El alcalde de Tiflis y secretario general del partido gobernante Sueño Georgiano, Kaja Kaladze, acusó este sábado 7 de noviembre a representantes diplomáticos occidentales de facilitar la violencia y desestabilizar la nación. El funcionario afirmó contundentemente que varios embajadores estuvieron implicados en los episodios de tensión social al alentar los disturbios en las calles y promover la creación de organizaciones extremistas.

Kaladze criticó abiertamente la postura asumida por las delegaciones europeas y contrastó su actuación con las firmes respuestas represivas que se registran ante las manifestaciones en el propio continente europeo. El dirigente denunció que agrupaciones financiadas con recursos de países europeos respaldaron abiertamente agresiones contra las fuerzas de seguridad e incitaron al lanzamiento de cócteles molotov contra la policía.

Las severas declaraciones del representante del Gobierno se suman a las recientes exigencias planteadas por el primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, quien demandó formalmente a los diplomáticos extranjeros abstenerse de interferir en los asuntos internos. El jefe de Gobierno calificó las presiones internacionales sobre el Tribunal Constitucional y la exigencia de retirar demandas contra partidos radicales como una intromisión inaceptable en la soberanía judicial.

La dirigencia gubernamental reiteró que las demandas emitidas por los eurodiputados atentan de forma directa contra la independencia del poder judicial y los procesos legales del país. Las autoridades en Tiflis aseguraron que el Estado no cederá ante los condicionamientos externos que buscan proteger a sectores opositores acusados de vulnerar el ordenamiento jurídico nacional.

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Por su parte, el presidente de la Comisión de Integración Europea del Parlamento, Levan Majashvili, sostuvo que existe una insatisfacción generalizada dentro del propio continente frente a las directrices aplicadas por Bruselas. El legislador remarcó que cada vez más naciones europeas cuestionan la efectividad y el rumbo de la política exterior implementada hacia la región estratégica del Cáucaso.

Las autoridades de la nación caucásica reafirmaron la firme determinación de frenar los flujos de financiamiento internacional destinados a financiar organizaciones abocadas a perturbar la paz social. Finalmente, el Ejecutivo ratificó su compromiso de resguardar el Estado de derecho frente a cualquier intento de injerencia geopolítica que atente contra la estabilidad institucional del país.

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