El líder de la oposición en el Senado de Colombia y excandidato presidencial, Iván Cepeda, anunció este sábado que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, a quien acusa de utilizar plataformas oficiales del Estado para difundir contenidos dirigidos a desacreditar su labor política y de paz.

​De acuerdo con el pronunciamiento publicado por el congresista del Pacto Histórico en su cuenta de la red social X, las acciones legales contra el jefe de la cartera política responden a la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, hostigamiento, calumnia y peculado por uso.

​Según argumentó Cepeda, la cuenta institucional del Ministerio del Interior constituye un canal oficial del Estado colombiano y no un instrumento personal, recordando que la Ley 2345 de 2023 y el artículo 209 de la Constitución Política exigen imparcialidad en la administración pública y prohíben el uso de bienes públicos para fines particulares.

“¿En ejercicio de qué función desde la cuenta oficial del Ministerio promueve un montaje de fotografías para deslegitimar los esfuerzos de paz del líder de la oposición? Los recursos y canales del Estado deben servir al interés general, no confundirse con las controversias y obsesiones personales de quienes ejercen temporalmente el gobierno”, cuestionó el legislador.

​Perfil y antecedentes del ministro Alejandro Ordóñez

​Alejandro Ordóñez se desempeña como el segundo ministro del Interior del Gobierno encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, cargo al que llegó tras la salida de Rodrigo Lara. Abogado y dirigente político de corte conservador tradicionalista, Ordóñez ocupó previamente la Procuraduría General de la Nación entre 2009 y 2016.

​Durante su paso por el Ministerio Público, Ordóñez ordenó en 2013 la destitución e inhabilitación política del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, una decisión que generó amplias movilizaciones sociales y fue posteriormente revertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tribunal que determinó que una autoridad administrativa carece de competencia para restringir los derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular. 

Su salida definitiva de la Procuraduría se produjo en 2016, luego de que el Consejo de Estado declarara nula su reelección al concluir que había vulnerado el artículo 126 de la Constitución mediante el nombramiento de familiares y allegados de magistrados y senadores que intervinieron en su postulación y elección.

​Denuncia de desigualdad en las investigaciones electorales

​El anuncio judicial de Cepeda se suma a las declaraciones que ofreció el viernes desde la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde denunció la existencia de una supuesta estrategia política y judicial orientada a debilitar al Pacto Histórico y desacreditar su trayectoria electoral.

​Durante su intervención, el senador manifestó su plena disposición para atender cualquier requerimiento de los órganos de control, pero reclamó independencia judicial e igualdad de criterios frente a los señalamientos que pesan sobre otras campañas políticas, mencionando explícitamente al actual mandatario de la Espriella respecto  presuntos hechos de corrupción, compra de votos, manipulación del electorado e intervención extranjera.

“¿Acaso la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias que solamente se aplican a quienes representamos un proyecto político alternativo?”, planteó el congresista.

​Cepeda sostuvo que los obstáculos contra su proyecto político se remontan a agosto de 2025, enumerando el traslado de 4.000 puestos de votación rurales durante la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de ese año, las restricciones para la participación desde el exterior y la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) a avalar su participación en una consulta interpartidista por la Alianza por la Vida. 

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A ello añadió denuncias sobre campañas digitales con perfiles automatizados y controversias vinculadas al denominado “voto fusil”, el supuesto “Pacto de Valledupar” y señalamientos sobre la presunta intromisión de un funcionario de inteligencia en los sistemas de la Registraduría, precisando que ocho demandas electorales relacionadas con estos hechos fueron rechazadas o inadmitidas por el Consejo de Estado.

​Finalmente, frente a los cuestionamientos públicos sobre sus ingresos y patrimonio, el senador defendió la austeridad de su campaña y aseguró que sus recursos cuentan con respaldo documental verificable. 

“Todo lo que poseo en este mundo es fruto de mi trabajo. Mis ingresos tienen plena trazabilidad y pueden ser examinados”, concluyó.

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