Los resultados provisionales de la primera vuelta presidencial colombiana, difundidos la misma noche del 31 de mayo y cuestionados por el propio presidente Gustavo Petro, colocaron a Abelardo De La Espriella al frente de la contienda con más del 43% de los votos, por encima de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, que obtuvo el 40,9%. Ambos se medirán en el balotaje del 21 de junio.

De La Espriella, abogado penalista de 47 años sin experiencia en cargos de elección popular, no creció solo. A medida que las encuestas lo mostraban mejor posicionado que Paloma Valencia —candidata del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe—, el electorado uribista migró hacia él para evitar dividir el voto de derecha frente a Cepeda. Valencia se quedó sin base antes de llegar a las urnas. Los medios y la maquinaria mediática ultraconservadora completaron el impulso, presentando al abogado como líder de una «nueva» derecha. Nueva en la forma. En el fondo, embebida del mismo uribismo ideológico que gobernó Colombia durante dos décadas. De La Espriella se vende como alguien ajeno al poder tradicional, un hombre que viene a salvar al país del «abismo petrista». Su historial desmiente cada palabra de ese relato.

Su carrera jurídica despegó durante la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006, cuando fundó su firma De La Espriella Lawyers Enterprise. Defendió a la excongresista Eleonora Pineda, condenada en 2008 por vínculos con grupos paramilitares. «Era amiga de mi mamá», justificó sobre Pineda, quien mantuvo relaciones con comandantes de las AUC. También representó a Dieb Maloof y Rocío Arias, ambos condenados por el escándalo de la parapolítica, que reveló la penetración paramilitar en el Congreso colombiano.

Registros notariales y expedientes de la Fiscalía lo conectan también con redes del narcotráfico. En 2009 compró un apartamento en Bogotá por 210 millones de pesos. Un año después lo hipotecó a favor de Santiago Barón Soto, empresario antioqueño que aparece en un informe de policía judicial de 2020 como propietario de un lote con embargo por extinción de dominio derivado de las investigaciones contra los hermanos Álvarez Meyendorff, narcotraficantes vinculados con el Cartel del Norte del Valle que operaron una red de 200 inmuebles para lavar dinero del tráfico de cocaína. Aquel apartamento funciona hoy como centro de operaciones de De La Espriella en Bogotá, el Lawyers Center.

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Cepeda lo definió la noche electoral: «Representa un retorno a la política paramilitar y al narcotráfico, un pasado mafioso, plutocrático y corrupto que el país experimentó durante las dos administraciones de Álvaro Uribe». De La Espriella admira abiertamente la Seguridad Democrática de Uribe, aquella política que priorizó el gasto militar por encima de educación, salud y cultura. Esa doctrina terminó envuelta en el escándalo de los «falsos positivos». Miles de civiles asesinados por fuerzas militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Jóvenes de barrios empobrecidos, campesinos reclutados con promesas de empleo, cuyos cuerpos aparecieron vestidos de camuflaje en partes operacionales que inflaban resultados. Lo que cambia ahora es el envoltorio.

El manual de la ultraderecha transnacional

El candidato extremista se declara admirador de Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele. Como el estadounidense, exhibe su vida de lujo como credencial de gobierno y repite que «nunca vivió de la teta del Estado». Como el argentino, promete una motosierra contra el aparato público, con el recorte del 40% del presupuesto estatal y la eliminación de 700.000 puestos. Como el salvadoreño, plantea construir 10 megacárceles administradas por empresas privadas.

«Erradicaré el narcoterrorismo y a quienes he declarado objetivo militar como cucarachas, como ratas. Desataré sobre ellos la ira de Dios nunca antes vista», declaró a The Associated Press durante el tramo final de campaña. Bukele llevó ese lenguaje a la práctica en El Salvador. Las tasas de homicidios bajaron, pero las organizaciones de derechos humanos documentaron ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas sin debido proceso y un estado de excepción permanente.

???? Petro acusa a EE.UU. de "aliarse con narcotraficantes" en Colombia.

