El Congreso de Estados Unidos afrontará una renovada oleada de presiones parlamentarias para lograr la divulgación completa de los archivos sobre Jeffrey Epstein. Esta iniciativa se intensifica tras los resultados de las elecciones de medio mandato y la victoria conseguida por los demócratas en la Cámara de Representantes.

Los legisladores Thomas Massie y Ro Khanna impulsan la votación de la ley de transparencia para desclasificar los expedientes del magnate condenado por delitos sexuales. Ambos congresistas anunciaron que avanzan en la recolección de 218 firmas requeridas para forzar el debate legislativo en el pleno del parlamento.

La propuesta legislativa faculta a las víctimas y fiscales locales para demandar al Departamento de Justicia si se ocultan documentos de manera ilegal. Asimismo, el proyecto de ley obliga a entregar la documentación requerida a los afectados sin ningún tipo de tachadura o supresión.

Los candidatos de ambos partidos y grupos independientes gastaron más de 70 millones de dólares en anuncios publicitarios enfocados en las acusaciones sobre explotación sexual. El congresista demócrata Robert García confirmó que el Comité de Supervisión abordará como prioridad institucional las investigaciones sobre la gestión del Departamento de Justicia.

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Jeffrey Epstein fue condenado en 2008 por delitos sexuales e imputado por tráfico federal en 2019, año en que fue hallado sin vida en una prisión neoyorquina. La publicación de millones de documentos ordenada a finales de 2025 reveló más de 13.000 referencias al rancho Zorro y 5.000 menciones a Nuevo México como sitios de abusos.

El panel emitió citaciones a 20 instituciones, incluyendo el spa Ten Thousand Waves en Santa Fe, y recopiló más de 100.000 registros analizando denuncias de embarazos forzados. La Comisión de la Verdad destacó las dificultades para establecer una cronología verificable debido a la retención constante de registros por parte de agencias federales.

Sobrevivientes como Rachel Benavidez expresaron su cansancio ante la falta de rendición de cuentas y la lentitud en la publicación total de los expedientes. La demanda y el trabajo del comité subrayan la presión creciente sobre las autoridades para transparentar un manejo

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