El movimiento indígena originario campesino de Bolivia, así como diversos sectores, entre ellos los vinculados al expresidente Evo Morales, activaron este viernes una serie de movilizaciones y vigilias territoriales en rechazo a la aplicación de medidas neoliberales por el Gobierno de Rodrigo Paz. La marcha principal —de carácter pacífico y en defensa de la economía popular y la soberanía del Estado—tuvo lugar en la ciudad de Cochabamba (centro) y sirvió para rechazar el alza en los precios del diésel, la pérdida de ingresos y la persecución política contra dirigentes sindicales.

A través de una declaración-convocatoria, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC) y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias e Indígenas de Cochabamba «Bartolina Sisa» (FDMCOIC BS) manifestaron que «el Gobierno de Paz se ha constituido en un régimen dictatorial» que fomenta políticas privatizadoras, neoliberales y neocoloniales, las cuales provocan la subida de precios de la canasta familiar, falta de combustible y déficit de dólares.

Las organizaciones rechazaron el «dieselazo» impuesto por el Ejecutivo a través del decreto supremo 5676, el cual «afecta a todos los sectores sociales populares del país provocando la subida de los precios de los pasajes y los alimentos». Añadieron que el mandatario hace frente a escándalos que afectan directamente a su familia y sus ministros, «poniendo en evidencia redes de corrupción, narcotráfico y tráfico ilegal de minerales».

La protesta social contó con el respaldo estratégico de las seis federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba, quienes se declararon en estado de emergencia. Representantes suyos y de gremios advirtieron que mantendrán puntos de control carretero para defender los recursos naturales y evitar un operativo policial destinado a ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales.

El expresidente boliviano valoró que en el país tiene lugar una rebelión popular contra el neoliberalismo y contra el intento de destruir el Estado plurinacional e instaurar un Estado neocolonial, que permitiría el control de los recursos por los EE.UU.

Mientras, Paz intenta desviar la atención sobre los escándalos que afectan su entorno —entre ellos la contratación del operador de ultraderecha argentino Fernando Cerimedo— y denunció la existencia de conspiraciones orientadas a desestabilizar la institucionalidad democrática y frenar las reformas de su gestión.

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El Gobierno enfrenta un complejo escenario social agravado por la escasez de combustibles y las dificultades financieras. Según recientes estudios de opinión, la desaprobación de la gestión presidencial alcanzó niveles significativos en los principales centros urbanos del eje troncal.

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Paralelamente, dirigentes de la región de Santa Cruz estructuraron un plan de movilizaciones desconociendo las restricciones del estado de excepción vigente en el territorio nacional. Los voceros de esta facción exigieron soluciones inmediatas a la crisis económica.

A este panorama conflictivo se sumó el rechazo abierto de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz y El Alto ante el anteproyecto de la nueva ley educativa. El gremio docente convocó a una jornada nacional de protestas para denunciar la descentralización de la educación pública y exigir el inicio de mesas directas de diálogo normativo.

A pesar de la presión ejercida en las calles, el Ejecutivo ratificó la validez de las medidas de ajuste presuntamente destinadas a estabilizar los presupuestos públicos del Estado. Las autoridades mantendrán el despliegue de los mecanismos institucionales de seguridad, mientras la dirigencia social advirtió que continuará intensificando las jornadas de resistencia popular.

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