados. 

Desde la Defensoría del Pueblo se emitió una alerta manifestando que el lenguaje de confrontación, amenazas e insultos empleado por diversos voceros gubernamentales está dinamitando cualquier opción de acercamiento con la dirigencia obrera y del transporte.

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​Mientras las principales urbes del país sufren la carencia severa de alimentos, combustibles e insumos médicos esenciales en los centros de salud públicos, la Administración de Rodrigo Paz defendió la validez de la Ley 1720 y de sus respuestas legales. 

Desde el Ejecutivo señalaron que los mecanismos de excepción constitucional constituyen el último recurso democrático para preservar el orden interno, argumentando que las mesas de negociación con los sectores en conflicto se encuentran totalmente agotadas ante la intransigencia de las demandas políticas de los manifestantes.

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