La Policía Nacional de Panamá confirmó que mantiene a efectivos policiales desempeñando funciones de agentes encubiertos dentro de sindicatos y organizaciones sociales, luego de recientes acusaciones presentadas por colectivos populares ante el Ministerio Público.

En un comunicado oficial, la institución indicó que estas operaciones se ejecutan en cumplimiento de la legalidad vigente para preservar el orden público y la seguridad nacional, y persiguen fines específicos bajo el respeto a los derechos humanos y a las garantías ciudadanas de protesta pacífica, siempre que no se vulneren los derechos de terceros.

La Policía Nacional reconoce el uso de unidades encubiertos. Exigimos investigar si fueron usadas para infiltrar y vigilar ilegalmente a dirigentes sociales. La Procuraduría debe investigar, esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y proteger a la dirigencia. pic.twitter.com/MTwxGNkNgQ

— Suntracs Panama ⚒ (@SuntracsPanama) September 11, 2026

«La Policía Nacional reconoce el uso de unidades encubiertos. Exigimos investigar si fueron usadas para infiltrar y vigilar ilegalmente a dirigentes sociales. La Procuraduría debe investigar, esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y proteger a la dirigencia», dijo el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) en su cuenta de X.

La postura policial surge en respuesta a la acción legal interpuesta el 8 de septiembre por líderes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, agrupaciones de derechos humanos y gremios docentes. Los denunciantes presentaron un recurso ante el Ministerio Público contra el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y otros funcionarios, señalando la existencia de un presunto esquema de espionaje ilegal.

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De acuerdo con los demandantes, el monitoreo a los movimientos sociales responde a un patrón estructurado que involucraría a unos 20 agentes de la fuerza pública. Las investigaciones preliminares de los colectivos apuntan a que estas unidades vigilan a sectores opuestos a la explotación minera en Donoso, al proyecto hidroeléctrico de río Indio y al memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos en 2025.

Operatividad y alcance de los señalamientos

Los sectores afectados sostienen que estas operaciones estarían coordinadas por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), mediante personal infiltrado en diversos espacios comunitarios para rastrear las actividades y liderazgos de las organizaciones.

La denuncia, pendiente de evaluación para su admisión por el Ministerio Público, detalla también presuntas infiltraciones en comunidades indígenas de Panamá Este, así como en sindicatos y colectivos ambientalistas de distintas regiones del país.

???????????? Organizaciones sociales y sindicales de Panamá formalizaron denuncias contra el Gobierno de José Raúl Mulino ante la OIT y relatorías de la ONU, por presuntas violaciones a la libertad sindical y persecución a dirigentes gremiales. ¿Qué opinas de estas denuncias? Comparte… pic.twitter.com/HildzDyrWL

— teleSUR TV (@teleSURtv) September 2, 2026

Los representantes legales de la Alianza Pueblo Unido por la Vida argumentan que los agentes habrían adoptado identidades falsas de activistas sin contar con la debida orden judicial. Como soporte probatorio, la defensa consignó registros fotográficos de individuos señalados como miembros activos de la fuerza pública participando en eventos sociales.

Esta controversia se desarrolla en un contexto de alta tensión social marcado por la discusión en torno a proyectos estratégicos de alta incidencia nacional como el futuro de la mina de Donoso y la construcción de un embalse en río Indio para garantizar el abastecimiento hídrico de la cuenca del Canal de Panamá.

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