Un nuevo borrador para el primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en Ecuador introduce disposiciones que plantean sanciones penales y la obligación de las organizaciones estudiantiles de mantener un estricto carácter apartidista, lo que ha generado alertas en la comunidad universitaria sobre una posible criminalización de la protesta social.

El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador archivó definitivamente el pasado 24 de marzo de 2026 el anterior Proyecto Unificado de Reformas a la LOES. La decisión contó con 144 votos afirmativos del oficialismo y aliados. Con esta resolución, el Legislativo ecuatoriano cerró el trámite de una propuesta que agrupó 18 iniciativas presentadas entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Tras el archivo, la Comisión Especializada Permanente de Educación articuló diez iniciativas legislativas para elaborar un nuevo texto.

El documento incluye normas sobre interculturalidad, gratuidad universitaria, transformación digital e inteligencia artificial, pero también nuevas reglas que modifican la gobernanza y convivencia estudiantil.

La preocupación se centra en la reforma del artículo 19, que establece: “Los recintos de las instituciones de educación superior son espacios libres de violencia de cualquier tipo. Las personas e instituciones que vulneren este principio serán responsables civil, administrativa y penalmente”.

Dirigentes del Comité Nacional Estudiantil advierten que esta redacción podría abrir la puerta a la criminalización de las movilizaciones y del derecho a la resistencia dentro de los planteles académicos de Ecuador.

Asimismo, el artículo 60.1 impone que las organizaciones estudiantiles “serán de carácter apartidista y no podrán mantener afiliación, subordinación o dependencia respecto de partidos o movimientos políticos”. El texto faculta a las instituciones a sancionar con la inhabilitación a los movimientos que no respeten esta naturaleza, lo que los colectivos de representación califican como un mecanismo de persecución política que amenaza la libertad de asociación y la autonomía de los estamentos de cogobierno.

LEA TAMBIÉN:

Marchan en Quito contra el Gobierno de Daniel Noboa

Este debate sobre el nuevo marco legal coincide con un clima de confrontación en el sistema universitario ecuatoriano, evidenciado en la Universidad de Cuenca. Durante la visita del presidente Daniel Noboa para inspeccionar el terreno de una residencia universitaria, los predios estuvieron rodeados por un amplio despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mientras estudiantes realizaban un plantón para denunciar sistemáticos recortes presupuestarios.

La crisis institucional se profundizó cuando la ministra de Educación, Gilda Alcívar, exigió públicamente sancionar y separar de su cargo al profesor Santiago Rosano, atribuyéndole responsabilidad en las protestas registradas durante la visita presidencial. Esta actuación generó el rechazo del Frente Unitario de Trabajadores del Azuay y diversas organizaciones sociales, que calificaron la decisión como un acto arbitrario de intimidación, censura y persecución política.

La mesa parlamentaria aún no ha definido una fecha para aprobar el informe del proyecto reformatorio. Una vez cumplido este paso, el documento deberá ser conocido y debatido por el Pleno de la Asamblea de Ecuador, que tendrá la decisión final sobre la reforma educativa que afecta al sector universitario del país.

EN ESTA NOTA: