Fuerte respaldo de comunidad internacional a CPI ante nuevas sanciones de EE.UU.
Rubio, Trump y Netanyahu tildan a la CPI de «tribunal ilegítimo» y «amenaza mortal para las democracias respetuosas de la ley». Gobiernos y entes como la UE y la ONU la respaldan como «un pilar» del sistema jurídico global. La CPI advierte que «no se dejará desanimar».
Sede de la CPI, en La Haya. Las sanciones de Trump llegan horas después de que la exjueza Navi Pillay, clave en el proceso por el genocidio en Gaza, fuera galardonada con el Nobel de la Paz. Washington califica a la CPI como «amenaza», mientras la comunidad internacional la considera un pilar del sistema jurídico multilateral y la rendición de cuentas. Foto: EFE.
9 de octubre de 2026 Hora: 20:07
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La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó este viernes las nuevas sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump, que mantiene su ofensiva contra la institución multilateral, y afirmó que continuará trabajando «con independencia e imparcialidad».
La medida coercitiva de Washington «se dirige a una institución judicial independiente, creada por tratado y encargada por 125 Estados partes para investigar y procesar genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión», recordó la CPI en un comunicado.
El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto esta vez sanciones a la CPI como institución, un paso sin precedentes que sigue a una serie de designaciones coercitivas contra 17 jueces y fiscales independientes en esa institución, creada bajo el Estatuto de Roma (1998) y que empezó a funcionar en 2003 sustituyendo a los tribunales ad hoc creados en los 90 para abordar crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda.
«Nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia», dijo la CPI en su comunicado este viernes en respuesta a las nuevas sanciones de EE.UU., que calificó como «un intento de obstaculizar el curso de la justicia e impedir que el Tribunal haga lo que fue creado para hacer».
Las nuevas sanciones implican, en principio, el bloqueo de bienes e intereses de la CPI en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y empresas estadounidenses, así como restricciones a las transacciones con la institución.
Trump firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva que abrió la puerta a sancionar a responsables de la CPI que participaran en investigaciones o procesos contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados, y señaló especialmente las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por el genocidio en Gaza.
Ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la CPI, pero el tribunal tiene jurisdicción sobre crímenes más graves del derecho internacional (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión) cometidos en territorios de países miembros, entre ellos Palestina.
Las nuevas sanciones de la Casa Blanca fueron emitidas pocas horas después de conocerse el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la sudafricana Navi Pillay, exmagistrada de la CPI que supervisó un informe de la ONU en el que se concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza.
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Pillay fue presidenta de la Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado y también jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
Al denunciar que las nuevas sanciones de la Administración Trump persiguen «interrumpir las operaciones del Tribunal e intimidar a quienes trabajan para o cooperan con él», la CPI advirtió que «no se dejará desanimar».
«El Tribunal continuará cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, por el bien de las innumerables víctimas de crímenes graves», subrayó la presidenta de la CPI, Tomoko Akane.
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Al mismo tiempo, Akane, ya sancionada por EE.UU., señaló la necesidad de acompañamiento a la gestión de esa instancia judicial multilateral e independiente.
«Su destino ahora también depende de los Estados que la crearon. El Estatuto de Roma es una promesa colectiva de que los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar impunes», dijo, e instó a los Estados a que «continúen tomando acciones concretas, incluyendo asegurar que el Tribunal continúe teniendo los medios necesarios para continuar su labor».
«No se trata solo de defender una única institución, sino de salvaguardar el orden internacional basado en el Estado de derecho», afirmó.
«La historia juzgará este momento. Las futuras generaciones, y sobre todo las víctimas de atrocidades masivas se preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerles fue atacada. Preguntarán si el Tribunal se mantuvo firme y si la comunidad internacional defendió los principios que proclamó o permitió que se abandonaran bajo presión», concluyó.
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Alemania, Francia, el Reino Unido, España, Dinamarca, Canadá, Portugal, Países Bajos, Italia y otras naciones, además de la ONU, la Unión Europea y la Unión Africana, manifestaron este viernes su rechazo a las sanciones anunciadas por EEUU contra la Corte Penal Internacional, al mismo tiempo que se daba la bienvenida al premio Nobel de la Paz para la exjueza Navi Pillay.
