Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de otras casas de altos estudios de Argentina realizaron este miércoles una sentada en el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, para exigir al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según denunciaron los estudiantes, la protesta terminó con represión de la Policía Federal, que los desalojó del edificio con gases lacrimógenos y el uso de escudos.

La acción se produjo un día después de que la Justicia declarara inconstitucional el decreto 759/2025, con el que el presidente ultraderechista evita aplicar la ley al argumentar que el Congreso no asignó fuentes de financiamiento. El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, hizo lugar a un amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó al Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la norma.

La protesta comenzó frente al edificio, en el barrio porteño de Recoleta, y derivó en el ingreso de alrededor de cien estudiantes al hall. Según los estudiantes, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, no los recibió ni respondió a sus reclamos, y convocó a la policía.

«Se nos acabó la paciencia. Y no nos vamos a ir de acá hasta que se comprometan a cumplir con los reclamos», afirmó Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) de la UBA. «Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la justicia ya sentenció», agregó.

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Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, explicó a El Destape que la medida reúne a estudiantes de distintas universidades del Área Metropolitana de Buenos Aires y que se trata de una juntada pacífica.

Recordó que la ley se aprobó hace más de un año y que la Justicia ya dictaminó que el incumplimiento del Gobierno es inconstitucional, incluido el aumento de las becas Progresar. Consideró que la actitud del oficialismo «no es normal».

El principal pedido, además del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, es el aumento de las becas Progresar. El artículo 6 de la ley establece que los programas de becas deben recomponerse según la inflación acumulada entre el 10 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma. Los estudiantes también reclaman el boleto educativo, políticas de salud mental y más recursos para residencias y comedores universitarios.

Según un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), a raíz de las políticas ejecutadas por el Gobierno de Milei, en 2026 el sistema de educación pública superior registró un presupuesto del 0,428 % del PBI, el más bajo desde 1989.

La sentada fue la primera acción de una semana de protestas que culminará el 15 de octubre con la quinta Marcha Federal Universitaria. Ese día, la oposición convocó una sesión especial en el Congreso para tratar también la Emergencia en Discapacidad y la derogación del DNU 70/2023, que modificó o derogó decenas de leyes y regulaciones en 366 artículos. Se espera que un amplio ábanico de organizaciones sociales, políticas, campesinas e indígenas tomen las calles durante la jornada.

En Argentina, la Corte Suprema rechazó el amparo presentado por excombatientes de las Malvinas y ratificó la derogación de la Ley de Tierras. De este modo, se eliminan las restricciones que limitaban la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Bajo el lema “La soberanía no se negocia”, los veteranos marcharon para advertir sobre los riesgos que esta medida podría representar para el control de los recursos naturales y del territorio nacional. No se trata de una disputa por el archipiélago; es una lucha por la defensa de las tierras argentinas. #LeyDeTierras #Argentina #CorteSuprema #DNU #7oct

— teleSUR TV (@teleSURtv) October 7, 2026

Respuesta del Gobierno

El Ministerio de Capital Humano anunció que denunciará judicialmente la toma por «una ocupación violenta del edificio» y por «daños al patrimonio público». Aseguró que el edificio se recuperó mediante un operativo coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, y con la Policía Federal.

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«No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta», sostuvo el ministerio. Y concluyó: “el derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”.

«Por medio de la ley jamás cumpliste», le respondió en redes sociales la diputada nacional Myriam Bregman a la ministra Sandra Petovello, recordando que el Gobierno ultraderechista incumple desde octubre de 2025 la Ley de Financiamiento Universitario.

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