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Una Ley de amnistía supone el perdón de un delito, la promulgación de una medida como esa implica el "olvido" de los crímenes cometidos por una persona de forma absoluta, de hecho, los delitos quedan eliminados al igual que todo tipo de responsabilidad.
La naturaleza política de la amnistía, cuya promulgación recae constitucionalmente en el poder Legislativo, le permitiría a la nueva Asamblea Nacional promulgar por decreto o por la Ley el perdón a los crímenes cometidos, sin embargo, esa Ley debe ser aprobada por el Presidente de la República -representante del poder Ejecutivo- y por el Tribunal Supremo de Justicia, instancia del poder Judicial y máximo intérprete de la Constitución del país.
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Casos de responsabilidad en asesinatos, estafas, intentos de golpes de Estado y corrupción de parte de activistas políticos vinculados a la oposición podrían ser “olvidados” y promover la impunidad de los crímenes contra el pueblo venezolano.
De acuerdo al portal unidadvenezuela.org el objeto de la Amnistía general y plena promovida por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, sería en “favor de personas implicadas en casos investigación criminal, administrativa, disciplinaria o policial, y sometidas a procedimientos administrativos o penales y que supondría la finalización de las inhabilitaciones políticas y los procedimientos relativos al allanamiento de la inmunidad parlamentaria”.
El principal objetivo de esta propuesta de Ley es liberar al dirigente opositor Leopoldo López, responsable de la muerte de 43 personas durante las guarimbas, así como obtener la impunidad para los implicados en actos terroristas que promovieron y participaron en actos contra la estabilidad política de Venezuela, tal es el caso de Daniel Ceballos, condenado por la comisión de los delitos de rebelión y agavillamiento.
Muchos de los que se beneficiarían con la amnistía huyeron del país para evitar entregarse a la justicia y enfrentar el debido proceso por la comisión en muchos casos de “delitos comunes”, tal es el caso de Manuel Rosales, ex alcalde de Maracaibo imputado en 2008 por enriquecimiento ilícito.
Como parte de su campaña electoral, los ahora diputados representantes de la derecha venezolana, plantearon la promulgación de una Ley de amnistía para dejar en libertad a dirigentes opositores imputados por su responsabilidad en casos de violación de derechos humanos, también a los prófugos de la justicia y promotores de violencia, como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane.
No se trata sólo de los implicados en las guarimbas de 2014, sino de quienes participaron, promovieron y financiaron disturbios y ataques contra el pueblo venezolano desde 2002.
"Como jefe de Estado lo digo: no aceptaré ninguna ley de Amnistía porque se violaron los derechos humanos y así lo digo y así lo planto, me podrán enviar mil leyes pero los asesinos de un pueblo deben ser juzgados y deben pagar", Nicolás Maduro.
El artículo 29 de la Constitución de Venezuela excluye de la posibilidad de amnistía los delitos de lesa humanidad (los cuales no prescriben). En el caso de Leopoldo López, sentenciado a 13 años de prisión por su relación con las guarimbas y señalado como responsable de la muerte de 43 personas durante esos actos violentos.
De aprobarse esta Ley, Nelson Mezerhane presunto autor intelectual en la muerte del fiscal Danilo Anderson y vinculado con delitos de fraude y estafa bancaria, tendría libertad de regresar a la nación suramericana.
El presidente de la República puede, una vez formulada la Ley de Amnistía, vetar el texto de la misma y hacer observaciones sobre la propuesta. La Asamblea debe remitir el texto corregido al Presidente, si éste no la promulga, la AN puede hacerlo por sus propios medios.
La aprobación y promulgación de una amnistía debe apegarse al texto constitucional por lo que el Presidente de la República puede considerar que el contenido viola la Constitución del país y quedaría en manos de la Sala Constitucional del Tribunal supremo de Justicia, quien determinará la adecuación del texto a la Carta Magna, en ese caso, el presidente no promulgará la Ley.
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En el año 2007, el entonces presidente, Hugo Chávez, promulgó vía Ley Habilitante, la única Ley de Amnistía de la historia democrática de Venezuela, según Diosdado Cabello, “ésta legislación fue aprobada en el 2007 por el presidente fallecido Hugo Chávez, y ahora los opositores están pidiendo ‘como unos santos corderitos’ la aplicación de esta ley”. 36 personas implicadas y procesadas judicialmente por su participación en el golpe de Estado de abril de 2002, el sabotaje petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003, así como otros crímenes relacionados se beneficiaron de esta medida.
