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Un nuevo escándalo envuelve a los agentes de la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA, por su sigla en ingles) de Estados Unidos luego de que saliera a la luz pública un informe realizado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (OIG) en el que se afirma que agentes de la DEA destacados en Colombia sostuvieron fiestas con mujeres prepagadas por los carteles del narcotráfico.
El objetivo del informe era determinar el manejo que le están dando agencias como la DEA y el FBI a las acusaciones sobre el mal comportamiento sexual de sus agentes tanto en EE.UU. como cuando se encuentran de servicio en otros países.
"Un oficial extranjero (en Colombia) supuestamente les organizó durante varios años fiestas sexuales con prostitutas pagadas por los carteles de la droga a estos agentes de la DEA", dice el informe..
Las fiestas se organizaban en las residencias de los agentes que son pagadas con fondos del Gobierno norteamericano.
La OIG determinó que tres agentes de la DEA recibieron costosos regalos de los carteles, entre ellos armas de fuego y fuertes sumas de dinero.
De acuerdo a la OIG, la DEA había adelantado una investigación interna entre 2009 y 2010 en la que policías colombianos acusaron al menos diez agentes de la agencia antidrogas de participar en fiestas pagadas por narcotraficantes y solicitar el servicio de prostitutas.
El informe que había adelantado la DEA reflejó que los implicados son un asistente director regional, un agente especial encargado, seis agentes especiales supervisores y dos agentes especiales.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno y Vigilancia de la Cámara de Representantes, Lincoln Chaffestz, dijo que esta es una acción que no pueden ignorar, “debe existir un mecanismo para poder despedir de inmediato a los involucrados, así ocupen el puesto que ocupen. El Congreso llegará al fondo de esta cuestión".
De acuerdo con la OIG, al final de la investigación, siete de diez agentes admitieron sus escapadas sexuales y fueron sancionados con penas de entre 2 y 10 días de suspensión, sin embargo todos dijeron no tener conocimiento de que las mujeres eran pagadas por el narcotráfico.
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