El Gobierno de España decidió mantener los dos decretos ley sobre vivienda que se llevarán a debate en una reunión programada para las 11:00 de la mañana (hora local) de este viernes en el Congreso de los Diputados.

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La decisión del Ejecutivo se mantiene firme a pesar de la solicitud de retirada formulada por el partido nacionalista catalán Junts per Catalunya, cuya negativa a respaldar las medidas aboca los textos a una probable derogación.

La votación de convalidación, tramitada con carácter de urgencia tras la publicación de las normas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), requiere del apoyo de una Cámara fragmentada, donde la coalición presidida por Pedro Sánchez carece de mayoría absoluta.

El primer decreto, el 26/2026, establece acciones para extender la disponibilidad de vivienda, reduce la adquisición a grandes tenedores y fondos buitre, interrumpe los desalojos a individuos en situación vulnerable e incluye varias bonificaciones fiscales.

Mientras que el segundo, decreto 27/2026, tiene como objetivo fortalecer la estabilidad de los contratos de alquiler mediante la automatización de la prórroga y estipula que el dueño debe compensar al inquilino con una cantidad equivalente a un mínimo de doce meses si no desea extenderlo.

Ante la postura de Junts, que suma su rechazo al del Partido Popular (PP) y Vox, el presidente del Gobierno afirmó que la administración no dará “ni un paso atrás” y sostuvo que «ha llegado la hora de la verdad».

De igual manera, Sánchez enfatizó que «PP, Junts y Vox, deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras«.

Las medidas impulsadas por el Ministerio de Vivienda buscan frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, incentivar el alquiler asequible y detener los desahucios.

Por otra parte, fuentes del ministerio destacaron que el texto incluye exigencias previas de la formación catalana y que las medidas no vulneran el patrimonio familiar, citando como prueba de su efectividad inmediata la paralización del desalojo de una residente en Barcelona.

La Ejecutiva de Junts per Catalunya fundamentó su rechazo argumentando que el paquete normativo generará un efecto contrario al deseado; según el partido, las disposiciones reducirán la oferta de inmuebles en alquiler, encarecerán los precios y dificultarán el acceso a los sectores con menores recursos, por lo que instaron al Ejecutivo a retirar los decretos para redactar un nuevo borrador.

El debate parlamentario coincide con un clima de tensión social por la crisis habitacional; diversas organizaciones han convocado protestas y acampadas en ciudades como Madrid y Barcelona, intensificadas tras el reciente desahucio de una mujer de 87 años en la capital.

Integrantes de las movilizaciones ciudadanas han anunciado que se trasladarán a las puertas del Congreso durante el desarrollo del Pleno para exigir garantías en el derecho a la vivienda.

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