A 53 años del golpe, Chile exhibe las fracturas del modelo bajo el mandato de Kast
Frente al avance del desempleo, el Gobierno de José Antonio Kast busca eludir su responsabilidad y coloca sobre el incremento de los salarios y la mejora de las condiciones laborales la explicación del deterioro del empleo.
Chile registra 981.315 personas sin empleo, unas 63.000 más que hace un año. Foto: EFE
11 de septiembre de 2026 Hora: 23:03
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A 53 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende e instauró la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, Chile vuelve a exhibir profundas tensiones sociales, esta vez bajo el Gobierno ultraderechista de José Antonio Kast.
El país enfrenta uno de sus peores escenarios laborales desde la pandemia, con casi un millón de personas desempleadas y una tasa de desocupación de 9,5%, un panorama que contrasta con el discurso de crecimiento y eficiencia del modelo neoliberal y expone las consecuencias de políticas que priorizan las exigencias del mercado por encima de las condiciones de vida de la población.
El Chile de Kast enfrenta una creciente crisis laboral
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran un deterioro sostenido del mercado laboral. La desocupación alcanzó el 9,4% durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2026, lo que representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior y sitúa el indicador en su mayor nivel en casi cinco años.
El porcentaje equivale a 981.315 personas sin empleo, unas 63.000 más que hace un año. El incremento responde a un desbalance entre quienes buscan incorporarse al mercado laboral y la capacidad de la economía para absorberlos: la fuerza de trabajo aumentó 1,3%, mientras el número de ocupados solo creció 0,8%. Entre quienes enfrentan mayores dificultades para encontrar una plaza se encuentran, además, los que buscan trabajo por primera vez, grupo que aumentó un 16,4% interanual.
El deterioro tampoco se distribuye de manera uniforme. Nueve regiones experimentaron un incremento de la desocupación y Valparaíso cerró el período con una tasa de 10,2%, la misma registrada por O’Higgins y la más elevada del país. En el caso porteño, el indicador aumentó 1,3 puntos porcentuales en doce meses, mientras la fuerza laboral creció un 2,2% y la ocupación apenas avanzó un 0,6%. La consecuencia fue un aumento del 17,9% en el número de personas desocupadas durante el último año.
El contraste resulta especialmente significativo en una región cuya economía concentra actividades portuarias, logísticas, comerciales y turísticas de enorme peso. Aunque estos sectores movilizan importantes volúmenes de recursos y generan beneficios para grandes grupos empresariales nacionales y extranjeros, esa actividad económica no se traduce necesariamente en puestos de trabajo estables ni en mejores condiciones para quienes sostienen con su trabajo buena parte de esa riqueza.
La justificación de Kast ante el aumento del desempleo
El Gobierno de Kast ha optado por responsabilizar a la gestión anterior frente al deterioro del mercado laboral. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo que Chile todavía enfrenta las consecuencias de “años de malas políticas públicas” y señaló como factores del encarecimiento de la contratación la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas y el incremento del salario mínimo. Según el Gobierno de Kast, las medidas destinadas a mejorar las condiciones de los trabajadores serían parte del problema que estaría frenando la generación de nuevos puestos.
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El planteamiento resulta particularmente significativo: el trimestre analizado refleja por primera vez de manera completa el período de la actual administración. Frente al peor registro de desempleo en casi cinco años, el Ejecutivo dirige la mirada hacia las políticas laborales heredadas y coloca sobre los salarios y las condiciones de trabajo parte de la responsabilidad por la falta de empleo.
El mensaje que se desprende de esta explicación es que contratar resulta demasiado costoso cuando aumentan los ingresos, se reducen las jornadas y se amplían los derechos laborales.
Sin embargo, las cifras del INE apuntan hacia otro fenómeno. El problema no se limita a una supuesta falta de empleos provocada por el costo de la mano de obra, sino que está acompañado por un desplazamiento del trabajo formal hacia modalidades más precarias. En un año, el número de asalariados formales disminuyó 1,7%, mientras los asalariados informales aumentaron 7,1% y los trabajadores por cuenta propia crecieron 5,3%.
