El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se pronunció este sábado 7 de noviembre en rechazo a las nuevas sanciones de Estados Unidos contra empresas y buques de la isla, así como contra firmas chinas que comercian con La Habana.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario escribió «Estados Unidos vuelve a la carga contra el pueblo de Cuba con nuevas medidas coercitivas contra empresas, buques cubanos y compañías extranjeras encargados de garantizar servicios y bienes esenciales a nuestro desarrollo económico y social»

El jefe de Estado sostuvo que esas disposiciones responden a un «mismo diseño de asfixia económica y castigo colectivo» contra la isla. Washington, agregó, se apoya en «mentirosas y absurdas justificaciones que ni el mundo ni los ciudadanos de Estados Unidos creen». «¡No nos doblegarán!», sentenció.

Las disposiciones fueron emitidas el jueves 5 de noviembre por el Gobierno de Estados Unidos. Alcanzan a entidades cubanas relacionadas con los sectores petrolero y de electrónica, y también a las corporaciones chinas CEIEC y Beijing H&C Technologies.

El argumento de Washington para imponer las sanciones es el supuesto suministro de componentes y equipos militares a la isla caribeña. Las empresas y buques alcanzados son, según recordó el mandatario, los encargados de garantizar servicios y bienes esenciales para el desarrollo económico y social de Cuba. De ahí que La Habana defina las nuevas medidas como un castigo colectivo y que el propio Díaz-Canel asegure que su objetivo es someter a la isla.

El viernes 6 de noviembre, el Ministerio de Comercio de China afirmó que las sanciones contra compañías de la nación asiática, impuestas bajo el pretexto de su cooperación con Cuba, «socavan» la estabilidad de las relaciones comerciales y económicas entre Beijing y Washington. La cartera asiática rechazó así el argumento esgrimido por el Gobierno estadounidense para justificar las restricciones.

El Gobierno chino instó a Estados Unidos a «corregir sus acciones erróneas». Beijing se reservó el derecho de adoptar las medidas necesarias para proteger sus intereses legítimos.

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Las tensiones entre Washington y La Habana escalaron a comienzos de este año, tras la acción militar de Estados Unidos en Venezuela. Desde entonces, las disposiciones contra Cuba se sucedieron con una frecuencia creciente, hasta desembocar en las medidas anunciadas esta semana. La presión se ha concentrado en el sector energético, con aranceles a los suministradores de petróleo y sanciones a entidades vinculadas a ese ámbito.

El 29 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba. La decisión llegó después de que el mandatario declarara el estado de emergencia nacional, al invocar una supuesta amenaza cubana a la seguridad de Estados Unidos. Esa acusación, rechazada por La Habana, se sumó al clima de presión que ahora se extiende a empresas de terceros países.

Desde inicios de año, Washington ha emitido numerosas sanciones secundarias contra entidades cubanas, una herramienta que castiga a empresas y personas de otros países por mantener vínculos con la isla. La respuesta conjunta de La Habana y Beijing dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones para enfrentar lo que el mandatario caribeño definió como un castigo colectivo.

China mantiene sobre la mesa la opción de adoptar contramedidas, mientras el Gobierno cubano ratificó su postura de resistencia. Ambos países comparten ahora la condición de objetivo de una política que Estados Unidos aplica contra cualquier socio comercial de la isla, sin importar la distancia geográfica ni el origen de las empresas afectadas.

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