A más de tres meses del sismo del 10 de agosto, que dejó más de 400.000 damnificados, la gestión del Gobierno de Colombia enfrenta severas críticas por la falta de soluciones habitacionales y la opacidad en el manejo de los recursos para la reconstrucción.

En ciudades como Cali, familias en sectores como Chiminangos continúan viviendo en carpas, mientras que el acceso a nuevos arriendos se ha vuelto insostenible debido a sus altos precios. Esta realidad contrasta con los anuncios oficiales hechos por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, lo cual ha generado cuestionamientos e interrogantes sobre el destino de los recursos, préstamos internacionales y donaciones.

Corresponsales de teleSUR reportaron que la reconstrucción de viviendas continúa marcada por la incertidumbre y lo que sectores sociales califican como indolencia estatal. Tres meses después del sismo, todavía no hay protocolos claros para la atención de los damnificados ni una ruta específica sobre las siguientes fases.

El foco de la controversia se centra en el Fondo Milagro, creado por De la Espriella para gestionar la reconstrucción y dotado de un billón de pesos, según el mandatario. Su gerente, Jaime Andrés Uribe, sin experiencia alguna en el tema, se ausentó por tercera vez consecutiva a un debate de control político en el Congreso. Alegó que debía acompañar al presidente De la Espriella en una visita a Roldanillo, en Valle del Cauca (oeste).

El Fondo Milagro no es el único mecanismo financiero cuestionado. Tras el sismo, De la Espriella anunció que la reconstrucción sería apoyada además desde la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de carácter privado y representada legalmente por Ana Lucía Pineda, la primera dama, quien a finales de octubre informó que a través de donativos se habían recibido 17 millones de dólares, aunque no detalló de qué manera beneficiaron o ayudarán a las familias afectadas.

Sin embargo, la oposición y medios locales cuestionaron que las donaciones anunciadas por De la Espriella en sus redes sociales suman más de 200 millones de dólares. Además, denunciaron que las ayudas no están llegando a las zonas más afectadas en el oeste del país, donde las pérdidas se estiman en alrededor de 9.500 millones de dólares.

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Tras estas revelaciones, un juez ordenó a Pineda rendir cuenta públicamente sobre el tema. Sin embargo, ella presentó un informe en el que refirió que 48.000 personas recibieron ayuda humanitaria, sin especificar de qué tipo. Tampoco detalló el dinero ejecutado en los lugares donde miles de viviendas, escuelas y hospitales quedaron en ruinas.

Durante una entrevista con un medio local, Pineda señaló que los recursos no se utilizaron «porque las ayudas humanitarias fueron suficientes». Agregó que el dinero se utilizará en una segunda fase de reconstrucción.

Las inasistencias de Jaime Andrés Uribe al debate de control político en el Congreso desataron el rechazo de diversas bancadas, que ya le cuestionaban por su falta de título universitario y experiencia en administración pública.

«Este Gobierno es show y más show, les importa más la foto que la ejecución», expresó el senador Alejandro Ocampo (Pacto Histórico), quien reveló que en tres meses solo se ha contratado el 1,2 por ciento de los recursos. Por su parte, la representante Katherine Juvinao (Alianza Verde) calificó las ausencias como «una falta de respeto con las víctimas, con el Congreso y con el país».

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Las denuncias provienen incluso de aliados del Gobierno. El representante John Edgar Pérez (Cambio Radical) criticó «la forma en la que ha operado el Fondo Milagro». El alcalde de la ciudad de Pereira, Mauricio Salazar, alertó que de 25.000 viviendas afectadas solo se han entregado 85, asegurando que «el Fondo Milagro no tiene plata y la reconstrucción se hace con dinero».

El representante Alejo Toro (Colombia Humana) citó al ministro de Vivienda (Jaime Andrés Beltrán) tras confirmar que «aún no se registran recursos ejecutados, proyectos en ejecución, hogares beneficiarios ni avances físicos». El congresista Jesús Bedoya (Centro Democrático) exigió transparencia: «La reconstrucción real no ha comenzado, la vida de las víctimas en las regiones es triste».

Mediante un comunicado, el gerente Uribe reconoció la precaria ejecución financiera. Aseguró que el único ingreso proviene de un préstamo de 624.656 millones de pesos del Banco Mundial, del cual apenas han ejecutado contratos por 7.440 millones (menos del 2%). Uribe admitió que no han llegado recursos de donaciones, cooperación internacional ni aportes territoriales, dejando a los damnificados en una prolongada espera.

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