El resultado de las elecciones intermedias en los Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026, evidenció una exigencia contundente por parte de la clase trabajadora hacia el presidente Donald Trump y la nueva mayoría demócrata en el Congreso: atender el deterioro del poder adquisitivo y poner fin a la crisis de asequibilidad que golpea a las familias.

Pese a que el mandatario sostuvo durante la campaña que un triunfo de la oposición desencadenaría un colapso económico similar al de 1929, los votantes castigaron el impacto de las políticas oficiales sobre los precios y el costo de vida diario.

Frente al nuevo escenario legislativo, Trump afirmó estar dispuesto a negociar con las bancadas de la Cámara de Representantes y el Senado, aunque simultáneamente amenazó con vetar cualquier iniciativa impulsada por los demócratas que considere contraria a sus intereses.

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Mientras el reporte oficial de empleo registró la creación de 165.000 puestos de trabajo en octubre pasado y una caída de la tasa de desempleo al 4,1 por ciento, el descontento popular por el encarecimiento de los productos básicos se consolidó como el factor determinante del vuelco electoral.

La insatisfacción generalizada por los altos precios responde en gran medida a la política exterior y comercial del Ejecutivo. La imposición arbitraria de aranceles y la agresión militar contra Irán iniciada por la Casa Blanca en febrero, junto a su cómplice Israel, contribuyeron al incremento del índice de precios al consumidor hasta un 3,7 por ciento anual.

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El conflicto en Asia Occidental disparó los costos del petróleo, la gasolina, el diésel y la electricidad, lo cual contrarió las promesas presidenciales de abaratamiento energético. Pese a la derrota en las urnas, Trump rehúsa precisar plazos o mecanismos para poner fin a la confrontación bélica.

A la par de la escalada bélica y comercial, el mandatario intentó presionar a la Reserva Federal para alterar la tasa de interés de referencia de forma apresurada, maniobra que amenazó con exacerbar las presiones inflacionarias.

Analistas económicos destacan que la llegada de una mayoría demócrata al Congreso limita la injerencia de la Casa Blanca sobre la junta directiva del banco central, otorgando margen al organismo encabezado por Kevin Warsh para perseguir la meta de inflación del 2 por ciento, en un contexto donde se requieren restricciones fiscales y un freno al abultado déficit presupuestario federal.

Pugna por la matriz energética y los límites neoliberales

La reconfiguración del Congreso abre un frente de batalla sobre la política energética. Mientras la Administración Trump paralizó permisos, retiró subsidios a las energías renovables y mostró especial rechazo a proyectos eólicos marinos a pesar de que desarrolladores como Orsted iniciaron la operación comercial del parque Revolution Wind frente a Rhode Island, los demócratas buscan promover la energía limpia como una solución para reducir las tarifas eléctricas de los hogares y frenar la agenda centrada en los combustibles fósiles.

Aun así, la oposición carece de los votos suficientes para anular de forma automática los vetos presidenciales, por lo que ambas agrupaciones políticas enfrentan el riesgo de agravar la alienación de los votantes si el estancamiento institucional perpetúa la crisis económica.

La disputa sobre las decisiones de gasto, los aranceles, la regulación de la inteligencia artificial y la sostenibilidad de la Seguridad Social refleja las contradicciones de un sistema que pretende contener la protesta social en 2026 sin alterar las bases del modelo neoliberal y la política belicista imperial.

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