El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la polémica Ley 1740 de regulación de estados de excepción que autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a ejecutar operativos conjuntos, con el objetivo de reprimir las protestas sociales que exigen su renuncia desde el pasado 1 de mayo.

La nueva normativa faculta la intervención militar directa contra los más de 90 bloqueos de carreteras estatales en un contexto de alta tensión donde el mandatario aseguró que «esta es una ley para proteger a los bolivianos, esta es una ley para cumplir lo que manda la Constitución».

Durante su alocución, el mandatario asoció implícitamente las movilizaciones populares con el «narcoterrorismo». «Así como cayó Marset, sus días están contados y vamos a hace cumplir lo que manda la Constitución y las leyes», sostuvo el gobernante, en alusión al supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado y entregado a Estados Unidos en marzo pasado.

Durante el acto oficial frente al alto mando castrense en el Palacio de Gobierno, el jefe de Estado encomendó de manera directa el control del orden interno a los uniformados alegando que «esta norma les permite llevar adelante el plan que ya hemos diseñado» para restablecer la normalidad económica del país.

Para la entrada en vigor total de esta polémica medida, el Ejecutivo deberá emitir un decreto supremo que tendrá que someterse al control de la Asamblea Legislativa Plurinacional en un lapso de 72 horas. La medida llega en medio de una crisis de desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas tras 39 días continuos de movilizaciones populares.

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Durante la jornada, Paz agradeció el apoyo del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y advirtió en sus redes sociales que “no permitiremos que intereses narcoterroristas actúen para desestabilizar y destruir la democracia que tanto nos costó construir”.

El pasado 4 de junio Hegseth reafirmó su apoyo al presidente Paz y sin presentar pruebas exigió que no vuelva lo que calificó como «dominio del narcoterrorismo» al Estado boliviano.

Denuncia de Evo Morales

Al respecto, el líder social y expresidente Evo Morales expresó «alertamos a la comunidad internacional sobre la aprobación de una nueva Ley de Estados de Excepción que debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos. La norma presume la legalidad de las actuaciones estatales, limita los controles judiciales y parlamentarios, y amplía la intervención militar en conflictos internos».

«Solicitamos el seguimiento y la vigilancia permanente de los organismos internacionales para resguardar el Estado de Derecho y las libertades fundamentales del pueblo boliviano», añadió el exmandatario.

Esta advertencia coincide con la represión desatada contra sectores movilizaados en distintas partes del país. Este lunes se registraron enfrentamientos y fuerte represión en en el puente río Kora 2, en el municipio de Vinto, Cochabamba. Al menos 23 personas fueron detenidas en este episodio.

Advertencia de campesinos en Cochabamba

En este contexto, campesinos de la Federación de Comunidades Interculturales Chimoré afirmaron que responderán con toma de cuarteles militares en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, en caso de que el presidente decrete un estado de sitio.

El secretario de relaciones de la organización, Mario Rivera, afirmó este lunes: «Estamos en emergencia, esta noche las bases tomarán las instituciones de manera pacífica, con vigilias, esta ley genera desconfianza en el pueblo. Que el Gobierno piense muy bien antes de ordenar a los militares y policías para que vayan a los puntos de bloqueo».

«No nos hacemos responsables de lo que pueda pasar en el trópico de Cochabamba a los militares y policías. El pueblo está cansado, el pueblo responderá al ataque del Gobierno», dijo Rivera durante una conferencia transmitida por la Radio Kawsachun Coca.

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