En la 41° jornada de movilizaciones populares, la Policía Boliviana ejecutó la aprehensión del ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar, en medio de las masivas jornadas de movilización popular que agitan el centro de la sede de Gobierno.

El arresto del importante dirigente campesino se produjo en las inmediaciones de la Plaza Murillo tras el arribo de una concurrida marcha de pueblos quechuas y aimaras del norte de Potosí, que junto con campesinos de la Túpac Catari, organizaciones de El Alto y la Central Obrera Boliviana (COB), exigen el fin de las políticas neoliberales y la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Sin embargo, la Policía reprimó con gases lacrimógenos y procedió a la detención de varias personas. Hasta el momento, las autoridades policiales no brindaron un informe oficial sobre la cantidad de aprehendidos.

La detención fue confirmada públicamente por el también dirigente de la organización campesina, David Mamani, quien denunció la acción policial como parte de una estrategia de persecución judicial y amedrentamiento contra las bases movilizadas.

Mamani informó que los equipos de defensa y las dirigencias sindicales se encuentran en estado de alerta permanente, realizando las gestiones e indagaciones necesarias ante las dependencias del orden público con el propósito de determinar la cantidad exacta de trabajadores y comuneros detenidos durante las protestas de este miércoles.

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«Denunciamos que estos hechos generan una profunda preocupación en nuestras bases y en las organizaciones sociales, pues son percibidos como acciones que buscan acallar la voz de quienes representan legitimamente las demandas del pueblo», denunció en un comunicado emitido más tarde la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari .

Marcha, de la Central Obrera en el centro de La Paz. @teleSURtv pic.twitter.com/MDH2lmhLXV

— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) June 10, 2026

Antes de su detención en la calle Loayza y posterior traslado a celdas policiales, el líder campesino Vicente Salazar ratificó la justeza de las demandas de las comunidades originarias y advirtió que el camino del Ejecutivo debe orientarse a escuchar el mandato de las mayorías sociales o enfrentar una inminente convulsión social.

Salazar condenó firmemente la promulgación de la Ley 1732 por parte del presidente Rodrigo Paz, que regula los estados de excepción en el territorio nacional, calificándolas de provocación abierta contra las organizaciones populares que hoy defienden en las calles sus legítimos derechos históricos.

Días previos el secretario ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar Limachi, desmintió de manera categórica las declaraciones oficiales del régimen de Rodrigo Paz, las cuales pretendían instalar la falsa matriz de un supuesto acercamiento de la organización indígena a una mesa de concertación con el Ejecutivo.

El dirigente originario calificó las afirmaciones gubernamentales como una burda maniobra de desinformación, aclarando que ni la Túpac Katari ni la organización de mujeres Bartolina Sisa entablaron diálogos, presentaron petitorios formales o solicitaron negociar con los representantes del Palacio Quemado.

Salazar Limachi fustigó que las declaraciones presidenciales y los montajes mediáticos solo buscan sembrar divisiones internas y quebrar la unidad de la resistencia popular del campo y las provincias.

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El líder campesino ratificó que las bases no darán ni un paso atrás en sus demandas históricas ni se dejarán amedrentar por los discursos de criminalización oficialistas, reiterando que la única condición para detener las protestas sociales es el cese inmediato de la persecución judicial, el borrado de antecedentes y la liberación pura y simple de todos los hermanos que hoy permanecen ilegalmente detenidos en centros penitenciarios como la cárcel de San Pedro.

Por su parte, para este miércoles 10 de junio el presidente derechista Rodrigo Paz instrumentalizó políticamente la firma de un convenio de infraestructura suscrito este miércoles con el alcalde de El Alto, Eliser Roca, para simular una supuesta apertura a la solución pacífica de los conflictos, mientras endurecía su retórica de persecución.

Al tiempo que instaba de forma discursiva al diálogo como vía institucional, el jefe de Estado arremetió contra las organizaciones que sostienen los bloqueos de caminos en defensa de sus derechos, lanzando una abierta amenaza contra los sectores movilizados al manifestar textualmente: «Lo que sí no voy a dejar pasar es al narcoterrorismo. Sepan ustedes, lo he dicho en su momento, que sus días están contados».

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