A casi un mes del terremoto que sacudió el occidente colombiano, el balance oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres todavía suma pérdidas. Trescientas treinta y una personas murieron, ciento once siguen sin aparecer y 296.738 familias arrastran algún tipo de daño en 498 municipios, según el corte del 7 de septiembre.

Venezuela ya dejó atrás ese mismo tramo del calendario, semanas antes. El Plan Venezuela Renace, encargado de coordinar la reconstrucción tras el doblete sísmico del 24 de junio, presentó el 24 de agosto un balance de 6.509 fallecidos, 6.462 personas rescatadas con vida y 335 viviendas ya entregadas a las familias que las habían perdido. Ninguno de los dos balances, ni el colombiano ni el venezolano, está cerrado.

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Parte de esa distancia numérica tiene una explicación que nada tiene que ver con la gestión de ningún Gobierno, y está bajo tierra. El terremoto colombiano se originó a 103 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico Colombiano, una distancia que amortiguó buena parte de la sacudida en superficie. El más fuerte de los sismos venezolanos, en cambio, apenas alcanzó 10 kilómetros bajo un tramo de costa densamente poblado, de acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

Lo que sí quedó en manos de cada Gobierno fue otra cosa, la rapidez con la que decidió abrir la puerta a la ayuda internacional en las primeras horas después del desastre. Y ahí, los registros oficiales de ambos países muestran caminos que se apartaron desde el primer día.

La respuesta que tardó en llegar desde Bogotá

El martes 11 de agosto, un día después del sismo, el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Laerke, tuvo que responder una pregunta incómoda frente a la prensa reunida en Ginebra. Todavía —dijo— no había llegado ninguna solicitud oficial de Colombia. «Por el momento no se ha producido ninguna solicitud oficial de asistencia internacional», precisó, aunque aclaró que el sistema de Naciones Unidas seguía disponible para intervenir en cuanto Bogotá lo pidiera.

Cinco días más tarde, el 16 de agosto, la Cancillería colombiana ofreció su propia versión de esos primeros días. En un comunicado, informó que ya habían llegado al país más de 220 toneladas de ayuda humanitaria y 144 integrantes de equipos internacionales especializados, y describió una cooperación que, según sus palabras, había entrado «de manera ágil y sin restricciones» desde el comienzo mismo de la emergencia. Entre la declaración de Laerke y la de la Cancillería media casi una semana, un tiempo que cada una de las dos versiones cuenta de forma distinta.

En esos mismos días, la emergencia colombiana no dejaba de crecer. El primer parte de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, fechado el mismo 10 de agosto, habla de 126 personas fallecidas en 335 municipios. Diez días después, la cifra ya llegó a 319 muertos y 282.700 personas afectadas, y el Gobierno colombiano terminó por declarar el Estado de Emergencia en 15 departamentos.

Hay un detalle que le da otra capa a esas primeras semanas. Apenas siete semanas antes de esa rueda de prensa en Ginebra, Colombia había sido uno de los países que enviaron personal y ayuda humanitaria a Venezuela tras el doblete sísmico de junio, según consta en la lista de naciones cooperantes que difundió teleSUR. Pedir, esta vez, le costó más que dar.

La noche en que Caracas levantó el teléfono

En Venezuela la secuencia fue distinta desde el principio. A solicitud de las propias autoridades, y de manera inmediata tras los terremotos del 24 de junio, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios activó su mecanismo internacional de búsqueda y rescate, según quedó documentado por la propia oficina de la ONU en el país. En cuestión de días, setenta y un equipos de rescate urbano habían llegado desde 31 países y trabajaban codo a codo con los cuerpos nacionales y locales, removiendo escombros a mano y escuchando cualquier señal de vida bajo las estructuras colapsadas.

Treinta países enviaron ayuda apenas seis días después del sismo, con 3.681 rescatistas, 1.086 toneladas de insumos, 27 vehículos y 118 caninos desplegados sobre el terreno. Colombia, otra vez, figuró entre esos 30 países.