El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, aseguró que Países Bajos, como anfitrión de la CPI, está «muy decepcionado» y condena las sanciones. Declaró que que el sistema jurídico «solo puede funcionar si también existe un lugar donde puedan ser juzgados quienes cometen los crímenes más graves» y alertó de que «tenemos seis meses para encontrar una solución que permita a la CPI continuar con su trabajo».
Desde Madrid, el Ministerio de Exteriores reiteró que «el compromiso de España con la Corte Penal Internacional y con la lucha contra la impunidad es firme y continuado».
«Defender a la Corte es defender a las víctimas de los crímenes internacionales más graves, exigir responsabilidades a sus autores y preservar el orden multilateral basado en normas», señaló la Cancillería española en un comunicado.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, prometió que la Unión Europea adoptará «las medidas adecuadas» para proteger al tribunal si fuera necesario.
«No podemos tener una paz duradera sin rendición de cuentas», afirmó Costa desde La Haya, ciudad que alberga la sede de la institución. Aseguró que el compromiso europeo con ese tribunal «está claro» y reiteró que la UE seguirá apoyando a la CPI y a la protección de sus miembros y su personal.
El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que la CPI es un «pilar fundamental» en la «búsqueda colectiva de justicia penal internacional» y sostuvo que Naciones Unidas «mantiene su compromiso de cooperar con la CPI conforme al acuerdo de relación entre ambas instituciones, aprobado por la Asamblea General en septiembre de 2004».
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En un comunicado, más de 40 relatores y expertos de Naciones Unidos condenaron el paso de Estados Unidos y denunciaron que es un ataque a la justicia internacional nacida tras la Segunda Guerra Mundial.
«El sistema internacional de justicia penal, forjado en Núremberg y Tokio y en los tribunales penales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, pende de un hilo», advirtieron y alertaron de que sancionar a instituciones como la CPI «entraña el riesgo de desmantelar pieza por pieza el sistema que los Estados construyeron para garantizar que los crímenes más graves no queden impunes».
En el comunicado, instaron a la Unión Europea a activar de inmediato su Estatuto de Bloqueo con el fin de impedir que sus operadores, incluidos bancos y proveedores de servicios, cumplan sanciones de terceros países que vulneren el derecho internacional.
Las sanciones de Washington —afirmaron— «pretenden doblegar a la CPI y garantizar que los aliados de Estados Unidos no rindan cuentas por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad».
Entre los firmantes están los relatores de la ONU para Palestina (Francesca Albanese, también bajo sanciones de EE.UU.), Irán (Mai Sato) y sobre la independencia judicial (Margaret Satterthwaite).
Rubio y Netanyahu: ataque coordinado a la CPI
Al confirmar este viernes las sanciones, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que su objetivo es «defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI».
En sus declaraciones contra la institución, cuyo tratado constitutivo cuenta con 125 Estados partes, Rubio recordó que «Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos».
«Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra», declaró el secretario de Estado y cerró con una amenaza directa: «O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI».
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Desde Tel Aviv, Netanyahu, bajo órdenes de detención de la CPI por los crímenes en Gaza, atacó al Comité del Nobel y elogió la decisión de Washington contra la CPI.
El gobernante —cuyo Likud tiene en su génesis vínculos con el grupo paramilitar terrorista Irgún, está señalado en varios casos de corrupción y es responsable por el genocidio documentado en Gaza— acusó al Comité del Nobel de «perder su brújula moral», al otorgar su «máximo galardón a una fanática que construyó su carrera inventando y propagando libelos de sangre contra el único Estado judío».
A la vez, elogió a Trump y Rubio por «tomar esta decisión crítica» al sancionar a la CPI, a la que calificó «una amenaza mortal para las democracias respetuosas de la ley en todo el mundo».
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Está previsto que la exjueza Pillay reciba el Premio Nobel de la Paz, dotado con 12 millones de coronas suecas (unos 1.2 millones de dólares) el 10 de diciembre en Oslo.
Mientras, la CPI está recibiendo un fuerte respaldo mundial ante el ataque de EE.UU. Pillay y la CPI están unidas por la condena del genocidio, la lucha contra la impunidad por crímenes graves y la defensa de una legalidad que asegure que no se instalen definitivamente la ley del más fuerte y la barbarie en las relaciones internacionales. De ahí los ataques de Estados Unidos e Israel, parte de una ofensiva mayor contra el orden legal, el multilateralismo y cualquier barrera a su agenda de expansión y control.
Autor: teleSUR - DE
Fuente: Agencias - CPI
