Correa rechaza acusaciones del Gobierno ecuatoriano sobre presunto complot

El expresidente Correa salió al paso al ministro del Interior ecuatoriano tras denunciar un supuesto plan magnicida contra Daniel Noboa.

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En el pasado el Partido Revolución Ciudadana rechazó las acusaciones en relación con la presunta responsabilidad del exmandatario Rafael Correa en el asesinato del entonces candidato Fernando Villavicencio. Foto: EFE.


15 de noviembre de 2026 Hora: 12:15

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El expresidente ecuatoriano Rafael Correa calificó este domingo de «mentiroso e incompetente» al titular de la cartera del Interior John Reimberg tras las recientes acusaciones oficiales sobre «un supuesto plan magnicida contra el Palacio de Gobierno», causando el inicio de una nueva controversia política entre diferentes sectores de la vida pública del país.  

El inicio de la polémica sucedió tras una entrevista al medio internacionales donde Reimberg aseguró, sin presentar pruebas de tales aseveraciones, que «los organismos de seguridad detectaron una conspiración dirigida contra la vida del mandatario Daniel Noboa». Según el ministro del interior, la trama criminal «opera desde territorio extranjero con respaldo de estructuras armadas ilegales y sectores políticos de oposición», en un discurso gubernamental que apuesta por la criminalización de la oposición que mantiene las denuncias de diferentes acciones de persecución política promovidas desde el Ejecutivo.

Ante estos señalamientos, Correa utilizó sus redes sociales para «rechazar categóricamente» las acusaciones emitidas por el Ejecutivo. En su publicación descalificó al funcionario mediante expresiones directas que cuestiona frontalmente «la veracidad de los informes de inteligencia presentados por el actual Gobierno».  

Asimismo, aseveró textualmente que «Prepárense para el nuevo show, que puede incluir autoatentado», advirtiendo sobre «posibles montajes comunicacionales gubernamentales». El exgobernante ecuatoriano sugirió que las maniobras oficiales responden a una estrategia desesperada frente a la caída sostenida en los índices de aceptación popular del actual Gobierno nacional.

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Según los informes de inteligencia detallados por el funcionario, la supuesta operación «se coordina desde territorio colombiano mediante las acciones de Celso Ovidio Zambrano Casanova, alias Loco Ovidio, integrante de la banda delictiva Los Lobos».

De esta forma, Reimberg denunció de manera oficial a la organización política «Revolución Ciudadana» por supuestos nexos con las mencionadas redes subversivas. El ministro sostuvo que «los operadores del complot buscan desestabilizar el orden institucional mediante acciones coordinadas en las zonas limítrofes del país durante esta convulsionada coyuntura de seguridad nacional y regional actual»

En este contexto, analistas sostienen que «el cruce de estas declaraciones agudiza el clima político y polariza el ambiente institucional en medio de la fricción política heredada tras el proceso electoral general del año 2025 y que se ha extendido hasta el nuevo proceso electoral venidero este noviembre»; Agregan que el riesgo de profundizar la confrontación pública se incrementa mientras las instituciones del Estado intentan excluir y criminalizar cualquier postura contraria a sus propios intereses mediante el uso de entidades que deberían servir de contrapeso a la actual Administración.

Mientras tanto, los canales diplomáticos y operativos entre los gobiernos de la región permanecen bajo escrutinio debido al impacto transfronterizo de los grupos armados ilegales y la sumisión a esquemas de seguridad promovidos por Washington. La cooperación bilateral enfrenta constantes obstáculos derivados de la confrontación ideológica entre las altas esferas del poder político sudamericano en esta compleja época histórica actual y convulsa.

Las organizaciones sociales exigen por tanto transparencia absoluta en las investigaciones ministeriales para evitar la manipulación partidista de la justicia penal. En tanto, señalan que «la ciudadanía observa con escepticismo» el cruce constante de descalificaciones entre figuras clave del tablero político nacional durante este agitado fin de semana en medio de la crisis. 

Para los expertos, el debate público continúa centrado en «la veracidad de las pruebas presentadas por las fuerzas del orden frente a las réplicas de su contraparte». Los analistas hacen hincapié sobre la estabilidad democrática, la cual depende del manejo prudente de las alertas de seguridad y del respeto irrestricto al debido proceso constitucional vigente hoy en día, los cuales han sido vulnerados por el Gobierno de Noboa en ocasiones anteriores. 

La confrontación verbal demuestra la profunda fractura ideológica que condiciona la gobernabilidad y el debate institucional en la nación andina en este trascendental proceso democrático que define el futuro inmediato de todos los ciudadanos ubicados en el territorio nacional suramericano durante el actual período.

La confrontación entre el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana define el eje central de la política ecuatoriana desde las elecciones generales de 2025. Lejos de estabilizarse tras el inicio del nuevo período presidencial, la relación entre el Gobierno de Daniel Noboa y el movimiento liderado por Rafael Correa deriva en un bloqueo institucional permanente que traslada las disputas partidistas al terreno judicial y de seguridad nacional.

En este escenario de polarización crónica, analistas políticos señalan que la Administración de Noboa sostiene una estrategia de confrontación directa, mientras la Revolución Ciudadana cuestiona la legalidad de sus medidas y denuncia una persecución política sistemática contra sus dirigentes. Esta fractura impide la construcción de consensos básicos en la Asamblea Nacional para aprobar reformas estructurales y debilita la gobernabilidad del país.

Cada señalamiento sobre supuestas conspiraciones o nexos delictivos profundiza la desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado. La instrumentalización política de los informes de inteligencia convierte los asuntos de seguridad pública en herramientas de desgaste mutuo afectan la estabilidad democrática y desplazan el debate sobre soluciones económicas y sociales urgentes en Ecuador.

No se debe olvidar la tendencia de Noboa y su entorno de generar este tipo de acusaciones hacia la oposición en vísperas de un proceso electoral aplazado bajo la excusa de la crisis climática agravada por los efectos del fenómeno El Niño.

En el pasado y en un momento similar, el Partido Revolución Ciudadana rechazó las acusaciones vertidas en su contra por un excandidato presidencial en relación con la presunta responsabilidad del exmandatario Rafael Correa en el asesinato del entonces candidato Fernando Villavicencio.

Un comunicado del ente político calificó las acusaciones de Christian Zurita como una «infamia que pretende destruir la democracia y una vez más impedir que el Ecuador se libere de tanta miseria en las urnas».

Autor: teleSUR - dm - JML

Fuente: Rafael Correa/ X - Agencias