La excandidata presidencial y principal figura del Movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, compartió su primer mensaje escrito tras ser aprehendida por los organismos de seguridad del régimen ecuatoriano, denunciando la deriva autoritaria del Gobierno encabezado por el presidente Daniel Noboa, así como el ataque sistemático a las libertades democráticas y la persecución contra los referentes populares.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, la dirigente calificó de insostenible la situación institucional del país y rechazó los señalamientos en su contra, expresando: «Hoy me toca a mí ser detenida por una acusación absurda. Responderé con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben y que están comprometidos con lograr la libertad del Ecuador y un futuro mejor para el país».

A mi patria querida ????????❤️ https://t.co/fJrIXAvG0B

— Luisa González (@LuisaGonzalezEc) October 22, 2026

González alertó además sobre los malos tratos y torturas perpetradas contra las prisioneras y prisioneros políticos encarcelados por la Administración oficialista.

Frente a la escalada represiva y el deterioro socioeconómico marcado por la violencia y la corrupción estatal, la lideresa dirigió una consigna central a las organizaciones sociales y movimientos de izquierda, enfatizando que «a mis compañeras y compañeros de la Revolución Ciudadana y de todas las fuerzas progresistas les digo: es momento de unidad, unidad y unidad para lograr la libertad y la democracia en el país».

La excandidata presidencial agradeció el respaldo de las comunidades en todo el territorio nacional y ratificó la determinación del pueblo para superar la censura del régimen. González concluyó sus declaraciones aseverando que el silencio popular terminará por romper el cerco autoritario para restituir la soberanía y la democracia integral en la República del Ecuador.

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La excandidata presidencial y dirigenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, fue detenida durante la madrugada de este jueves 22 de octubre en la parroquia Canuto, cantón Chone, provincia de Manabí.

La aprehensión fue ejecutada por efectivos de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado en el marco de una operación judicial denominada «caso laberinto», la cual instrumentaliza supuestas indagaciones por financiamiento electoral durante la campaña de 2023 para perseguir a los liderazgos de la oposición.

En el despliegue policial se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en las provincias de Manabí y Pichincha, saldándose con la detención de tres personas con fines de formulación de cargos.

Tras el procedimiento, allegados y familiares de la dirigenta denunciaron un estado de incertidumbre sobre su paradero, señalando que las autoridades administrativas no han precisado si se encuentra retenida en Manabí o en traslado hacia Quito para la audiencia judicial, configurando una grave vulneración a las garantías del debido proceso.

La detención de González forma parte de una arremetida judicial sistemática contra la Revolución Ciudadana, movimiento político actualmente suspendido por nueve meses tras fallos del Tribunal Contencioso Electoral destinados a obstaculizar su participación en los comicios seccionales.

La arremetida del aparato institucional impidió previamente la inscripción de González como candidata a la prefectura de Manabí, mientras que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sufrió también allanamientos en sus dependencias en medio de su campaña por la reelección.

Analistas y organizaciones sociales denuncian que las acciones del Ministerio Público carecen de independencia y operan como un brazo represivo del Palacio de Carondelet bajo la Administración de Daniel Noboa. La criminalización de los dirigentes opositores busca consolidar el lawfare y la proscripción de la principal fuerza progresista de Ecuador, minando las bases institucionales y el ejercicio de los derechos políticos en la nación suramericana.

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