Organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y sociales de Bolivia, junto al expresidente Evo Morales, presentaron una denuncia internacional, alertando sobre la Ley 1740 de regulación de estados de excepción promulgada por el presidente Rodrigo Paz. Afirman que la norma autoriza operaciones militares y policiales conjuntas para reprimir las protestas sociales que desde hace 41 días exigen la renuncia del Ejecutivo.

El documento es suscrito por el exmandatario boliviano, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (CNMCIOB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

«El Gobierno nacional ha iniciado un proceso de declaratoria de Estado de excepción, con el fin de dar carta blanca a Militares y Policías para el uso de la fuerza sin responsabilidad penal«, señalan en el comunicado. Además, afirman que la norma es inconstitucional y «otorga un blindaje a las FFAA y a la Policía Boliviana otorgándoles ‘presunción de legalidad’ a todos sus actos permitiendo acciones conjuntas y uso de armas de fuego contra la población civil.»

En el documento, señalan que «el primer mandatario está llamando a un enfrentamiento entre bolivianos, a una posible guerra civil», tras citar sus declaraciones, en las que llamó a la sociedad boliviana a movilizarse junto a las Fuerzas Armadas y la Policía para desbloquear el país.

También cuestionan la legitimidad del actual gobierno y denuncian la implementación de reformas económicas de corte privatizador: «el gobierno de Rodrigo Paz llegó a la presidencia en noviembre del 2025, y desde su asunción ha impulsado un programa de reformas estructurales de carácter privatizador, sin consulta previa a los pueblos indígenas ni debate democrático genuino.«

El comunicado señala que diversas medidas gubernamentales, entre ellas la eliminación de subsidios a los combustibles, reformas sobre recursos naturales y la aprobación de la Ley 1720, provocaron amplias movilizaciones sociales y bloqueos en todo el país. «La población trabajadora y campesina se ha levantado en una gran movilización, contra el modelo neoliberal que se intenta imponer en Bolivia», destacaron.

Entre los hechos denunciados figuran las muertes de manifestantes durante operativos represivos ejecutados entre diciembre de 2025 y junio de 2026. El texto sostiene que al menos ocho personas fueron asesinadas en distintos enfrentamientos y acusa a las fuerzas de seguridad de emplear fuerza desproporcionada contra los manifestantes.

Finalmente, solicitan la intervención urgente de organismos internacionales y de derechos humanos para monitorear la situación en Bolivia y exigen que «se exija públicamente al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes y el respeto irrestricto de los derechos de reunión, expresión y manifestación pacífica».

Evo Morales denuncia posible intervención en el Trópico de Cochabamba

En otra intervención, Morales denunció amenazas directas de ataques y planes de intervención militar por tierra en su contra y hacia el trópico cochabambino, responsabilizando directamente al presidente Paz ante cualquier víctima mortal o herido que pueda registrarse.

El exmandatario desafió de frente a las autoridades gubernamentales al asegurar que no escapará de Bolivia y que permanecerá en la localidad de la OCA. Morales afirmó poseer información detallada sobre cómo los comandantes manejan el regimiento de Challapata, la unidad F-10 y el grupo «Chayamano de Ángel» para ejecutar dichas acciones de fuerza, en un escenario donde acusó al Gobierno de ser el verdadero promotor del «narcoterrorismo» en el país.

Asimismo, a través de la red social X, Morales denunció que el jefe de Estado amenaza a los sectores movilizados tras 41 días de conflicto, mientras mantiene desabastecido el mercado con combustible sin calidad para los transportistas.

El líder social condenó la detención sin debido proceso y las denuncias de tortura contra los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, rechazando la estigmatización contra el trópico de Cochabamba y afirmando que el presidente Rodrigo Paz promueve la polarización y los enfrentamientos entre civiles en lugar de resolver los problemas estructurales de la nación.

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La alerta de Morales coincide con la fuerte represión registrada en el puente río Kora 2, en el municipio de Vinto, Cochabamba, donde se reportaron enfrentamientos y al menos 23 personas detenidas.

Por su parte, al promulgar la polémica ley, el presidente Rodrigo Paz aseguró que la normativa busca hacer cumplir la Constitución y resguardar a los ciudadanos contra el «narcoterrorismo», vinculando estas movilizaciones con la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, entregado a Estados Unidos en marzo pasado.

La prolongada ola de protestas, que comenzó el pasado 1 de mayo, mantiene paralizadas las autopistas nacionales del país suramericano. Según datos oficiales de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este martes se registran 79 vías nacionales obstaculizadas por los sectores movilizados.

La institución detalló que la mayor concentración de protestas se encuentra en Cochabamba con 22 puntos de bloqueo y en el departamento de La Paz con 19 obstrucciones. El reporte de la ABC señala además que Potosí mantiene 15 puntos de conflicto activos, Chuquisaca reporta 10 cierres de rutas, mientras que el departamento de Santa Cruz registra una vía bloqueada en la zona de San Julián, la cual comunica directamente hacia el departamento de Beni.

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