Un colectivo de más de 30 docentes universitarios de derecho, exmagistrados de altas cortes y constitucionalistas de Colombia emitió una declaración a través de la cual alertan sobre las implicaciones éticas, jurídicas y políticas de la nacionalidad estadounidense del candidato Abelardo de la Espriella y su aspiración a ser Presidente del país.

De acuerdo con los juristas, la nacionalidad estadounidense plantea obstáculos insalvables para quien aspire a la presidencia de Colombia, a diferencia de la nacionalidad italiana, la cual no suscita problemas jurídicos.

A partir de la Constitución y de sentencias emitidas por la Corte Constitucional, los juristas advirtieron que quien ha renunciado formalmente a su lealtad hacia Colombia porque ha jurado defender a EE.UU. frente a sus enemigos, queda atrapado en un «irresoluble conflicto de lealtades», y concluyeron que de acuerdo con el ordenamiento constitucional no puede ser Presidente quien haya realizado dicho juramento.

De la Espriella tiene tres nacionalidades: colombiana, italiana y estadounidense. Los firmantes expusieron que el núcleo de la incompatibilidad radica en el juramento de naturalización exigido por Estados Unidos.

Explicaron que al adquirir la ciudadanía de ese país, el individuo debe declarar bajo juramento que «renuncia absoluta y enteramente y abjura de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera», y que «apoyará y defenderá la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales». Asimismo, el juramento incluye el compromiso de portar armas o realizar servicios no combatientes para ese país cuando la ley lo exija.

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Los exmagistrados señalan que este acto solemne entra en radical contradicción con las funciones constitucionales de un Presidente colombiano. De acuerdo con los artículos 189, 192, 217 y 226 de la Constitución Política, el presidente es el jefe de Estado, la suprema autoridad administrativa y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, con el deber ineludible de defender la soberanía y la integridad territorial de Colombia, y de garantizar los derechos de todos los colombianos.

Por tanto, quien ha renunciado formalmente a su lealtad a Colombia y ha jurado defender a Estados Unidos frente a sus enemigos, queda atrapado en un «irresoluble conflicto de lealtades» al momento de anteponer los intereses nacionales.

Los firmantes aclararon que no existe controversia respecto a la nacionalidad italiana, obtenida por descendencia (jure sanguinis), tal como ocurre con el presidente Gustavo Petro, ya que Italia admite esta figura sin exigir un juramento que genere obligaciones incompatibles. Sin embargo, la situación cambia drásticamente con Estados Unidos.

Si bien la Corte Constitucional ha determinado que la doble nacionalidad no inhabilita por sí misma para ser Presidente (sentencias C-151 de 1997, C-540 de 2001, C-015 de 2004 y C-106 de 2018), la adquisición de ciertos compromisos con otro Estado sí puede generar una inhabilidad.

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La Corte, en la sentencia C-601 de 2015, ya había advertido sobre los conflictos de lealtades nacionales, señalando que esto pone a una persona en la «difícil situación de incurrir en una posible traición a la República».

Los expertos precisaron que el análisis se centra exclusivamente en el derecho colombiano y no cuestiona la doble nacionalidad en sí, ni debate si el candidato perdería la ciudadanía estadounidense al asumir el cargo, asunto que compete a las autoridades de ese país. No obstante, concluyen que en el ordenamiento constitucional no puede ser Presidente quien haya realizado dicho juramento.

El documento fue suscrito por juristas, constitucionalistas y docentes de renombre como Pablo Cáceres Corrales, Stella Conto Diaz del Castillo, Jaime Córdoba Triviño, Alvaro Echeverri Uruburu, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Iván González Amado, José Gregorio Hernández Galindo, Maria Adriana Marin y Jorge Iván Palacio Palacio.

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