Los registros del INE y de La Tercera estiman que durante ese período desaparecieron alrededor de 42.500 puestos formales, mientras se incorporaron más de 112.000 empleos informales. Es, además, el tercer mes consecutivo de destrucción de empleo formal, una situación que no se observaba desde comienzos de 2021, durante la pandemia de Covid-19.
El comportamiento del mercado laboral plantea una cuestión distinta a la que sostiene el discurso oficial. En lugar de desaparecer simplemente por resultar demasiado caros, numerosos puestos con contrato, cotizaciones e indemnización están siendo sustituidos por formas de ocupación sin protección y estabilidad. El crecimiento de la informalidad aparece así como una de las vías mediante las cuales las empresas trasladan sobre los trabajadores las dificultades de un escenario económico adverso, reduciendo sus costos a expensas de la seguridad laboral.
La tasa de ocupación informal llegó al 27,0%, un punto porcentual por encima de la registrada un año antes. Esto significa que más de una cuarta parte de las personas ocupadas trabaja en condiciones informales, sin las garantías asociadas a un empleo formal.
La situación es todavía más desfavorable para las mujeres, cuya informalidad alcanza el 28,8%, frente al 25,6% de los hombres. El incremento se concentra, además, en actividades como el comercio, con un 7,2%, y la industria manufacturera, con un 15,4%, sectores en los que la reorganización de las plantillas puede traducirse en formas de contratación más flexibles y menos protegidas.
La precarización también alcanza a quienes todavía conservan un puesto de trabajo. La jornada laboral promedio descendió hasta las 37 horas semanales, mientras el empleo a tiempo parcial involuntario —personas que desean trabajar más horas pero no encuentran esa posibilidad— aumentó un 18,4% en doce meses. A ello se suma una presión laboral total del 17,2%. El resultado combina menos estabilidad, insuficiencia de horas para una parte de los trabajadores y una mayor exigencia sobre quienes permanecen empleados.
La contradicción se vuelve más evidente cuando se observa la agenda laboral del Gobierno de Kast. Mientras el Ejecutivo cuestiona los llamados “costos laborales”, impulsa una reforma que contempla modalidades de contratación por hora, mayor polifuncionalidad y eliminar la indemnización por años de servicio.
De este modo, la respuesta frente a un mercado laboral deteriorado no apunta a fortalecer el empleo protegido, sino a ampliar mecanismos que podrían reducir sus costos y profundizar la precarización.
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El detalle de los datos también pone en cuestión la idea de que el deterioro del empleo formal responda únicamente a salarios demasiado elevados. Juan Bravo, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, identifica como un factor relevante para la caída del empleo formal en las micro, pequeñas y medianas empresas el término, en abril de 2025, del subsidio estatal al salario mínimo que las respaldaba desde 2022.
El antecedente introduce otro elemento en la discusión: no fue un incremento repentino de los costos laborales, lo que sucedió fue que el retiro de una ayuda fiscal modificó las condiciones que enfrentaban esas empresas. La respuesta empresarial terminó expresándose en una reducción del empleo formal y un aumento de modalidades precarias, trasladando nuevamente el peso del ajuste hacia quienes viven de su trabajo.
Mientras crece el desempleo, las grandes empresas multiplican sus ganancias
La magnitud de la crisis laboral contrasta con los resultados obtenidos por las grandes empresas. Mientras el número de desempleados se aproxima al millón, las compañías de mayor tamaño cerraron 2025 con beneficios históricos.
De acuerdo con los antecedentes presentados ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las 648 empresas que informan sus estados financieros registraron utilidades conjuntas por US$32.231 millones, un incremento del 28,6% frente a 2024. El problema, entonces, no parece ser la ausencia de riqueza, sino la forma en que esta se distribuye mientras una parte importante de la población enfrenta mayores dificultades para acceder a un empleo estable.
El sector financiero ofrece una muestra clara de esta brecha. La banca chilena alcanzó durante 2025 ganancias cercanas a los US$6.000 millones. Entre las principales entidades se encuentra el Banco de Chile, vinculado al grupo Luksic y a Citi, que obtuvo alrededor de US$1.300 millones, equivalentes a más de $1,19 billones, y alcanzó una rentabilidad sobre el capital de 21,9%.
