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El 18 de julio de 1994 la Asociación Mutual Israelita (AMIA) en Argentina fue el blanco de un ataque terrorista. La explosión de un coche bomba en el lugar acabó con la vida de 85 personas y dejó un saldo de 300 heridos.
Alrededor de las 09H53 local (12H53 GMT) de aquel día, una camioneta Renault Trafic blanca detonó frente a la sede de la AMIA, ubicada en la calle Pasteur 633 del barrio judío de la ciudad de Buenos Aires (capital), lo que ocasionó la destrucción total del edificio.
De la cifra de fallecidos, 67 se encontraban dentro del recinto y otras 18 transitaban cerca del lugar.
En 2004 el entonces presidente Néstor Kirchner designó al fiscal Alberto Nisman (fallecido en 2015) para que investigara el suceso. Éste acusó a Irán y a la agrupación Hezbolá de la autoría intelectual de la tragedia, y solicitó una orden de captura contra cinco iraníes: el exministro de Defensa Ahmad Vahidi, el exministro de Información Alí Fallahijan, el exasesor gubernamental Mohsen Rezai, el exagregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani, el exfuncionario diplomático Ahmad Reza Ashgari, y el libanés: Imad Fayez.
En marzo de 2007 Interpol puso a los sospechosos del atentado en el sistema rojo de notificaciones, para la orden de búsqueda y captura.
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Víctimas piden justicia
Tras 23 años de esta tragedia, los representantes de diferentes organizaciones sociales, familiares y amigos de las víctimas, llevan adelante un renovado pedido de justicia a autoridades de la AMIA y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
Con la consigna “La memoria nos une”, estas personas exigen que se retome la investigación que desde hace varios meses quedó "estancada".
Según medios locales, los fiscales que se hicieron cargo del caso tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien tenía a su cargo la investigación, encontraron testigos que nadie escuchó, un cadáver cuya identidad se ignora pero al que sin autorización de nadie le cortaron los diez dedos, material genético de las víctimas y del supuesto atacante suicida que debe re-analizarse, documentos en muy malas condiciones y que no fueron consultados, papeles y funcionarios amparados todavía por un secreto que sirvió para alejarlos de la justicia.
La Unidad Fiscal de Investigaciones dedicada a las causas del atentado a la AMIA, está integrada por los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini.
Entre varias hipótesis de la central de la investigación, destaca la de los altos funcionarios iraníes que decidieron atentar contra la AMIA a través de miembros de la organización terrorista libanesa Hezbollah. El hecho habría contado “con participación de nacionales argentinos” aunque también sostienen “sin perjuicio de la tramitación de otras líneas no necesariamente consistentes con esa tesis que también deben ser evaluadas”.
Nuevas acusaciones sobre el caso
Para el 7 de diciembre de 2017, el fiscal federal argentino, Clauido Bonadío, pidió privativa de libertad para el exsecretario legal y técnico durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Zannini, el dirigente sindical Luis D´ Elía y al referente de la comunidad islámica Jorge “Yussuf” Khalil.
Lo mismo ocurre con el excanciller Héctor Timerman pero con beneficio de arresto domiciliario por su estado de salud, además de ordenar disolver la inmunidad parlamentaria de la ahora diputada Cristina Fernández por supuestamente encubrir a los funcionarios iraníes en el atentando de la AMIA.
El magistrado, que investiga también la causa del asesinato del fiscal Alberto Nisman, acusó a CFK de montar “un plan criminal orquestado para dotar de impunidad a los iraníes”, además de considerar que la diputada entorpeció la causa del atentado de AMIA.
Según Bonadio ese encubrimiento se realizó a través del Memorándum de Entendimiento firmado en 2013 por el Gobierno anterior y el de Irán para colaborar con la investigación del atentado. El oficio fue declarado inconstitucional por la justicia argentina en el mandato de Cristina Fernández y el Parlamento Iraní nunca puso en rigor dicha ordenanza.
Los arrestados serán trasladados a los tribunales federales de Buenos Aires para ser notificados del proceso en el cual están involucrados.
