Colombia: ratifican condena de 28 años contra exfuncionario por secuestro de Piedad Córdoba

Tribunal confirma la condena de 28 años de prisión contra el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez Martínez, por su responsabilidad en el hecho, así como sanciones accesorias que incluyen una multa de 3.499,99 salarios mínimos y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 20 años

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La fallecida dirigente política y exsenadora colombiana Piedad Córdoba. Foto: EFE


28 de septiembre de 2026 Hora: 19:25

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La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó la condena de 28 años de prisión contra el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez Martínez, por su responsabilidad como determinador del secuestro extorsivo agravado, perpetrado en 1999, de la entonces senadora Piedad Córdoba Ruiz (1955-2024), reconocida defensora de los derechos humanos, la democracia y la paz en el país suramericano.

El fallo ratifica la sentencia emitida en octubre de 2025 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, tras desestimar los recursos de apelación interpuestos por la defensa del procesado.

El tribunal mantuvo las sanciones accesorias, que incluyen una multa de 3.499,99 salarios mínimos, la inhabilitación por 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y la declaratoria de los hechos como delito de lesa humanidad.

Los hechos se remontan al 21 de mayo de 1999, cuando un comando armado interceptó y retuvo a la dirigente política en el barrio El Poblado de Medellín, manteniéndola en cautiverio hasta el 4 de junio de ese año.

Durante el estudio de la apelación, el tribunal examinó los cuestionamientos planteados sobre la valoración probatoria, la existencia de grabaciones telefónicas y la posible prescripción de la acción penal. Los magistrados concluyeron que la acción no prescribió, tras descontar 1.135 días correspondientes al trámite de sometimiento de Narváez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (entre el 20 de agosto de 2019 y el 28 de septiembre de 2022), así como los periodos de dos recusaciones declaradas infundadas.

Las pruebas evaluadas de manera conjunta permitieron comprobar los nexos de Narváez Martínez con el exjefe paramilitar Carlos Castaño y su rol dentro de una estructura ilegal. Múltiples testimonios de exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lo señalaron como profesor, ideólogo y guía operacional de esa organización criminal, y llamaron la atención sobre su influencia directa para ordenar el secuestro de la congresista.

“Con esta decisión se da un paso más en la lucha contra la impunidad contra estos funcionarios, que revestidos de poder cometen estas violaciones de derechos humanos. El Tribunal encontró que está plenamente probada la autoría intelectual de Narváez como determinador del secuestro por orden o mensajes de integrantes de la fuerza pública, lo que está acreditada por testimonios de paramilitares, la relación de coordinación con Carlos Castaño y el ser ideólogo y profesor de la escuela de formación de los paramilitares y que, en esta calidad, él influyó de forma concreta para que se realizara este crimen,” señaló Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de víctimas.

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El exfuncionario acumula otras sentencias y procesos por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la condena por el asesinato del periodista y activista Jaime Garzón, además de su vinculación en la investigación por el magnicidio del senador Manuel Cepeda.

Piedad Córdoba se desempeñó durante muchos años como senadora. La lideresa social y referente continental de la lucha por la paz, los derechos humanos y la justicia social fue además una mediadora humanitaria, defensora de los pueblos afrodescendientes, una voz incómoda frente a las élites oligárquicas y una militante permanente del diálogo político como alternativa a la guerra.

Uno de los capítulos más trascendentales de su carrera fue su rol como mediadora humanitaria en el conflicto armado colombiano. Para Córdoba, la paz no era solo el silenciamiento de las armas, sino la transformación estructural de las causas sociales del conflicto.

Autor: teleSUR - wh - JDO

Fuente: Colectivo de Abogados Cajar