Una comisión interministerial recomendó este miércoles al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, disponer el cierre ordenado de la mina de cobre de Donoso, en la provincia de Colón, mediante un proceso financiado con los recursos generados por el propio proyecto, sin utilizar fondos del erario público.

El mandatario recibió el informe y afirmó que su Gobierno cumplirá seis condiciones que calificó de no negociables, entre ellas el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023, que declaró inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y Minera Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals.

Mulino también estableció como principios inobjetables la rectoría estatal y la titularidad de la nación sobre los yacimientos minerales. Asimismo, defendió una transparencia verificable mediante informes sucesivos y la prioridad para los pobladores de las zonas directamente afectadas: Donoso, La Pintada, Coclesito y el distrito especial Omar Torrijos.

Los alcaldes de esas localidades participaron en el acto protocolar de entrega del documento. El presidente respaldó además que el proyecto sea sometido, a partir de ahora, a una supervisión conforme con estándares internacionales, incluida la consulta ciudadana.

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Mulino explicó que analizará el informe junto con abogados y el Consejo de Gabinete antes de tomar una decisión. Aclaró que el documento elaborado por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y Ambiente, Juan Carlos Navarro, es un estudio y una recomendación, pero no anticipa la decisión final.

Según las autoridades, la suspensión de las operaciones, hace casi tres años, ocasionó la pérdida de más de 6.000 empleos formales y 30.000 informales. También provocó la salida de 1.500 empresas y unos 2.000 proveedores vinculados con la actividad minera.

El informe señala que el cierre de operaciones afectó la economía nacional, al desaparecer un aporte estimado en 45.5% al producto interno bruto durante 2024.

El documento incorpora los resultados de una auditoría integral ejecutada por la compañía suiza SGS, con participación de especialistas en minería y evaluación de riesgos. Entre las principales inconformidades se identificaron incumplimientos relacionados con la protección de la flora, la restauración ecológica y la reforestación.

El ministro de Ambiente propuso destinar los beneficios del posible cierre a reforestar otras áreas del país, impulsar un modelo ambiental y turístico más verde y fortalecer la educación ambiental. «La mina jamás debió haberse construido. Panamá no estaba preparada», afirmó.

Para Mulino, el cierre de la mina de Donoso debe ser ordenado, financiado por el propio sitio, verificable en cada etapa y sometido a supervisión independiente. Las operaciones cesaron tras las protestas movilizadas por ambientalistas en octubre y noviembre de 2023 contra la minería metálica a cielo abierto, movilizaciones que precedieron al fallo constitucional.

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