A pocos días de la tragedia en el cuartel de Viacha, el escenario político boliviano se ha visto envuelto en una profunda polarización institucional. Mientras el presidente Rodrigo Paz insinúa un «posible atentado» y apunta contra la oposición, la Fiscalía prioriza las indagaciones sobre seguridad, y el vicepresidente Edmand Lara exige rigor técnico alertando sobre los riesgos de la desinformación oficial.

Dos potentes explosiones registradas el viernes en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 ‘Bolívar’, ubicado en el municipio paceño de Viacha, dejaron un saldo preliminar de nueve fallecidos (en su mayoría militares, de los cuales ocho están identificados), cuatro uniformados desaparecidos y al menos 84 heridos, cuya segunda detonación fue calificada por el Gobierno como de una magnitud considerablemente mayor y sin una causa determinada técnicamente.

???? Explosiones en el Regimiento Bolívar de Viacha dejan 3.600 inmuebles afectados, informó el defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya. pic.twitter.com/Tr3Gg3sR7b

— teleSUR TV (@teleSURtv) September 8, 2026

Desde Cochabamba, tras un acto de la estatal petrolera, el presidente Rodrigo Paz solicitó formalmente al Ministerio Público que investigue «un posible atentado» como una de las líneas prioritarias. En sus declaraciones, el mandatario politizó el suceso al asegurar que «hay gente que quiere que al Gobierno le vaya mal porque quieren retornar y están dispuestos a todo».

Con esta frase, el jefe de Estado direccionó su señalamiento hacia los anteriores gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), buscando fijar una matriz de opinión que vincula el desastre con sectores afines a Evo Morales y a la movilización opositora, atribuyéndoles una supuesta intencionalidad desestabilizadora en medio del dolor de las familias afectadas.

La Fiscalía frena especulaciones: el foco está en la seguridad y el material bélico

Frente a la pretensión del Ejecutivo de politizar las causas de la tragedia, el Ministerio Público ha optado por la prudencia técnica y el rigor investigativo. El fiscal general, Róger Mariaca, advirtió que sería irresponsable adelantar un criterio sobre el origen de las detonaciones cuando las pericias recién comienzan.

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La Fiscalía General ratificó que se abrió un proceso penal contra los responsables bajo los cargos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos. Esta tipificación responde a los informes que confirman la presencia en el lugar de material bélico, pólvora negra y otros elementos contundentes que provocaron el siniestro.

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En la misma línea, el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, detalló que el eje central de las pesquisas se concentrará en evaluar las condiciones de almacenamiento y el cumplimiento de las medidas de seguridad. El Ministerio Público investigará rigurosamente si existieron irregularidades en el resguardo de los depósitos y si se vulneraron los protocolos al permitir el ingreso de personal no autorizado.

La directora nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Helen Camacho, informó que los peritos colectaron 48 bolsas con diversos restos humanos, los cuales se encuentran bajo custodia en la morgue judicial de La Paz. Camacho precisó que personal de genética, recepción de evidencias y tanatología realiza la toma de muestras, y próximamente se convocará a los familiares de los desaparecidos para el proceso de identificación genética.

Vicepresidente Lara rechaza la versión oficial y denuncia desinformación

La respuesta más frontal a la narrativa impulsada por el Ejecutivo provino del propio Palacio de Gobierno. El vicepresidente Edmand Lara confrontó públicamente las insinuaciones del mandatario, quien lo había acusado de tener una actitud dictatorial en medio de la controversia.

Lejos de secundar la teoría del sabotaje político, Lara exigió al presidente que permita a los investigadores avanzar sin interferencias y se concentre en responder institucionalmente a la crisis. «Que diga lo que quiera», aseveró Lara ante los cuestionamientos de la prensa. «Si él (Rodrigo Paz) habla de atentados, bueno pues, que sean las investigaciones que la demuestren, pero que él deje avanzar las investigaciones», senteció.

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El segundo Mandatario exigió que el Estado asuma una responsabilidad directa a través del presidente, pidiendo la reparación e indemnización de los familiares de los fallecidos, la atención médica integral de las personas heridas y la reconstrucción de la infraestructura dañada.

Lara cuestionó con dureza la versión oficial al advertir sobre las consecuencias de la desinformación: «Mientras el Presidente le siga mintiendo al país, el único que pierde es él, y lo más lamentable es que pierden las familias bolivianas», expresó, reiterando que mantiene la conciencia tranquila y en la espera de que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

Suspensión de labores de rescate y medidas legislativas

En el plano operativo, el Ejército de Bolivia dispuso la suspensión temporal de las tareas de remoción de escombros y búsqueda de los 4 efectivos desaparecidos. La medida preventiva se adoptó debido a que el uso de taladros y equipos podría generar un mayor debilitamiento de la infraestructura afectada, ya que en la zona existen bienes precintados, a la espera de que instancias especializadas garanticen el desalojo del material existente y determinen que el área reúne las condiciones seguras.

Paralelamente, el Senado aprobó una resolución de atención y reparación integral a las víctimas que exige una compensación económica por daños materiales e inmateriales para civiles y militares.

La instancia legislativa planteó la asignación de recursos extraordinarios para la atención médica, quirúrgica, farmacológica y rehabilitación de los heridos, además de solicitar al Ejecutivo la identificación, retiro y neutralización de cualquier material peligroso remanente en el área.

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