Una semana después del sismo, la misma oficina de la ONU describió la operación como plenamente movilizada, con más de 70 equipos y 2.300 personas trabajando junto a las autoridades venezolanas. Entre ellos había equipos de Evaluación y Coordinación de Desastres de Naciones Unidas, pero también voluntarios locales, como los que llegaron desde Los Teques y los Altos Mirandinos para sumarse a la atención prehospitalaria antes de que llegara buena parte del apoyo externo.

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La salud fue otro frente donde la velocidad se notó pronto. Los Hospitales Quirúrgicos Móviles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana llegaron a La Guaira apenas 48 horas después del sismo. Días más tarde se sumaron unidades médicas de otros países, entre ellas la de la agencia japonesa de cooperación JICA, instalada en Caraballeda, y un hospital de campaña levantado en la misma zona por la organización estadounidense Samaritan’s Purse. China aportó, por su parte, carpas y plantas eléctricas y solares para los campamentos, un tipo de ayuda distinto pero igual de necesario.

Colombia, con el tiempo, también terminó por sumar ese tipo de apoyo. El 22 de agosto, la propia UNGRD reportó en su cuenta oficial la llegada de 6,63 toneladas de ayuda humanitaria desde Chile, después de haber entregado, días antes, equipos Starlink al municipio de Litoral de San Juan, en el Chocó, para restablecer la conectividad en una de las zonas más aisladas.

El aprendizaje que llegó con los escombros

Pereira necesitó apenas una semana para cerrar su fase de búsqueda. Fue justo entonces, el lunes 17 de agosto, cuando el director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, tuvo que sentar a los territorios en pleno Puesto de Mando Unificado y pedirles algo que hasta ese momento no estaba del todo claro, no avanzar con la remoción de escombros mientras existiera la más mínima posibilidad de encontrar a alguien con vida.

Antes de mover una sola piedra, insistió Tamayo, debía confirmarse que «no hay esperanza de encontrar sobrevivientes». El director de la UNGRD ordenó además conformar un comité de demoliciones, acordonar una cuadra alrededor de cada intervención y reservar el acceso a Fiscalía, Medicina Legal y a los grupos de apoyo psicosocial para las familias. En paralelo, la Mesa Geomática de la entidad activó el Charter Internacional y el sistema de la NASA, que aportaron más de 300 imágenes satelitales de las zonas más golpeadas.

Esa instrucción llegó una semana después del sismo, cuando buena parte del país ya cargaba con sus propios muertos. En Venezuela, un criterio parecido de clasificación viene operando desde julio, cuando el Ministerio de Ecosocialismo empezó a separar en el propio terreno madera, plástico y áridos, para reincorporarlos después al ciclo constructivo del Plan Venezuela Renace.

Hacia el 17 de agosto, el plan venezolano reportó 528.222 toneladas de escombros ya retiradas, una cuarta parte del volumen calculado para toda la zona afectada. En Caraballeda, el Centro de Disposición Transitorio procesa 600 toneladas por hora, con 150 especialistas y 27 máquinas que trabajan en turnos dobles a pocos metros del mar.

Entre inspeccionar una casa y devolverla a su dueño

«Prácticamente todo sigue siendo urgente», resumió Jean-Philippe Antolin, especialista de la Organización Internacional para las Migraciones, diez días después del sismo, desde Quibdó, donde la ONU todavía contaba 300 muertos y 426 desaparecidos y describía comunidades enteras sin acceso regular a ningún tipo de asistencia. La misma organización lanzó, por esos días, un llamado humanitario por 148,1 millones de dólares para atender a 671.000 personas hasta febrero de 2027.

Casi un mes después, el balance colombiano de 111 desaparecidos frente a casi 467.000 personas afectadas muestra que ese vacío se fue cerrando, aunque no del todo. Detrás de cada uno de esos números sigue habiendo una familia que espera.

