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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instalará este martes la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas con la participación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
La instancia tendrá como objetivo central la “verdad, el reconocimiento y la reparación de las víctimas y la garantía de la no repetición ni de golpes de Estado, ni de guarimbas ni antentados”, indicó el mandatario.
>> TSJ de Venezuela declara inconstitucional la Ley de Amnistía
Agregó que será plural, diversa, equilibrada y justa para todo el país y estará presidida por el vicepresidente venezolano, Aristóbulo Istúriz.
Asimismo, precisó que convocó a todos los poderes públicos, a los premios Nobel de la Paz del mundo, a los diputados del Bloque de la Patria y a una delegación de cuatro voceros de la oposición del país que "si deciden asistir serán recibidos en Miraflores para que participen en esta comisión”, dijo.
>> Unasur se une a Comisión por la Verdad y Justicia en Venezuela
En contexto:
La Comisión por la Verdad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas estudiará los hechos propiciados por la derecha en contra del pueblo venezolano en 17 años de Revolución Bolivariana.
Estará integrada por personas afectadas por los hechos violentos y miembros de diferentes sectores de la sociedad.
Este lunes el TSJ declaró inconstitucional la Ley de Amnistía aprobada por la derecha en la Asamblea Nacional venezolana, que ha sido cuestionada por la mayoría de la población, organizaciones sociales, políticas y movimientos dentro y fuera del país por ser un instrumento jurídico que promueve la impunidad.
El instrumento legal abarca hechos desde 1999, incluyendo el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero de ese mismo año.
La Ley de Amnistía dejaría sin efectos las sanciones penales de unos 50 delitos, entre ellos: la estafa inmobiliaria, el sabotaje eléctrico, el acaparamiento y la especulación de alimentos y medicinas (incluyendo la venta de productos vencidos), el uso de armas de fuego y de explosivos.
El caso más emblemático que no se restringe en la ley son los delitos cometidos en las “guarimbas” o protestas violentas de 2014, cuando murieron 43 personas. La ley incluye el perdón para las personas involucradas en esos hechos.
