El aparato judicial de Comodoro Py puso en marcha este viernes 23 de octubre un nuevo juicio por las causas unificadas Hotesur y Los Sauces, contra Cristina Kirchner, esta vez acompañada en el banquillo por su hijo, el diputado Máximo Kirchner, quien figura formalmente en el banquillo de los acusados junto a otros 17 imputados.

El Tribunal Oral Federal Número 5 autorizó a la expresidenta y al legislador nacional a presenciar la sesión de apertura de manera virtual, tras contar con el voto favorable de los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni. La resolución judicial buscó coordinar la agenda parlamentaria del diputado y simplificar los operativos de traslado desde el domicilio donde la exmandataria cumple prisión preventiva.

Esta modalidad remota fue concedida con carácter excepcional únicamente para la lectura formal del escrito de acusación y el auto de elevación a juicio, debido a los escasos márgenes organizativos tras la reciente unificación de los expedientes. El cuerpo magistrado ratificó que las audiencias posteriores mantendrán un esquema estrictamente presencial para todos los procesados en la sede judicial.

El proceso penal abarca un total de 19 personas investigadas, entre las que figuran los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Las audiencias de debate quedaron fijadas para los días lunes, viernes y sábados, reservándose además las semanas del receso judicial del mes de enero de 2027 para garantizar la continuidad ininterrumpida de las sesiones.

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Los jueces del tribunal reiteraron que la presencia física de los abogados defensores será obligatoria en todas las jornadas estipuladas por la agenda de la Sala AMIA. Las solicitudes relativas a intervenciones telemáticas posteriores serán analizadas de forma individualizada bajo criterios de fundamentación técnica o motivos de salud severamente justificados.

El volumen de testimonios previstos superaba inicialmente las 300 declaraciones, pero las partes querellantes y las defensas acordaron reducir la nómina para agilizar la dinámica de los interrogatorios. La medida pretende optimizar la recepción de pruebas materiales y acelerar el desarrollo de un proceso clave para la jurisprudencia del país.

El expediente se tramita por el delito de lavado de dinero. La acusación sostiene que los Kirchner supuestamente compraron hoteles y departamentos, los alquilaron a empresarios, sobre todo a Lázaro Báez, y por esa vía blanquearon dinero ilegal originado en la obra pública.

La defensa, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, mantiene una versión opuesta. Los inmuebles se compraron en blanco, con fondos provenientes de todas las propiedades que tenía la familia, incluidas numerosas que poseían desde antes de que Néstor Kirchner fuera intendente de Río Gallegos, todo eso ya fue sobreseído en tres causas por enriquecimiento ilícito.

Los alquileres, agregan los abogados, se hicieron en blanco, facturados, bancarizados y a precios de mercado. De esa manera no podían encerrar coimas ni dinero de la obra pública, que también opera en blanco.

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Este planteo ya había sido revisado por la justicia. En noviembre de 2021, los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado sobreseyeron a todos los imputados, con la disidencia de Adriana Palliotti. Se apoyaron en un peritaje contable posterior a la elevación a juicio que concluyó que no hubo perjuicio y que el dinero de los alquileres estaba bancarizado. Por lo tanto, no hubo delito.

Beraldi insistió siempre en que los hoteles funcionaban, cobraban y pagaban impuestos como cualquier otro negocio. En septiembre de 2023, la Sala I de la Cámara de Casación revocó aquel sobreseimiento y ordenó realizar el juicio. El giro resultó llamativo.

La Casación apartó a los dos jueces que habían sobreseído y dejó a Palliotti, la magistrada que votó por condenar a los Kirchner. Las primeras jornadas del proceso son monótonas porque se lee la acusación. La lectura consumió la audiencia del viernes y continuará el lunes 26 y el viernes 30 de octubre.

Los imputados fueron autorizados a seguir el debate de manera remota. Cristina Kirchner lo hizo desde su casa de San José 1111, Máximo desde su oficina en el Congreso y Lázaro Báez desde el penal donde cumple condena por la causa Vialidad.

El inicio del juicio llega precedido de un episodio que la fuente describe como bochornoso. La Cámara de Casación le ordenó al Tribunal Oral Federal 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, que realizara un único proceso con Hotesur-Los Sauces y que lo iniciara este viernes.

Es la primera vez en la historia que la Casación ordena cómo debe hacerse un juicio, una facultad que corresponde a cada tribunal oral. La política presionó tras la resolución de la Corte, y en 72 horas tuvieron que unificar los expedientes. Hubo abogados que reclamaron porque estaban preparados para comenzar Hotesur en marzo. Además, no está terminada una pericia decisiva sobre los precios de los alquileres.

Para eludir el grotesco, solo se leyó la acusación de Los Sauces. El eje de Los Sauces es la facturación de la inmobiliaria de la familia. Según el requerimiento, el 88 por ciento de lo que cobró la firma entre 2009 y 2016 provino de empresas de Báez, 6,85 millones de pesos, y del Grupo Indalo de López y De Sousa, 18,55 millones en forma directa y otros 561.665 pesos a través de Idea SA, de Osvaldo Sanfelice.

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