La fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional (CPI), Nazhat Shameem Khan, declaró este viernes que el organismo puso en marcha medidas para fortalecerse contra próximas sanciones estadounidenses.

“Hemos trabajado mucho para garantizar que el tribunal esté protegido de las repercusiones de cualquier posible sanción en el futuro”, enfatizó la fiscal ante las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de desmantelar el tribunal.

Anteriormente, la funcionaria fue sancionada por Estados Unidos debido a su participación en la emisión de órdenes de arresto contra líderes de Israel por crímenes de guerra en Palestina.

Las precauciones incluyen reemplazar la tecnología estadounidense, redirigir los servicios financieros y asegurar los salarios del personal por adelantado.

La medida de la CPI surge tras el discurso del presidente estadounidense Donald Trump durante el 81° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde calificó al organismo penal de «grupo de personas malvadas» y exigió que sus Estados miembros se retiraran de inmediato.

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La fiscal Khan alertó que algunos funcionarios judiciales sancionados fueron obligados a «sortear las sanciones para poder sobrevivir a ellas».

Son 13 los funcionarios de la CPI, incluyendo a la mitad de los 18 jueces del tribunal, que han sido soemtidos a medidas coercitivas como el impedimento en el uso de tarjetas de crédito estadounidenses, la compra de teléfonos móviles estadounidenses, envíos de mensajería estadounidense, e incluso cancelaciones en sus reservas de hotel.

En el último año, el tribunal reemplazó a Microsoft por la empresa alemana openDesk, ha buscado alternativas para los servicios bancarios y los seguros médicos, y ha optado por pagar al personal con varios meses de antelación para evitar interrupciones en la nómina y protegerse de las sanciones estadounidenses.

El año pasado, el personal de la CPI fue informado de que más del 90% de los procesos del tribunal dependían de sistemas tecnológicos estadounidenses, lo que lo hacía vulnerable a las sanciones secundarias de Washington. Estas sanciones podrían llevar a bancos y empresas no estadounidenses a cortar relaciones con el tribunal por temor a represalias por parte de EE.UU.

Khan declaró al Financial Times que el tribunal había oído «rumores» sobre las medidas inminentes, pero que aún no había recibido ninguna notificación formal.

El 20 de septiembre, se dio a conocer que Washington había preparado sanciones contra toda la CPI y planeaba anunciarlas en breve. Esta medida prohibiría a ciudadanos y empresas estadounidenses proporcionar fondos, bienes o servicios a la corte sin una licencia del Tesoro de EE.UU.

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Los bancos suelen cumplir estrictamente con estas sanciones debido a su dependencia del sistema financiero estadounidense. En julio, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, inició una campaña para desmantelar la CPI «ladrillo a ladrillo», instando a otros países a retirarse del tribunal.

Washington también ha presionado al tribunal para que retire las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra en Palestina, así como una investigación previa sobre las tropas estadounidenses en Afganistán.

Aunque Estados Unidos hasta ahora no ha tomado medidas directas contra la institución en sí, ha sancionado a varios jueces y fiscales de la CPI.

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