La policía de Ecuador dispersó este martes con gases lacrimógenos a ciudadanos que se manifestaban de forma pacífica en Quito para solicitar formalmente el cumplimiento de los requisitos para iniciar la revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa, ante la crisis multidimensional que experimenta la nación suramericana y sus incumplimientos del plan de gobernanza presentado durante su campaña.

El presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de Ecuador, Leonidas Iza, y el vocero de la Plataforma Ciudadana, Washington Andrade, formalizaron la petición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los líderes populares exigieron la entrega de planillas para activar este mecanismo democrático, reconocido como derecho constitucional.

Durante la jornada, piquetes uniformados arremetieron contra la multitud que manifestaba pacíficamente para respaldar la destitución constitucional de Daniel Noboa y de la vicepresidenta María José Pinto, y le lanzaron gases lacrimógenos.

Entre los congregados había niños que iban con sus madres, pero a la policía no le importó ese detalle. Los manifestantes denunciaban los despidos masivos, la crisis energética y la precarización laboral promovida por las políticas del Ejecutivo.

Los movimientos populares justifican la acción legal para revocar el mandato de Noboa por su deficiente gestión ante la grave crisis de seguridad que azota a la nación suramericana, reflejada en altos índices de homicidios según estadísticas oficiales.

Asimismo, denunciaban los continuos despidos masivos de trabajadores, el incremento del empleo precario y los constantes retrocesos democráticos promovidos por la administración actual.

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Durante el acto público, Iza expresó que inician el procedimiento de revocatoria porque el mandatario traicionó el programa de gobierno que presentó a la ciudadanía durante su campaña.

Cuestionó el modelo democrático vigente y afirmó que favorece principalmente a grupos de poder, mientras que la economía comunitaria y la seguridad colectiva van en retroceso.

Mencionó el incumplimiento por el Gobierno de los resultados de anteriores consultas populares relacionadas con la extracción de petróleo en el Yasuní y actividades mineras, y llamó a las organizaciones sociales y a la ciudadanía a participar en la recolección de firmas para respaldar la solicitud de revocatoria.

Para convocar a la consulta popular, el movimiento social requiere recolectar las firmas del 15% del padrón, equivalente a dos millones de rúbricas válidas. Sondeos métricos precisos señalan que el 70% de la población desaprueba la gestión oficial y el 61% respalda activamente la revocatoria de mandato.

Las organizaciones sociales anunciaron que mantendrán la resistencia pacífica en las calles para vigilar la transparencia de las autoridades del CNE. Los movimientos populares andinos advierten que no cesarán sus demandas hasta consolidar la soberanía popular y la verdadera justicia social en el país.

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