La organización no gubernamental (ONG) Temblores, de Colombia, denunció este martes que el Gobierno de Abelardo de la Espriella derogó la suspensión de permiso para el porte de armas y coloca al país suramericano a las puertas de un reavivamiento de la violencia. A través de un comunicado, la plataforma conocida por su labor en la protección de los DD.HH. afirmó que «ampliar la posibilidad de tener más armas en las calles pone en peligro la vida y la integridad de los ciudadanos» y alertó que un mayor número de armas circulando «puede convertir conflictos cotidianos —una riña, una pelea de tránsito, una situación de violencia intrafamiliar o una noche de rumba— en hechos letales«.

La ONG recordó que hasta ahora «Colombia mantenía suspendidos de manera general los permisos para portar armas» y que quienes los poseen debían obtener una autorización especial para poder portar efectivamente un arma de fuego.

Subrayó que «esa suspensión estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2026» y que el decreto 1368, publicado por De la Espriella, «cambia esa regla. Los permisos de porte que estén vigentes recuperarán su eficacia y sus titulares ya no tendrán que solicitar la autorización especial adicional. Sigue siendo necesario contar con un permiso vigente. Pero la barrera general que existía desaparece«.

La ONG manifestó su preocupación respecto a «que en la motivación del decreto no se presente evidencia empírica sobre los efectos que esta decisión podría tener sobre la violencia armada en Colombia». Cuestionó que no exista «un análisis sobre homicidios, lesiones, riñas, violencia de género o violencia intrafamiliar» e insistió en que el porte de armas «no es solo una discusión jurídica».

A juicio de la ONG, «todavía hay una pregunta básica que el Gobierno debe responder: ¿Cuántas personas quedan efectivamente habilitadas para portar armas con esta decisión? Solicitaremos los datos y estudios técnicos que sustentaron el decreto y haremos seguimiento a sus impactos».

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Más temprano, al hacerse pública la derogación, De la Espriella alegó que durante años “se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes”, lo cual, según añadió, “tiene que cambiar”. Refirió que derogar la regulación «no significa porte indiscriminado” y que se mantendrán controles por las autoridades. Además, informó que entre enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.

El porte de armas de fuego requería, hasta el momento, un permiso vigente expedido por el Comando General de las Fuerzas Militares y cumplir ciertas condiciones físicas, legales y psicológicas. Algunos de esos requisitos son tener la licencia vigente, contar con una evaluación psicofísica y carecer de antecedentes judiciales o de procesos penales activos.

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Según datos ofrecidos por la Universidad Externado de Colombia, en el país se cometen más de 10.000 homicidios al año con armas de fuego, lo que representa aproximadamente entre el 70 al 75 por ciento del total registrado. Las armas de fuego también están presentes en un porcentaje significativo de delitos de impacto como el hurto a personas.

Un medio local reportó que, según datos del Ministerio de Defensa con cierre en 2025, entregados a la oficina del congresista Juan Carlos Willis (Partido Conservador), había cerca de 700.000 armas con salvoconducto y el 40% de ellas estaban en Bogotá.

Tras la medida, la defensora de DD.HH., congresista y excandidata vicepresidencial del Pacto Histórico, Aida Quilcué, aseveró: «Más armas no pueden ser la solución para una sociedad que necesita mayores garantías para vivir en paz. Derogar la prohibición general de portar armas implica abrir la puerta a una sociedad más violenta».

La lideresa indígena hizo hincapié que «en un país marcado por la guerra, facilitar el acceso a las armas puede aumentar los riesgos para la población civil y poner más vidas en peligro. La seguridad no puede depender de que cada ciudadano tenga un arma para protegerse. El Estado debe garantizar la protección de la vida».

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