La política de ajuste económico implementada bajo la gestión del presidente Javier Milei provocó una acelerada contracción en la estructura industrial de Argentina. Informes elaborados por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y el centro de estudios Fundar confirman la desaparición de más de 32.000 empresas, la parálisis productiva responde principalmente a la combinación entre el desplome persistente del consumo interno y el aumento desmedido de los costos operativos.

Frente a la crisis del sector, comercios y pequeñas y medianas empresas impulsaron una campaña nacional para visibilizar la imposibilidad de sostener el modelo económico vigente. Los gremios industriales alertan que las ventas minoristas cayeron un 13 por ciento desde noviembre de 2023, el retroceso responde a la pérdida acelerada del poder adquisitivo salarial, el endeudamiento de los hogares y la pérdida de puestos de trabajo formales.

El impacto sobre el tejido manufacturero supera en velocidad a los ciclos de contracción registrados durante las Administraciones de Carlos Menem y Mauricio Macri. Investigadores del centro Flacso-Cifra detallan que la producción industrial sufrió un retroceso del 9,2 por ciento en 2024, esta tasa de disminución anual duplica el promedio observado entre 2016 y 2019, cuando la actividad fabril caía a un ritmo del 3,6 por ciento.

Datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo confirman la eliminación de más de 97.000 empleos formales en el sector manufacturero, junto al cierre de 4.300 plantas fabriles. Paralelamente, el uso de la capacidad instalada cayó al 58,5 por ciento, dejando inactivos a cuatro de cada diez centros productivos del país, las cifras ubican a la nación en la menor cantidad de empresas empleadoras registradas en los últimos 19 años.

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El impacto territorial de la recesión abarca a 23 de las 24 provincias argentinas con disminuciones significativas en el número de firmas activas. Los retrocesos más pronunciados se concentran en La Rioja, Tierra del Fuego y Catamarca, acumulando además cierres masivos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Capital Federal. El ingreso desregulado de productos importados y el alza en tarifas de servicios públicos agravan la viabilidad operativa.

Organizaciones pymes reiteraron la necesidad urgente de establecer medidas de protección al mercado interno y esquemas de crédito fomento para detener el desmantelamiento productivo. Los representantes del sector advierten que la continuidad de las políticas actuales profundizará el deterioro socioeconómico en los principales aglomerados urbanos. La falta de respuestas oficiales mantiene en alerta a las cámaras empresariales de todo el territorio nacional.

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