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Un hombre toca un cartel con el nombre de las víctimas del atentado terrorista del 18 de julio de 1994.

Un hombre toca un cartel con el nombre de las víctimas del atentado terrorista del 18 de julio de 1994. | Foto: EFE

Publicado 11 abril 2024



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La Justicia argentina confirmó las penas contra jueces y fiscales a cargo de la investigación del atentado que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves que el Estado argentino fue responsable de impedir que se conozca la verdad sobre la responsabilidad detrás de las explosiones contra la sede de la Asociación Mutual Isrraelíta Argentina (AMIA), atentado que a 30 años de su concreción permanece impune.

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En el fallo, los jueces de Casación declararon el atentado como delito de lesa humanidad y consideraron que, a diferencia de las condenas de los tribunales de primera instancia, no cabían las condenas por encubrimiento a los culpables, sino que sus delitos fueron señalados como “graves irregularidades”.  

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), llama la atención sobre este cambio en la consideración judicial, el cual indica como un intento de “minimizar esta responsabilidad haciéndola pasar por meras irregularidades, sin admitir la existencia del plan deliberado de desvío y obstrucción de la investigación”. El CELS es querellante en la causa en representación de familiares y amigos de las víctimas del atentado, Memoria Activa-Apemia-18-J.

En tanto, la sentencia da por terminada la causa AMIA II, también conocida como “Causa encubrimiento”, por la cual se condenó al primer juez a cargo de la investigación, Juan José Galeano Galeano, a cuatro años de prisión, a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia a dos años en suspenso.

Además, fueron confirmadas las penas contra el extitular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Hugo Anzorreguy, a cuatro años y medio y a los funcionarios del órgano de inteligencia, Juan Carlos Anchezar, a tres años de prisión, y a Patricio Finnen, a dos años de prisión domiciliaria.

Menciones a Irán y delito de lesa humanidad

En un segundo fallo, el juez Carlos Mahiques menciona la “responsabilidad internacional” del Estado iraní en los considerandos de la sentencia por el cual el alto tribunal confirmó la absolución de Carlos Telleldín, quien recibió la suma de 400.000 dólares de la SIDE para seguir las órdenes del juez Galeano sobre el comportamiento que debería tener en su declaratoria.

Pese a que la mención se presenta como una sugerencia para el tribunal a cargo de la investigación del atentado, la prensa hegemónica y la Presidencia argentina celebraron una supuesta condena contra Irán.

Al poco tiempo de difundirse la sentencia, la Oficina del presidente emitió un comunicado en el cual “celebra la sentencia que puso fin a décadas de postergación y encubrimiento en el caso AMIA, determinando que los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA fueron perpetrados por Hezbollah, bajo el auspicio de organizaciones estatales de la República de Irán”.

Para el profesor argentino y director de la Agencia de Noticias PIA, Fernando Esteche, “la Justicia argentina ha forzado todo lo procedimental para producir fundamentalmente dos cosas, por un lado el alineamiento automático a lo más reaccionario del imperialismo norteamericano y de Israel, profundizando la colonización de nuestro país y, por otro lado, el condicionamiento a partir de empezar a plantear nuevamente amenazas a partir de estas causas ya mencionadas”


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