La crisis política en Bolivia cumple este martes 9 de junio, 41 días de extrema tensión social por las manifestaciones de sectores opositores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esta prolongada ola de protestas mantiene paralizadas las autopistas nacionales, afectando la estabilidad económica y social de la nación suramericana.

Según datos oficiales de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), existen 79 vías nacionales obstaculizadas este martes. La institución técnica detalló que 22 puntos de bloqueo se concentran en Cochabamba y 19 en el departamento de La Paz.

El reporte de la ABC señala que Potosí registra 15 puntos de conflicto activos, mientras que Chuquisaca reporta 10 obstrucciones. Por su parte, el departamento de Santa Cruz mantiene una vía cerrada en la zona de San Julián, ruta que comunica de forma directa hacia el departamento de Beni.

Las obstrucciones en las carreteras impiden el traslado de alimentos, oxígeno medicinal, combustible, medicamentos y otros insumos indispensables para la supervivencia de la población civil.

En la sede de Gobierno, La Paz, el transporte urbano funciona de forma mínima por la escasez de carburantes, decenas de conductores se ven obligados a dormir en las inmediaciones de las estaciones de servicio para asegurar la provisión de combustible.

Adicionalmente, el impacto comercial se refleja en el mercado mayorista, donde el precio del pollo entero escaló hasta los 120 bolivianos, obligando a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) a cerrar dos sucursales para realizar inventarios de emergencia.

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Frente a la escalada del conflicto, el presidente Rodrigo Paz promulgó la víspera la Ley 1740. La situación de desabastecimiento incrementa la presión sobre las autoridades gubernamentales para concretar una salida dialogada a la crisis de gobernabilidad.

A este respecto, comités cívicos, empresarios, gremiales y autoridades locales se sumaron formalmente al pedido para que el Ejecutivo nacional decrete de forma inmediata el Estado de Excepción.

Esta medida extrema es solicitada mientras las familias enfrentan un cerco geográfico que imposibilita el normal abastecimiento de recursos esenciales.

La crisis política en Bolivia despierta preocupación en la región por su potencial impacto en los flujos comerciales de tránsito internacional y en la estabilidad democrática del Sur Global. Los movimientos populares y los observadores regionales coinciden en la urgencia de restablecer los canales de concertación democrática y pacífica para evitar la vulnerabilidad de las poblaciones históricamente postergadas y garantizar la soberanía económica del país andino frente a las tensiones políticas internas.

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