Organizaciones de derechos humanos y de defensa de la prensa en Argentina condenaron este sábado las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien sugirió «quemar en la hoguera» a comunicadores que investigaron un caso vinculado a una criptomoneda, un hecho calificado por el sector como una agresión sin precedentes que pone en riesgo la libertad de expresión en el país sudamericano.

Las controversiales expresiones del mandatario argentino se emitieron el viernes durante una cena organizada por la Fundación Faro, un centro de pensamiento de ultraderecha. La intervención ocurrió pocas horas después de que la Justicia dictara el sobreseimiento en la causa judicial de la criptomoneda $LIBRA, un activo digital difundido por Milei en febrero de 2025 cuyas fluctuaciones abruptas perjudicaron a miles de inversores.

Durante su discurso, el jefe de Estado arremetió de manera directa contra comunicadores que cubrieron las indagatorias sobre el caso, a los que acusó de divulgar información falsa y de coordinar una supuesta operación política contra su administración.

«Sepan que los hijos de puta en Argentina no van a tener piedad. (…) Acá a los buenos les tiene que ir bien, los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta», aseveró el gobernante, nombrando de manera específica a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni y Paulino Rodrigues, del diario La Nación; a Natalia Volosín, del medio Perfil, y a Luis Novaresio, del canal A24.

Alerta institucional y advertencias sobre la violencia oficial

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) denunció que la alusión a la hoguera, combinada con la identificación pública de los profesionales, marca un salto cualitativo en la hostilidad gubernamental hacia la prensa. La entidad advirtió que este tipo de lenguaje legitima la violencia frente a quienes cumplen labores informativas y los expone a peligros tangibles.

«El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, no de convertirlos en blanco», remarcó la organización, que instó al mandatario a detener la estigmatización y solicitó a los líderes políticos, legisladores y diferentes instituciones que fijen postura ante lo sucedido.

En la misma línea, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó lo ocurrido como una «escalada autoritaria» mediante una publicación en su cuenta de la red social X, donde subrayó que los agravios y la difamación contra la labor informativa deben tener un límite. El organismo apuntó que cuando el máximo representante del Estado señala públicamente como enemigos a los críticos, se abre la puerta a agresiones y se restringe el debate democrático.

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Asimismo, el CELS recordó que este episodio no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un escenario continuo de hostigamiento, ataques en plataformas digitales y represión contra trabajadores de la comunicación en manifestaciones públicas.

Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se sumó a las condenas y exigió una respuesta inmediata de los actores políticos y mediáticos para frenar los ataques. «No habrá lugar para lamentos si la violencia que promueve el Presidente termina convirtiéndose en hechos», enfatizó el gremio en un comunicado en el que trasladó su respaldo solidario a los comunicadores afectados.

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