El Gobierno de Javier Milei oficializó, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), un contrato con la empresa tecnológica Starlink, de Elon Musk, con el objetivo de llevar conectividad satelital a establecimientos educativos con servicio deficiente o nulo.

​Sin embargo, el acuerdo, formalizado mediante las resoluciones 663/2026 (Boletín Oficial del 29/07) y 857/2026 (Boletín Oficial del 02/09), encendió las alarmas por la falta de transparencia, los plazos exprés y un esquema financiero que se perfila como un negocio redondo para la firma estadounidense y una pesada carga futura para las economías provinciales.

​Intervenido por el Ejecutivo desde el inicio de la gestión de Milei, el Enacom maneja los recursos del Fondo del Servicio Universal (FSU) de forma discrecional. 

La celeridad de la operación reflejó las irregularidades del proceso: Starlink presentó su «Carta de Intención» el 15 de julio y apenas ocho días después, el 23 de julio, el interventor Juan Martín Ozores firmó la Resolución 663/2026 sin realizar ninguna objeción. 

Este trámite ultrarrápido omitió cualquier instancia de concurso público, licitación o compulsa de precios. Ante esto, el diputado Agustín Rossi presentó pedidos de informes para conocer los fundamentos de la medida y cuestionar por qué no se consideraron alternativas estatales como la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT).

​El proyecto compromete un total de 21.876.000 de dólares del FSU. Bajo el esquema acordado, Starlink «donará» 9.978.000 dólares en equipamiento y dos años de servicio, mientras que el Estado aportará 11.898.000 dólares para cubrir la instalación, el soporte técnico y un tercer año de conectividad.

​No obstante, la valuación del proyecto fue establecida de manera unilateral por la propia compañía de Musk. Al prorratear el costo total por cada establecimiento, el precio resultante supera el abono residencial estándar que Starlink comercializa en el país, transformando el mecanismo de «donación» en una pantalla para convalidar un cobro mensual fijado a conveniencia del operador.

​A esta opacidad financiera se suma la falta de planificación. El Enacom apuró la firma sin identificar previamente qué escuelas necesitan la conexión, sin consultar a las provincias ni municipios que las gestionan, y con un Ministerio de Capital Humano carente de capacidad operativa tras el desmantelamiento de sus áreas educativas.

​Esta falta de articulación atenta contra la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Al finalizar el financiamiento nacional al tercer año, las provincias deberán asumir los costos fijados por Starlink. 

Lo que arrancó como una donación terminará operando como la «primera cuota gratis» de un servicio gravoso e imprevisto para presupuestos subnacionales mermados por el ajuste. Además, al estar nominado en dólares, cualquier devaluación del peso disparará automáticamente el gasto presupuestario local.

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​Por si fuera poco, el Anexo II de la Resolución 857/2026 blindó legalmente a la compañía: si una escuela no puede conectarse por deficiencias técnicas locales, Starlink no estará obligada a sustituirla ni a reintegrar los fondos asignados, otorgándole además indemnidad total de responsabilidades.

​En el sector de las telecomunicaciones, operadores locales señalan off the record que el acuerdo expone un claro trato preferencial de Milei hacia Musk. Con apenas dos años y medio operando en el país, Starlink pasará a capitalizar fondos públicos del FSU acumulados durante años gracias a los aportes de las mismas empresas locales que hoy quedaron marginadas de la compulsa.

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