El gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa registra 28 muertos políticos entre autoridades en funciones y candidatos asesinados durante su administración, según Radio Pichincha. Los homicidios ocurren principalmente en Manabí, Guayas, El Oro y Azuay, zonas asociadas al narcotráfico y la extorsión, pese a los operativos de seguridad y el Estado de Excepción vigente.

Radio Pichincha señaló que los atentados fatales se concentran en cantones mineros y limítrofes, donde se habrían producido disputas entre bandas criminales vinculadas a la minería ilegal y al control de pasos fronterizos. El 90% de los atentados fatales se registró en Manabí, Guayas, El Oro y Azuay, áreas catalogadas por la Policía como rutas críticas del narcotráfico.

Estos hechos ocurren en el marco del Estado de Excepción y del denominado “Conflicto Armado Interno”, que ya suma varios episodios de alta confrontación, según la información difundida por la fuente. La impunidad rodea los atentados contra figuras del ámbito político local y nacional, mientras el Ministerio del Interior difunde operativos del Bloque de Seguridad en redes sociales.

Incautaciones y violencia

Entre enero y el 24 de octubre de 2026, las Fuerzas Armadas y la Policía informaron la incautación de 13.551 armas de fuego, 507.997 municiones y 362.722 explosivos. Pese a estos decomisos, el tráfico de armas, municiones y explosivos —conocido como TAMEX— seguiría funcionando como un flujo logístico que reabastece a las mafias organizadas.

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El Ministerio del Interior contabilizó 6.285 homicidios intencionales entre enero y septiembre de 2026, una disminución de 8,1% frente a 2025. Sin embargo, la cifra contrasta con los 1.310 casos registrados en 2014, lo que evidencia la persistencia de un escenario violento en el país, a pesar de la propaganda gubernamental respecto al tema.

Denuncias de persecución

En paralelo, la oposición y la Revolución Ciudadana acusan al régimen de utilizar instituciones judiciales, administrativas y económicas para perseguir a rivales políticos antes de las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Entre los casos señalados figuran la detención de la excandidata presidencial Luisa González y la prisión de los alcaldes Aquiles Álvarez y Pabel Muñoz.

Según Radio Pichincha, Luisa González fue objeto de un allanamiento en el marco de la investigación fiscal denominada “Caja Chica”, por presunto lavado de activos, que involucró a varias figuras de Revolución Ciudadana. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, enfrenta los casos “Triple A” y “Goleada” por presuntos delitos de delincuencia organizada y cumple prisión preventiva en la cárcel de Latacunga.

Críticas al Gobierno

Los críticos del Gobierno recriminan que el Estado despliegue recursos para neutralizar adversarios políticos mientras se ha hecho poco o nada por esclarecer los 28 crímenes contra autoridades caídas. La ausencia de resultados en las investigaciones contrasta con la difusión de operativos y decomisos por parte del Ministerio del Interior.

El presidente Noboa afirmó en su momento que es “el peor enemigo que alguien puede tener”, en el contexto de las denuncias de persecución institucional.

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