Negociar con «la amenaza rusa»: euroburócratas hipotecan lo público al servicio del rearme
Bajo la presunción de un peligro de agresión por parte de Rusia, los Gobiernos europeos emprendieron una carrera armamentista que a largo plazo incidirá de manera negativa en las politicas de bienestar
La llamada “amenaza rusa” aparece no solo como un argumento de política exterior, sino también como una herramienta para respaldar el giro militarista que gana fuerza en Europa. Foto: Parlamento Europeo
11 de octubre de 2026 Hora: 13:43
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La supuesta amenaza rusa ocupa un lugar central en el discurso de los Gobiernos europeos. Mientras el continente enfrenta problemas como el encarecimiento de la energía, la inflación y otras dificultades económicas que debilitan el Estado de bienestar, líderes europeos vuelven a presentar a Moscú como un peligro permanente para la seguridad regional.
Aunque Rusia ha rechazado enfáticamente las acusaciones, varios Gobiernos continúan alimentando ese escenario. La advertencia de una eventual agresión rusa sirve para promover una mayor preparación militar, justificar un rearme de 800.000 millones de euros (más de 896.000 millones de dólares) y mantener el respaldo político, financiero y armamentístico a Ucrania.
Se prevé que los Gobiernos europeos gasten entre 2025 y 2030 alrededor de 1.2 billones de euros (más de 1.344 millones de millones de dólares). Esto equivale al presupuesto total de la Unión Europea (UE) para seis años.
Los portavoces estrella de la rusofobia
En los meses recientes, una de las voces más insistentes dentro de la rusofobia es el ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, quien incluso recomendó a la población preparar mochilas de evacuación. Este año, autoridades polacas distribuyeron materiales con instrucciones para actuar frente a distintas situaciones de emergencia, entre ellas las vinculadas con posibles acciones militares.
Para Sikorski, la supuesta amenaza procedente de Moscú persistirá más allá de la operación militar especial en Ucrania. “Incluso si el conflicto termina mañana, Rusia seguirá siendo una amenaza”, afirmó durante un acto en Varsovia en que llamó a no subestimar lo que calificó como el “militarismo” ruso.
El discurso no se limita a declaraciones públicas. En una conversación telefónica el año pasado con los conocidos bromistas rusos Vovan y Lexus, quienes se hicieron pasar por funcionarios ucranianos, el ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, sostuvo que Rusia “siempre será un enemigo y una amenaza para la seguridad europea”.
La afirmación evidencia hasta qué punto la idea de un adversario ruso permanente se ha instalado entre sectores de las élites políticas europeas, que fabrican un enemigo para capear la crisis en el modelo de bienestar y oxigenar la economía.
La histeria contra Moscú también prendió en Bélgica. Su ministro de Defensa, Theo Francken, calificó a Rusia como la principal amenaza para la seguridad de Europa. Meses atrás el funcionario intentó desinformar acerca de la supuesta presencia de drones rusos sobre territorio belga, pero sus dichos fueron posteriormente cuestionados.
Francken aseguró que radares detectaron esos aparatos incluso sobrevolando instalaciones militares. Sin embargo, medios belgas pusieron en duda la versión. El canal VRT informó que no existían pruebas de la presencia de los drones y señaló que las afirmaciones del ministro estarían vinculadas con su intención de obtener mayores recursos para el área de defensa.
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Lejos de disipar las dudas, Francken volvió a recurrir posteriormente al mismo argumento con relación a Moscú. El episodio ilustra cómo, en medio del debate europeo sobre el rearme y el desfinanciamiento de programas sociales, las «advertencias» sobre Rusia se instrumentalizan para instalar un clima de temor y ampliar los presupuestos militares.
Cuando los drones no encajan en el relato
En medio de tamaña histeria, la caída de drones en territorio de países de la OTAN fue recibida por jerarcas europeos como una oportunidad para batir tambores de guerra contra Moscú. Los incidentes parecían ofrecer la pieza que faltaba para reforzar el relato del terror. Sin embargo, había un inconveniente: los drones señalados eran de origen ucraniano.
Los aparatos, cuyo uso por parte de Kiev cuenta con el respaldo militar y financiero de países de la propia alianza atlántica, provocaron daños materiales en al menos tres Estados europeos: Rumanía, Letonia y Estonia. Pese a ello, Gobiernos de la UE evitaron responsabilizar a Volodymir Zelenski y sostuvieron que Rusia habría desviado los drones mediante sus sistemas de guerra electrónica.
La acusación contra el Kremlin, sin embargo, carecía de pruebas concluyentes que permitieran establecer quién había lanzado los aparatos y cuál había sido su trayectoria. Ante las dudas, el presidente ruso, Vladímir Putin, propuso realizar una investigación imparcial en el país euroasiático para determinar el origen de los drones.
