Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia condena a exmilitar por ejecuciones extrajudiciales
La JEP impuso condena al coronel retirado Juan Carlos Figueroa tras admitir responsabilidad en crímenes de Estado. La sentencia manda desmentir las acusaciones con que el aparato estatal justificó la muerte y estigmatización de las víctimas.
Las víctimas, civiles asesinados para presentarlos falsamente como bajas en combate, forman parte de los crímenes de Estado conocidos como «falsos positivos» perpetrados por la fuerza pública en el norte del país. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
22 de octubre de 2026 Hora: 16:21
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia dictó sentencia condenatoria a seis años y tres meses de prisión contra el coronel retirado del Ejército Juan Carlos Figueroa Suárez, por su responsabilidad directa en 38 ejecuciones extrajudiciales entre 2004 y 2005. Las víctimas, civiles asesinados para presentarlos falsamente como bajas en combate, forman parte de los crímenes de Estado conocidos como «falsos positivos», perpetrados por la fuerza pública en el norte del país.
El fallo del tribunal de justicia transicional estableció que el exoficial, en su condición de comandante del Batallón de Artillería Número 2 La Popa, con sede en Valledupar, ejerció mando directo en 24 eventos criminales que abarcaron homicidios de personas protegidas por el derecho internacional humanitario, desapariciones forzadas, torturas y el asesinato de dos personas que habían depuesto las armas.
La resolución judicial se concretó luego de que el exmilitar aceptara los cargos en enero de 2026 y reconociera públicamente sus acciones en audiencias territoriales celebradas en agosto en Valledupar.
La sentencia obliga a Figueroa Suárez a entregar la documentación de las operaciones, señalar a otros implicados en la cadena de mando militar y desmentir las acusaciones con las que el aparato estatal justificó la muerte y estigmatización de las víctimas.
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El tribunal ordenó medidas específicas de reparación para los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, sistemáticamente agredidos durante la gestión del oficial, así como la entrega formal de sus condecoraciones y la anulación de los reconocimientos institucionales otorgados por las ejecuciones.
La condena es el quinto fallo emitido por la JEP sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado colombiano.
A finales de agosto, durante la audiencia restaurativa correspondiente al Subcaso Costa Caribe del Caso 03, Figueroa Suárez transitó de negar la emisión de órdenes criminales o la ejecución material de los homicidios a asumir plenamente la responsabilidad que le correspondía como alto mando militar.
La revisión de los hechos llevó al imputado a reconocer el alcance de sus decisiones en la perpetración de las 38 ejecuciones extrajudiciales bajo su mando. Ante el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz y las familias afectadas, el exoficial declaró: «Hoy comprendo que esa mirada era incompleta frente a las responsabilidades propias de mi cargo».
La declaración formó parte del proceso de reconocimiento enfocado en esclarecer la verdad de los crímenes de Estado cometidos en el norte de Colombia.
A inicios de octubre, organizaciones de víctimas del conflicto armado y colectivos de derechos humanos celebraron un acto público de respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz frente a sus instalaciones en Bogotá, denunciando la arremetida política, mediática y financiera impulsada desde el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
Durante la movilización, familiares de jóvenes ejecutados extrajudicialmente en el caso de los «falsos positivos» de Soacha defendieron la labor del tribunal transicional en el esclarecimiento de los crímenes de Estado y la identificación de las cadenas de mando responsables.
Una de las voceras de las madres de Soacha remarcó la importancia del trabajo desarrollado por la JEP frente a la impunidad histórica, señalando que «gracias al trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz hemos logrado encontrar verdad, justicia. Logramos tener garantías de no repetición. Hemos podido demostrar que sí fue una práctica sistemática».
Autor: teleSUR - lf - DE
Fuente: Agencias