Del lado colombiano, la Defensoría del Pueblo, el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, activó desde el mismo día del sismo su plan de continuidad de servicio, aunque sus propias sedes en Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Antioquia, Chocó y Pacífico quedaron con daños que impidieron por un tiempo la atención presencial. Semanas después, sus equipos en terreno seguían documentando vacíos, en el registro de damnificados, en la valoración de viviendas, en la atención en salud y en los albergues, y tuvieron que habilitar una línea específica de denuncias tras detectar especulación en el cobro de arriendos dentro de los propios refugios.

Del lado venezolano, esas dos cifras que suelen mezclarse responden en realidad a procesos distintos. Los 59.109 hogares evaluados no son una fila de familias esperando una casa nueva, es el número de viviendas que una Comisión Presidencial con especialistas recorrió, una por una, para clasificar el daño real tras el doblete sísmico, verde para las que solo tuvieron afectaciones superficiales, amarillo para las de uso restringido y rojo para las que quedaron con daño estructural grave. De ese total, 34.680 recibieron etiqueta verde, 13.733 quedaron en amarillo y 10.696 en rojo. Las 335 viviendas entregadas corresponden únicamente a esa última categoría, familias cuyos hogares colapsaron durante los sismos o quedaron marcados como inhabitables.

Todo esto ocurrió bajo un marco que no es menor, el de las sanciones económicas que Estados Unidos mantiene contra Venezuela desde hace años. Dos días después del sismo, el propio Departamento del Tesoro estadounidense tuvo que abrir una excepción puntual, la Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió la Licencia General 60, que autorizó hasta el 23 de octubre las transferencias y transacciones ligadas específicamente al socorro por el terremoto, operaciones que de otro modo habrían estado prohibidas por el régimen de sanciones vigente.

El Fondo Venezuela Renace se constituyó con 200 millones de dólares apenas 12 horas después del doblete sísmico, con recursos que llegaron, entre otras vías, a través de fondos desbloqueados en el Fondo Monetario Internacional. El Banco de Venezuela preaprobó 1.682 créditos para familias que perdieron su vivienda principal, con subsidios de hasta 80% del valor del inmueble, plazos de hasta 25 años y una tasa preferencial de 5%.

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A esa cifra se sumaron, con el paso de las semanas, 700 ingenieros voluntarios que reforzaron la revisión de estructuras, y la Gran Misión Venezuela Bella, que extendió su trabajo a 13 templos, entre ellos la Catedral de La Guaira y el Panteón Nacional. Solo en el estado La Guaira, la presidenta del Plan Renace, Jacqueline Faría, reportó más de 15.000 inspecciones de infraestructura y 110.000 personas censadas, mientras a nivel nacional el plan suma 13.796 viviendas en distintas fases de reconstrucción, además de las 335 ya entregadas.

Colombia, por su parte, también terminó por sumar apoyo financiero externo, aunque llegó después de esas primeras semanas de incertidumbre. Días más tarde, el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció propuestas de cooperación multilateral por 1.300 millones de dólares, entre créditos de emergencia, donaciones directas y asistencia técnica. Del lado venezolano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, impulsó en paralelo contactos con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros globales, en busca de recursos adicionales para sostener la reconstrucción.

La tierra, en los dos países, se sigue moviendo. Funvisis contabilizó 1.861 sismos en Venezuela entre el 24 de junio y el 27 de agosto, y la UNGRD siguió registrando réplicas en Colombia hasta el propio corte del 7 de septiembre.

Ninguno de los dos balances está cerrado, y quizás no lo esté durante meses. Colombia sigue contando a sus desaparecidos, Venezuela sigue contando las viviendas que le faltan por entregar, y en ambos casos la cifra que viene dirá tanto como la que ya se conoció. Lo que sí queda claro, con los datos oficiales sobre la mesa, es que la rapidez con la que cada Gobierno decidió pedir ayuda internacional en esas primeras horas marcó buena parte de todo lo que vino después.

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