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Canciller uruguayo, Luis Almagro, saluda el retorno de Paraguay al Mercosur (Foto: Archivo)

Canciller uruguayo, Luis Almagro, saluda el retorno de Paraguay al Mercosur (Foto: Archivo)

Publicado 18 febrero 2014

Hablar de la situación de las semillas agrícolas en México es entrar en un tema muy amplio en términos de la gran diversidad de cultivos que posee nuestro país y de las multiplicidades regionales que presenta la producción agropecuaria. Por ello me centraré en los cultivos de mayor importancia en términos económicos y sociales, así como en las políticas públicas que han venido moldeando la correlación de fuerzas económicas que determinan la producción comercial de semillas en México.

Con las políticas neoliberales aplicadas en nuestro país a principios de la década de los años noventa del siglo XX, la industria semillera nacional (que se centró sobre todo en la producción de semillas mejoradas de trigo, arroz, maíz, frijol, algunos forrajes y oleaginosas) creada y administrada por el Estado fue desmantelada gradualmente hasta su completa liquidación. La investigación agrícola nacional que hacía el Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria para el mejoramiento genético y la producción de semillas también se fue reduciendo progresivamente.

Este proceso de privatización de toda el aparato productivo manejado por el Estado, que venía sosteniendo buena parte de la actividad económica agropecuaria del país, se acompañó tanto de reformas legales, como de la privatización de la propiedad social agraria y la creación de nuevas leyes en materia de producción y comercialización de semillas, bioseguridad y manejo y protección de la biodiversidad.

En general estos cambios tienen la intención de reducir la participación del Estado en el desarrollo económico nacional y, de manera específica, en la producción agropecuaria, así como facilitar la explotación comercial de los recursos fitogenéticos. En este sentido, cabe desatacar que México pasó de tener un mercado de semillas casi totalmente abastecido por el propio Estado o los agricultores, a un nuevo escenario donde la producción y distribución de semillas para la siembra de las principales regiones con alto potencial productivo y económico está en manos de empresas privadas, la mayoría de ellas trasnacionales.

Es así como las empresas Pionner y Monsanto acaparan cerca del 95 % del mercado de semillas híbridas de maíz; algo similar sucede con las semillas de hortalizas, cuya importancia económica ha crecido en las últimas décadas ante el incremento en su consumo (sobre todo en las ciudades) y con fines de la exportación. Las compañías trasnacionales también controlan la mayor parte del mercado de semillas para flores, forrajes y algodón.

Podemos observar que la intención de las diferentes reformas legislativas en materia agrícola, de semillas y de manejo de la biodiversidad han tenido el objeto de incrementar el grado de mercantilización de la agricultura (asesoría, insumos, productos, financiamiento, distribución, etc.), y de crear las condiciones para que los grandes capitales nacionales y extranjeros se aprovechen de dicho proceso obteniendo grandes utilidades.

Al mismo tiempo, el abandono de la agricultura por la migración y la política de sustitución de variedades nativas y criollas por semillas híbridas o mejoradas en ciertas zonas del país ha ocasionado la desaparición de numerosos materiales domesticados localmente. Aunado a esta situación, empresas como Monsanto ejercen constante presión sobre el gobierno mexicano y se articulan con científicos, funcionarios públicos y organizaciones de productores para lograr la autorización de cultivos transgénicos en el país, específicamente maíz y soya (para algodón ya lo han logrado).

El caso del maíz tiene un lugar especial pues México es centro de origen y domesticación de dicho cultivo y éste representa un elemento clave en la alimentación de su población (sobre todo en lo que respecta al suministro de carbohidratos); además, dicho cultivo constituye un elemento cultural y de identidad estratégico para todos sus pueblos indígenas y para la mayor parte de los mexicanos.

Numerosas organizaciones de la sociedad civil, grupos campesinos e investigadores han conformado un amplio y diverso frente de lucha para proteger al maíz nativo de la amenaza que representa la entrada del maíz transgénico (figuran entre estos movimientos la iniciativa Sin Maíz No hay País, la Red en Defensa del Maíz y el Carnaval del Maíz).

Actualmente, gracias al trabajo de un grupo de científicos, artistas y miembros de la sociedad civil, se logró detener de forma temporal toda actividad de siembra experimental y comercial de maíz transgénico a través de un recurso judicial que pone en tela de juicio la viabilidad de este cultivo en México. El proceso judicial continúa y todavía no se ha dicho la última palabra con respecto a su aprobación o suspensión definitiva; sin embargo, este hecho da tiempo a la sociedad civil para emprender diversas acciones para enfrentar la presión de la las empresas trasnacionales.

Si bien los efectos de la actual legislación de semillas, en cuanto restringe legalmente la capacidad de los agricultores para comercializar libremente sus semillas a través de los proceso de certificación, también es cierto que la mayor parte de los agricultores tradicionales, con menores recursos económicos en México, siguen haciendo intercambios más allá de las disposiciones legales, comprando y vendiendo sus semillas dentro de las ferias y mercados regionales, así como en su propias casas, lo que constituye un elemento que difícilmente será controlado o regulado, sobre todo porque las variedades originarias o criollas de maíz, frijol, calabaza y algunas plantas forrajeras sólo pueden encontrarse en esos sitios, están adaptadas a las condiciones agroecológicas, presentan características degustativas exclusivas para las comunidades que las producen y consumen, además de ser mucho más baratas que las semillas certificadas y de fácil propagación.

El riesgo potencial más fuerte se ubica en que estas especies y variedades (sobre todo en el caso del maíz) queden contaminadas por los genes transgénicos y que la enorme diversidad de cultivos y variedades tradicionales se convierta en el gran botín de la biopiratería que las compañías biotecnológicas están desarrollando bajo los nuevos materiales transgénicos y sisgénicos, que buscan crear semillas con mejor adaptación edafoclimática y eficiencia en el aprovechamiento de los recursos (agua y nutrientes), o la creación de alimentos nutracéuticos para los nuevos mercados de comida funcional y la producción de vegetales con uso potencial para biocombustibles.

Del otro lado están los agricultores de nivel medio que producen mayores volúmenes de maíz y granos para el mercado nacional, así como de flores y hortalizas, quienes hoy dependen más que nunca a de las semillas híbridas y mejoradas comercializadas principalmente por las empresas trasnacionales; ellos son los más inmediatamente vulnerables en términos económicos ante este nuevo panorama de las semillas privatizadas y de agricultura de insumos biotecnológicos.

Fuente: http://bit.ly/1e4716p


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