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Ekel: "La conducta desplegada por Sala el 14 de diciembre último fue lo que la llevó a su detención".

Ekel: "La conducta desplegada por Sala el 14 de diciembre último fue lo que la llevó a su detención". | Foto: El Tribuno

Publicado 18 enero 2016



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El Gobierno de Jujuy pretende acusar a Sala de la desaparición de 29 millones de dólares. Sobre lo que la dirigente ha dejado claro que no ha tocado dinero de cooperativas que ni siquiera preside. 

 

El ministro de Seguridad de la Provincia de Jujuy (norte argentina), Ekel Meyer, aseguró que la situación judicial de la diputada del Parlasur, Milagro Sala, “no tiene nada tiene que ver con la continuidad o no del acampe en la plaza Belgrano” sino por la conducta adoptada el 14 de diciembre pasado cuando se instaló este grupo de personas frente al Palacio de Gobierno. 

Meyer no ofreció mayores detalles sobre la supuesta conducta de Sala, por la que según él fue apresada. Lo que sí dijo fue que el arresto fue ordenado por la Justicia al imputarla por la comisión de un delito común (instigación a cometer ilícitos y tumulto).

El titular de Seguridad provincial destacó que estuvo al frente del procedimiento policial que terminó en el arresto de la dirigente, y que verificó el cumplimiento de todas las condiciones de seguridad. 

Conozca→ ¿Quién es Milagro Sala?

Lo cierto es que la medida contra Sala está comandada por el Gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, quien ya ha dejado claro que no negociará ni recibirá a Sala aunque se levante el acampe.

El gobierno de Jujuy ampliará su ofensiva en la Justicia contra la líder de la organización Tupac Amaru, quien permanece detenida por faltas menores excarcelables como instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real. Pero sigue en prisión, porque supuestamente registra otros procesos pendientes, por hechos de 2011 y 2014.

El equipo de abogados a cargo del gobernador Morales, ultimaba anoche los detalles de una serie de demandas penales que complicarían aún más la situación de la detenida, según resalta el diario La Nación. 

Señalan que Sala será acusada de cometer fraude contra la administración pública y de comandar una asociación ilícita con el agravante de ser funcionaria pública, por ser diputada del Parlasur.

¿El motivo? La presunta desaparición de 29 millones de dólares que el gobierno entregó a las cooperativas para que sean invertidos en la primera etapa del programa de soluciones habitacionales 1000 mejor vivir. Según el Código Penal, las acusaciones podrían derivar en una condena de hasta veinte años de prisión.

Estas acusaciones pretenden señalar a Sala, una dirigente de organizaciones coyas, guaraníes y diaguitas, que en el 2014 el papa Francisco recibió en el Vaticano y ratificó su apoyo a la defensa de los derechos de los pobladores originarios

Sala cuenta con el apoyo de organizaciones sociales y políticas que se mantienen revolucionadas en la capital de Jujuy exigiendo su liberación. 

 

 

 

 


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