La propuesta no tuvo acogida y las pesquisas quedaron circunscritas al ámbito europeo, una decisión que evitó someter a una verificación independiente una acusación que resultaba conveniente a la OTAN. Una investigación imparcial podía poner en duda el relato construido sobre la supuesta responsabilidad rusa y debilitar uno de los argumentos utilizados para reforzar la rusofobia y justificar una carrera armamentista.
Del temor a Moscú al negocio del rearme
Tras el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, en febrero de 2022, Europa aceleró de manera significativa sus planes de militarización. Desde entonces, el aumento del gasto militar pasó a ocupar un lugar cada vez más destacado en la agenda de la UE junto con el impulso a su industria armamentística y la búsqueda de nuevos mecanismos para financiarla.
Aunque existen diferencias entre los Estados sobre el alcance y las vías para alcanzar estos objetivos, existe consenso dentro del Consejo de la UE en torno a elevar el gasto militar, reforzar la capacidad industrial y tecnológica del sector y facilitar el acceso de los Gobiernos a financiación pública y privada.
El incremento del gasto ya había comenzado antes de 2022. En la cumbre de la OTAN de 2014, los aliados acordaron avanzar hacia un gasto equivalente al 2% del PIB en defensa durante la década siguiente, mientras que en Madrid, en 2022, reafirmaron ese compromiso y señalaron que el 2% debía considerarse un umbral mínimo y no un límite máximo.
La posterior estrategia resultó más ambiciosa. En marzo de 2025, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el plan ReArm Europe/Readiness 2030, con el propósito de movilizar hasta 800.000 millones de euros adicionales (más de 896.000 millones de dólares) para inversiones en defensa.
Entre otros objetivos, la iniciativa contempla ampliar el presupuesto militar de los Estados miembro y crear el mecanismo Security Action for Europe (SAFE), dotado con hasta 150.000 millones de euros (más de 168.000 millones de dólares) en préstamos para compras conjuntas de equipamiento militar.
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Apelando a una narrativa que manipula emocionalmente al sujeto común, Von der Leyen justificó el viraje de este modo: “Si Europa quiere evitar la guerra, Europa se tiene que preparar para la guerra”. Este plan de rearme contempla que los recursos destinados a defensa puedan quedar temporalmente fuera de ciertas restricciones fiscales, mediante la activación de la cláusula nacional de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La Comisión calcula que dicha «flexibilización» podría generar cerca de 650.000 millones de euros (más de 727.000 millones de dólares) de margen fiscal durante cuatro años si los Estados incrementan su gasto militar en hasta 1,5% del PIB anual.
Pero el SAFE no es todo sonrisas, pues los Estados contraerán deuda. Los recursos no constituyen subvenciones directas, sino préstamos que habrán de devolver y estarán pagando las siguientes generaciones. En marzo pasado, el endeudamiento de Italia alcanzaba el 138% del PIB. Pese a ello, el Gobierno de la derechista Giorgia Meloni acordó aumentar el gasto militar y elevarlo desde los 45.000 hasta los 61.000 millones de euros (de más de 50.000 hasta más de 68.000 millones de dólares) durante los próximos dos años.
Este mecanismo trata de favorecer adquisiciones conjuntas e integrar las industrias de defensa: las reglas establecen requisitos de contenido para que una parte sustancial de los componentes adquiridos proceda de la UE, del Espacio Económico Europeo o de Ucrania.
Pero incluso este aspecto suscita contradicciones, como anteponer el interés nacional a la proyección comunitaria. La fragmentación de pedidos de sistemas de armas diferentes dispara los gastos. Alemania encargó 200 nuevos vehículos de combate de infantería Puma a un proveedor, al que pagará 20 millones de euros por unidad (más de 22 millones de dólares), mientras que otros nueve países se equiparán con 1.000 unidades del vehículo de combate de infantería CV90, de similares estándares, que fabrica otra empresa, al costo unitario de 10 millones de euros (más de 11.000 millones de dólares).
Expertos consideran que la colisión de intereses divergentes malogró el proyecto de Alemania y Francia de producir un caza de nueva generación, debido a que la francesa Dassault no quiso compartir el liderazgo con Airbus, el consorcio franco-alemán-español. Para cuando el canciller alemán Friedrich Merz anunció el final del proyecto, ya este había costado a Berlín un estimado de 1.000 millones de euros (más de 1.100 millones de dólares).
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De acuerdo con estimados del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, los Gobiernos «han perdido y siguen perdiendo aproximadamente 44 céntimos por cada euro invertido en equipamiento de defensa debido a la falta de un enfoque común integrado».
