El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) su cuarta demanda de inconstitucionalidad contra el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 a iniciativa del presidente Nayib Bukele, con el objetivo de lograr la suspensión de la medida por vulneración de derechos fundamentales.

La organización, conformada en su mayoría por familiares de personas detenidas de forma arbitraria, se concentró frente a la CSJ para formalizar la solicitud, que se presentó en medio de denuncias al mandatario por concentración de poder sin contrapesos, transgresión de DD.HH. y uso del miedo para silenciar a individuos u organizaciones con diferencias políticas.

Las tres demandas anteriores fueron declaradas «improcedentes» por la Sala, pero Samuel Ramírez, vocero de MOVIR, aseguró que continuarán impulsando acciones legales. «Vamos a continuar con un quinto recurso; no nos vamos a dar por vencidos», afirmó.

El régimen de excepción permite la suspensión de garantías constitucionales como parte de la política de combate a las pandillas, una demanda histórica de la población salvadoreña. No obstante, MOVIR sostiene que esta lucha «no puede ejecutarse a costa de la vulneración de derechos fundamentales, capturas arbitrarias o procesos judiciales sin garantías».

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La anterior demanda, presentada en diciembre de 2025, incluía una solicitud de medida cautelar para suspender la ejecución del régimen mientras los magistrados analizaban el caso. Esta petición también fue declarada improcedente. Ramírez advirtió que la intención de solicitar la suspensión es «evitar que continúen las violaciones a derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad».

«Es para que no se repitan las mismas atrocidades bajo el régimen de excepción mientras hay una investigación. Hay muertos, hay vidas de por medio, hay familias que están sufriendo por esas capturas», denunció el vocero.

Las acciones legales de MOVIR ocurren en el contexto de la 51ª prórroga del régimen de excepción, aprobada por la Asamblea Legislativa con 57 votos a favor y uno en contra, correspondiente al partido VAMOS. Esta extensión permitirá mantener la medida por 30 días adicionales. Ante esto, la organización denunció haber recibido reportes de personas recapturadas pese a haber obtenido medidas sustitutivas a la detención en meses recientes.

«Lo que dijo Bukele en Costa Rica es una contradicción, porque dice que había liberado a 8.000 personas, pero las están recapturando y las están condenando a 20, 40 o 60 años», manifestó Ramírez. El vocero recordó que, al inicio del régimen, cerca de 5.000 personas se concentraron frente al penal de Mariona en busca de familiares detenidos. «¿Qué hizo el Gobierno? Llegó con tanquetas para disolver la manifestación. La gente tiene miedo, pero muchos están dispuestos incluso a dar la vida por sus seres queridos», expresó.

MOVIR reportó más de 500 fallecidos en centros penitenciarios desde la implementación del régimen. «Ahora los homicidios ya no ocurren afuera, sino dentro de los centros penitenciarios», denunció Ramírez, quien citó casos recientes en los penales de Cuscatancingo y Sonsonate. «¿Cómo pueden afirmar que El Salvador es el país más seguro del mundo mientras mantiene suspendidos los derechos constitucionales de toda la población? Esa es la contradicción», cuestionó.

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En el ámbito político, Ramírez sostuvo que Bukele consolidó el control institucional tras obtener mayoría legislativa y destituir a magistrados de la Corte. «La Asamblea Legislativa no se opone a Bukele porque fue puesta por él», afirmó. «Entonces, ¿quién se le va a oponer a Bukele? Nadie. Quienes nos oponemos parecemos pocos, porque él asegura que somos apenas el 7 %. Pero creo que sí existe preocupación por el tema de derechos humanos. La presión internacional es fuerte y hay señalamientos sobre posibles crímenes de lesa humanidad en el país».

El vocero de MOVIR calificó la situación como una concentración de poder sin contrapesos. «Es una dictadura porque una sola persona tiene el control de todo. Mientras se reducen recursos para educación y salud, se fortalece a la Fuerza Armada con más personal y más equipo», expresó. «Una persona que utiliza el poder para protegerse, acumular riqueza y concentrar poder solo puede definirse como un dictador», concluyó.

Pese a las declaraciones de la Sala de lo Constitucional, que «sigue sosteniendo que el régimen es necesario y que está justificado», MOVIR mantiene su postura. «Nos vamos tranquilos porque sabemos que el camino no es fácil, pero la razón está de nuestro lado y eso es lo más importante», finalizó Ramírez.

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