De ese resultado, el 84,7% fue destinado a dividendos para sus accionistas. Mientras decenas de miles de puestos formales desaparecían, una proporción mayoritaria de las ganancias de una de las principales instituciones financieras terminó en manos de sus propietarios.
La misma contradicción aparece en el comercio, precisamente uno de los sectores donde la informalidad ha mostrado un mayor avance y que tiene un peso decisivo en economías regionales como la de Valparaíso. En 2025, las ganancias del retail aumentaron un 145,9%, mientras Falabella por sí sola obtuvo cerca de US$1.485 millones. Detrás de esos resultados están miles de trabajadores dedicados a vender, reponer productos, realizar despachos y atender al público, pero el crecimiento de la riqueza generada por estas actividades no se traduce necesariamente en mayor estabilidad o mejores condiciones laborales para quienes las sostienen.
A esta dinámica se suma la orientación de las políticas impulsadas por el Gobierno de Kast. Mientras el Ejecutivo reclama una reducción de los llamados “costos laborales”, promueve medidas de estímulo, ventajas tributarias y su denominado plan de “Reconstrucción Nacional”, orientados a favorecer la actividad y la rentabilidad del sector privado. El contraste resulta evidente: ante las demandas empresariales se habilitan mecanismos de apoyo, mientras que frente al desempleo y la pérdida de derechos laborales la respuesta pasa por una mayor flexibilización y precarización del trabajo.
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El escenario obliga a desplazar la discusión: Chile no enfrenta una falta de capacidad para generar riqueza ni puede explicarse el deterioro del empleo únicamente por el supuesto elevado costo de contratar trabajadores.
La economía continúa produciendo enormes beneficios y las principales empresas acumulan ganancias millonarias. La cuestión central es quién concentra esos recursos y quién termina asumiendo las consecuencias cuando la actividad económica pierde dinamismo: mientras las utilidades se mantienen en manos del gran capital, el costo del ajuste recae sobre quienes dependen de un salario para vivir.
La riqueza en pocas manos mientras la mayoría enfrenta pobreza y precariedad
Chile figura entre las economías más ricas de América Latina, con un PIB per cápita que, de acuerdo con el FMI, supera los US$30.000 al ajustar por paridad de poder adquisitivo. Sin embargo, esa capacidad de generar riqueza convive con una extraordinaria concentración de los recursos.
Datos de la World Inequality Database citados por economistas de la Fundación SOL indican que el 1% más rico concentra el 49,8% de la riqueza nacional, una realidad que coloca a Chile como uno de los países con mayor desigualdad del continente.
La concentración también puede observarse en la acumulación de grandes fortunas. Un estudio de Boston Consulting Group calculó que alrededor de 40.000 personas en Chile poseen patrimonios superiores al millón de dólares. En la cúspide se encuentran los multimillonarios identificados por Forbes, entre ellos familias y empresarios como los Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Ponce Lerou.
El caso del grupo Luksic resulta especialmente ilustrativo: vinculado a los propietarios del Banco de Chile, que distribuyeron una parte sustancial de sus ganancias entre los accionistas, su patrimonio se ha multiplicado por trece desde 1996.
La otra cara de esa concentración aparece en los ingresos de la mayoría trabajadora. La mitad de quienes trabajan en Chile recibe menos de $583.000 líquidos mensuales, mientras una medición alternativa de la pobreza elaborada por la Comisión Asesora Presidencial para la Medición de la Pobreza situaría la pobreza por ingresos en 22,3%, muy por encima del 6,5% que arroja el indicador oficial. Más de uno de cada cinco hogares quedaría así bajo esa medición. La distancia entre las grandes fortunas y las condiciones materiales de millones de personas no constituye un fenómeno aislado: forma parte de una misma estructura de distribución desigual de la riqueza.
Desde esta perspectiva, el avance de la informalidad y el retroceso del empleo formal tampoco pueden reducirse a una cuestión de “costos laborales”. Son expresiones de un modelo en el que la reducción de derechos, la inestabilidad y la precarización permiten preservar los márgenes de rentabilidad empresarial mientras el peso de las dificultades económicas se desplaza hacia quienes viven de su trabajo.
Autor: teleSUR: idg - JB
Fuente: Agencias
