El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), confirmó este miércoles 10 de junio, el asesinato del firmante de paz Floricel Sánchez Andrade, en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá.

De acuerdo con la organización no gubernamental, Sánchez Andrade, reincorporado que suscribió el acuerdo de paz de 2016 con el Gobierno, sufrió un atentado en horas de la mañana del martes 9 de junio, el cual provocó su muerte.

El crimen, presuntamente perpetrado por disidencias de las FARC en el sur del país, representa el cuarto homicidio contra firmantes de paz registrado en Colombia durante este año 2026, conforme al balance del organismo humanitario.

​Ante esta situación de violencia, el Consejo Nacional de Reincorporación del partido Comunes, organización surgida tras la desmovilización de la estructura guerrillera, exigió a las autoridades estatales que este crimen sea investigado con celeridad para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. 

Asimismo, el organismo demandó el fortalecimiento de las garantías de seguridad tanto individuales como colectivas para evitar nuevos homicidios, advirtiendo que cada asesinato afecta de forma directa la implementación integral del acuerdo de paz y lesiona la confianza depositada por miles de hombres y mujeres que decidieron transitar hacia la vida civil.

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​De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo citados por Indepaz, la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de las agrupaciones armadas representa un permanente riesgo de violación a los derechos humanos de la población en Caquetá. 

El organismo de derechos humanos emitió las alertas tempranas, catalogando a San Vicente del Caguán con un nivel de riesgo alto debido a la probabilidad de confrontaciones armadas en áreas compartidas con La Macarena y la región de la cordillera. 

En la zona operan facciones disidentes como el Frente 62 Rodrigo Cadete, el Frente Iván Díaz del Bloque Jorge Suárez Briceño y los Comandos Bolivarianos de la Frontera de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, cuyos constantes enfrentamientos internos han agravado la crisis humanitaria en la región durante las últimas semanas.

El asesinato de líderes sociales, ambientales y políticos en Colombia representa una crisis humanitaria y de derechos humanos estructural que se mantiene crítica de forma sostenida. La violencia ejercida por grupos armados ilegales somete a las comunidades rurales y urbanas a un riesgo constante debido a las disputas territoriales y las economías del narcotráfico.

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