Mientras Washington centra su discurso de seguridad en la violencia, el narcotráfico e incluso amenaza con tomar medidas extraterritoriales, el flujo inverso de armas ilegales desde Estados Unidos hacia México fortalece la capacidad de fuego de las organizaciones criminales locales. Las cifras revelan el impacto de este trasiego: el 71 % del arsenal incautado en el país latinoamericano proviene de territorio estadounidense.

José Hernández, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denunció esta profunda contradicción durante una entrevista para el programa Conexión Global de teleSUR. Según los datos aportados por la Secretaría de Defensa Nacional y citados por el experto, entre un 70 % y un 80 % del equipamiento rastreado a los cárteles llega desde Estados Unidos, mientras que el 20 % restante proviene normalmente de Israel.

“Ustedes imaginen que son dos países aliados que están inundando territorio mexicano con esta venta ilegal de armas, y que nuestro país es el que está poniendo de alguna forma los muertos”, sentenció el especialista para ilustrar la gravedad de la situación.

Hernández explicó que la participación de Estados Unidos trasciende el tráfico de armamento. La crisis se sostiene por la alta demanda de su mercado interno, la comercialización de drogas dentro de sus fronteras y el lavado de dinero a través de su sistema financiero.

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Para el investigador, la política de seguridad de Washington fracasa en América Latina por su enfoque militar que ignora la desigualdad social y afecta a los sectores vulnerables. Enfatizó que los grandes capos operan mayoritariamente dentro de Estados Unidos, por lo que esta estrategia punitiva solo incrementa la violencia regional.

Cifras récord confirman la escalada armamentística

El informe más reciente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), actualizado el 25 de agosto, ratifica que la nación vecina se mantiene como el principal abastecedor de la delincuencia.

De las 32.144 armas decomisadas en territorio mexicano durante 2025 y enviadas a rastreo, 22.817 tuvieron origen estadounidense, lo que significa que siete de cada 10 unidades incautadas provienen de ese país. De este grupo, 16.406 (51 %) se fabricaron en Estados Unidos, mientras que 6.411 ingresaron a su mercado legalmente antes de cruzar la frontera.

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En comparación con 2015, cuando se rastrearon 18.044 armas, el incremento es del 78 %, y respecto a 2024 el aumento fue del 20 %. La presencia de arsenal estadounidense muestra una escalada progresiva: pasó del 65 % en 2022 al 71 % en 2025, su nivel más alto en al menos 11 años. Sobre el 29 % restante (9.327 unidades), la ATF no pudo determinar la procedencia exacta por datos insuficientes, aunque reconoce que no descarta su tránsito previo por territorio estadounidense.

El Estado mexicano mantiene un reclamo firme ante esta dinámica. La exigencia tomó forma jurídica con la demanda interpuesta contra los fabricantes de armas en 2021, impulsada durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En la actualidad, la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene esta postura, evidenciada en una carta enviada a principios de su Gobierno para cuestionar el ingreso de este arsenal ilícito.

Esta posición gubernamental representa un mensaje claro hacia los actores políticos internos que facilitan la injerencia extranjera. José Hernández puso como ejemplo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien permitió la implementación de políticas de seguridad estadounidenses en su estado fronterizo. Como resultado, dicha entidad figura hoy entre las de mayor índice de inseguridad en el país.

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Los reportes indican que la proporción de armas ilegales registra un aumento progresivo cada año, una tendencia que no se detiene desde los primeros procesos legales iniciados hace más de dos décadas. Hernández concluyó que esta red de contrabando beneficia a un solo sector económico: “Los únicos que tienen alguna ventaja de esta pues son los armamentistas estadounidenses, esta élite económica que tiene un fuerte lobby dentro del gobierno del presidente Trump”.

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