???? El presidente Gustavo Petro lamenta el respaldo de Donald Trump a un candidato ultraconservador. Afirma que Gobiernos extranjeros que dicen luchar contra el narcotráfico "ayudan a llevar al crimen al poder…

— teleSUR TV (@teleSURtv) June 5, 2026

También anunció que sacará a Colombia de la ONU, a la que califica como «un directorio político de la izquierda». Rechaza la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuestiona los tratados sobre cambio climático y plantea permitir el fracking sin restricciones. Milei en Argentina y Bolsonaro en Brasil recorrieron ese camino antes. Deslegitimar organismos multilaterales, desmontar regulaciones internas, abrir la economía al capital transnacional sin contrapesos. Con De La Espriella, la corriente del fundamentalismo neofascista que ya gobierna desde Washington hasta Buenos Aires, pasando por Quito y Santiago de Chile, busca sumar a Colombia.

La mano de Washington

El presidente estadounidense respaldó públicamente la candidatura ultra para el balotaje, rompiendo un acuerdo de no intervención en los comicios colombianos que él mismo había pactado con Gustavo Petro durante una visita oficial a la Casa Blanca en febrero. Petro respondió tras la primera vuelta. «Sus aliados en Colombia vienen de la gobernanza narcoparamilitar, son genocidas y narcotraficantes», dijo, y lamentó que quienes dicen combatir el narcotráfico estén «ayudando precisamente a llevar al poder político en Colombia al crimen».

El respaldo de Trump no llegó solo. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, retiró días antes de la elección los aranceles del 100% que había impuesto a productos colombianos, presentando el gesto como una concesión condicionada al triunfo de De La Espriella. La Comunidad Andina ya lo había obligado a eliminarlos por violar la normativa regional, pero Noboa aprovechó los tiempos para convertir una obligación jurídica en propaganda electoral a favor de la ultraderecha colombiana. Bernardo «Bernie» Moreno, operador del trumpismo latinoamericano, llegó a Colombia como «observador internacional» y desde esa posición opinó, presionó y contribuyó a instalar un clima de miedo ante una victoria de la izquierda. La ofensiva incluyó el frente digital. Granjas de bots, las mismas que operaron durante las elecciones ecuatorianas, lanzaron campañas masivas contra Cepeda en redes sociales.

El politólogo español Juan Carlos Monedero enmarcó la intervención en el patrón de la injerencia de Washington en los procesos electorales latinoamericanos, señaló que está inscrita de puño y letra en la estrategia de seguridad nacional de Trump, y el llamado «Escudo de las Américas» —la alianza de gobiernos afines al trumpismo en la región— que funciona como su correa de transmisión. «En Colombia, como en todos sitios, la extrema derecha desplaza a la derecha y se crea una alianza que solo pueden justificarla desde el cinismo o desde el nihilismo, tapándose los ojos, tapándose los oídos», advirtió Monedero, quien comparó el mecanismo con el de las derechas conservadoras europeas que en 1933 decidieron apoyar a Hitler.

La radiografía del voto en Bogotá, apuntó el politólogo, confirmó la fractura. Los estratos más ricos votaron masivamente por De La Espriella; los sectores populares respaldaron mayoritariamente a quienes los protegieron durante los últimos cuatro años. Pero esos mismos sectores también demostraron ser permeables al discurso de mano dura, amplificado por redes sociales y medios de comunicación que durante meses martillaron el miedo a la izquierda. El riesgo que asoma en el balotaje, concluyó Monedero, es uno que América Latina conoce bien: que las víctimas terminen votando por los verdugos.

La guerra como programa de gobierno

Mientras el gobierno de Petro intentó avanzar hacia la «Paz Total» mediante negociaciones con guerrillas y grupos armados, De La Espriella anuncia que «aniquilará» a quienes considera enemigos internos, lo que expandiría la guerra con apoyo de Estados Unidos a niveles alarmantes. Reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato y ampliar la presencia militar extranjera en territorios donde el Estado civil apenas existe será su prioridad.

El país comprobó en carne propia que las ofensivas militares sin componentes sociales desplazan el conflicto sin resolver sus causas estructurales. Los «falsos positivos» nacieron de esa lógica, la misma que De La Espriella convierte ahora en programa de gobierno.