El senador italiano Bruno Marton, del Movimento 5 Estrellas (5 Stelle), consideró que «no tiene sentido producir todos estos tanques en un país que limita con los Alpes al norte y con el mar por todos lados«. Además, cuestionó si será sensato apostar a sistemas de armas que pronto podrían quedar obsoletos o ineficaces. «Ahora estamos cerrando contratos que se decidieron en 2023. ¿Seguirán siendo útiles cuando la guerra de Ucrania ha cambiado por completo?», preguntó.
Hay un detalle no menos importante: la UE anunció que quiere alcanzar autonomía y no depender de actores externos, pero un tercio de sus actuales importaciones militares procede directamente de Estados Unidos y absorbe cada vez más exportaciones militares de Israel. Para estudiosos del tema, el escenario actual es de vasallaje y no precisamente de independencia.
Entre 2020 y 2025, los contratos militares de Los 27 abarcaron 367.000 millones de dólares de fondos públicos. De ellos, se contrataron compras de armas a proveedores de EE.UU. por un monto de 131.000 millones. De 330 grandes compras, 111 fueron hechas a empresas estadounidenses. Abarcan rubros clave como defensa aérea y antimisiles, tanques, aviones, buques de guerra, explosivos, software, intercambio de inteligencia y piezas/componentes para mantenimientos.
En el caso de Israel, entre 2020 y 2025 representó el 7,7% de las importaciones de armamento de los países europeos de la OTAN, casi el doble de sus ventas durante los cinco años anteriores. Las ventas a la UE representaron el 36% de las exportaciones globales de armas de Israel en 2025, según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por su sigla en inglés).
¿Rearme para reactivar la economía?
En Alemania, al igual que en otros países del bloque comunitario, una parte del debate sobre el rearme gira en torno al papel que puede desempeñar la industria de defensa en recuperar el sector industrial y generar crecimiento económico. Desde esta perspectiva, el aumento de la producción militar es presentado como una vía para dinamizar las economías.
El argumento parte de que mayores inversiones en el ámbito militar pueden traducirse en generación de empleo, crecimiento de la actividad productiva y avances tecnológicos susceptibles de trasladarse a otros sectores. Según el think tank germano Instituto Kiel para la Economía Mundial (IfW), el PIB de la UE podría incrementarse entre 0,9 y 1,5% anual si los Estados miembros elevan su gasto militar hasta el 3,5% del PIB.
En el caso alemán, se estima que destinar el 3% del PIB al rearme permitiría más que duplicar las inversiones anuales en este ámbito, hasta alcanzar unos 25.500 millones de euros (más de 28.500 millones de dólares), además de crear alrededor de 245.000 empleos directos e indirectos y generar cerca de 42.000 millones de euros (más de 47.000 millones de dólares) anuales en producción y servicios.
Destruyendo el tejido laboral y la cohesión social
Los «euroburócratas» plantean la inversión en la industria militar como un motor de crecimiento. Sin embargo, distintos estudios identifican alternativas con una mayor capacidad para generar puestos de trabajo que la inversión en defensa.
El artículo ¿Cañones u hospitales?/La gran estafa del rearme europeo, publicado por el medio iraní Hispantv, el trasvase de recursos millonarios al armamentismo incidirá en desfinanciar las políticas de desarrollo social.
De acuerdo con su autor, el politólogo colombiano Juan Alberto Sánchez Marín, la inversión en sectores civiles de bienestar genera de forma consistente entre un 35 y un 160% más puestos de trabajo por euro que la industria armamentística, según el sector con el cual se compare.
| Sector | Empleos por cada 1.000 millones de euros |
| Educación primaria y secundaria | 16.500 |
| Cuidados y sanidad pública | 13.200 |
| Construcción de vivienda social | 11.800 |
| Electrificación renovable | 9.800 |
| Adquisiciones de defensa | 6.400-7.200 |
Fuente: ¿Cañones u hospitales?/La gran estafa del rearme europeo, de Juan Alberto Sánchez Marín, publicado por HispanTv
Para el autor, este viraje no es coyuntural. La institucionalización de una economía de guerra permanente hará irreversible el desmantelamiento de la cohesión social.
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Con base en estudios previos, Sánchez Marín asegura que esos fondos millonarios habrían permitido: 1) financiar íntegramente los salarios y cotizaciones de 300.000 profesionales de enfermería en los hospitales públicos de la UE a lo largo de diez años; 2) construir más de medio millón de viviendas sociales nuevas y energéticamente eficientes, y 3) rehabilitar térmicamente 6.5 millones de hogares, combatiendo la pobreza energética.
Autor: teleSUR: idg
Fuente: Agencias