El recorte del gasto social costearía esa escalada. Eliminar cientos de miles de puestos estatales significa achicar al Estado en territorios donde ya resulta débil, cediendo espacio a las estructuras ilegales que prosperan donde no llegan educación, salud ni oportunidades económicas. En Argentina, el ajuste de Milei llevó la pobreza al 50%. De La Espriella quiere trasplantar esa receta a un país donde la desigualdad está siendo transformada por el Pacto Histórico, donde el conflicto armado castigó con fuerza a los territorios abandonados por los gobiernos oligárquicos del pasado.

Lo que está en juego

El gobierno de Gustavo Petro emprendió una ruptura con el paradigma primario-exportador y socialmente excluyente que Colombia arrastraba durante décadas, e instaló otra lógica en la que el Estado vuelve a orientar la economía y las prioridades se ordenan a partir de quién más las necesita.

La pobreza monetaria cayó a su nivel histórico más bajo. Cerca de 2,6 millones de personas salieron de ella. El ingreso de los hogares de abajo y del medio creció en niveles reales. Se instauró el salario mínimo vital y se decretó el mayor aumento en décadas, alimentando la demanda interna para impulsar la producción nacional. En el campo, la reforma agraria avanzó con la gestión de entrega de más de 700.000 hectáreas para familias campesinas, indígenas y afrodescendientes. La transición energética dejó de ser discurso; por primera vez en décadas, las exportaciones no extractivas superaron a las extractivas.

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Ese último dato revela la apuesta de fondo por la soberanía productiva. Durante generaciones, Colombia ató su suerte a los precios internacionales de unas pocas materias primas. Petro comenzó a desatar ese nudo. De La Espriella promete volver a apretarlo con fracking sin restricciones, amenazando páramos y ríos, mediante una clara apertura y completa subordinación a Washington. Cada hectárea entregada, cada familia sacada de la pobreza, cada punto de soberanía productiva ganado quedaría en la mira de ese programa.

De La Espriella dice que viene a cambiar «la cara de los de siempre», pero forjó su carrera defendiendo a esos «de siempre» acusados de parapolítica. Acumuló patrimonio mediante operaciones con un testaferro vinculado al narcotráfico, y montó la campaña más costosa de la contienda —36.000 millones de pesos en créditos bancarios, más del doble que los 15.000 millones de Cepeda— sin un solo aporte declarado de particulares ni de partidos. No es un hombre nuevo en la política colombiana. Es la vieja política con otro traje.

Lo que se define el 21 de junio

Los mercados financieros celebraron el resultado de la primera vuelta. La bolsa colombiana subió y anticipó las políticas de desregulación que plantea el candidato de la extrema derecha.

La aritmética electoral, sin embargo, matiza la euforia. La izquierda colombiana obtuvo en esta primera vuelta un porcentaje mayor que en 2022, cuando Petro alcanzó el 40,34%. La derecha retrocedió. De La Espriella y Valencia sumaron el 50,66%, por debajo del 52,11% que obtuvieron Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez hace cuatro años. La diferencia entre ambos bloques es de 2,28 millones de votos. En 2022, con una ventaja de 2,5 millones, la derecha perdió la presidencia. Las sumas de primera vuelta no predicen el resultado de segunda.

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Buena parte de los 1,6 millones de votos que obtuvo Valencia no son trasladables a De La Espriella. Su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, generó simpatía más allá de la derecha y aportó 1,2 millones procedentes de la «Gran consulta por Colombia», un electorado de centro que difícilmente se reconoce en el discurso de megacárceles y guerra total.

Ese bloque, sumado a los votantes de Sergio Fajardo y Claudia López (12,13%), podría inclinarse hacia Cepeda en las condiciones adecuadas. La clave, como en 2022, estará en quienes no acudieron a la primera cita. Hace cuatro años, 1,5 millones de ciudadanos ausentes en primera vuelta se movilizaron para la segunda, y ese voto definió la presidencia. Los 17,5 millones que esta vez se quedaron en casa, muchos nuevos votantes, vuelven a ser la incógnita central del balotaje.

Cepeda representa la continuidad de los esfuerzos de paz, con las limitaciones propias del ciclo de Petro. En De La Espriella, los votantes encontrarán el regreso a la guerra que dominó al país por décadas de masacres, barnizado con la retórica autoritaria que triunfa en otras latitudes. Es una candidatura construida sobre el mismo poder paramilitar y entreguista que dice combatir. No es la sombra de ese poder. Es ese poder.

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