El Gobierno de Lula en Brasil está trabajando para presentar nuevos procesos de demarcación de territorios para los pueblos indígenas, el cual puede estar listo y pendiente de la firma del presidente antes de que finalice 2026. Así lo anunció, en entrevista exclusiva para Brasil de Fato, el ministro de Pueblos Indígenas, Eloy Terena, quien valoró que la violencia contra los pueblos indígenas en Mato Grosso do Sul está directamente relacionada con la demora en la demarcación de sus territorios tradicionales.

Según el titular de la cartera, los recientes episodios de violencia contra las comunidades guaraníes kaiowá en Mato Grosso do Sul, que incluyen denuncias de asesinatos, atropellos y amenazas de envenenamiento del agua, reflejan un escenario histórico de conflictos relacionados con la falta de demarcación de los territorios indígenas.

«Debido a las demarcaciones incompletas, persisten otros problemas derivados de la falta de acceso a su territorio tradicional», afirmó, citando también el racismo, los conflictos por la tierra y la dificultad para acceder al agua potable como factores agravantes de la situación.

Terena criticó las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado en estos conflictos. Según él, las comunidades suelen percibir a la policía como parcial a favor de los ganaderos. «La Policía Militar ya tiene un historial de acciones brutales e infructuosas en comunidades indígenas«, afirmó. El representante gubernamental también reveló que el gobierno de Mato Grosso do Sul no ha acatado los protocolos para la actuación policial en tierras indígenas presentados por el Gobierno federal.

En este contexto, Terena considera que la Enmienda de Seguridad Pública , aprobada por el Congreso esta semana, podría ampliar la capacidad del Gobierno federal para proteger los territorios indígenas. Según él, entre otros obstáculos, la dependencia de la autorización de los gobernadores para el despliegue de la Fuerza Nacional dificulta la respuesta a los conflictos, especialmente en comunidades que no confían en las fuerzas policiales estatales.

Al frente del sector desde la salida de Sonia Guajajara (PSOL-SP), quien fue reelecta como diputada federal, Terena presentó un informe sobre 20 tierras indígenas reconocidas oficialmente, 21 declaradas y 31 reservas establecidas durante el tercer mandato de Lula, que suman, según él, 12,5 millones de hectáreas conferidas a este reclamo.

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A pesar de los avances, el titular señala la judicialización y la aplicación de la ley marco temporal como obstáculos para las demarcaciones. «Hoy tenemos la capacidad, por así decirlo, de impulsar los procesos, pero aun así sufrimos mucha interferencia de los poderes legislativo y judicial«, afirmó. El ministro también expresó su preocupación por la composición del Congreso electo en octubre, al que considera aún más reacio a los derechos indígenas.

Terena, abogado indígena y exmiembro de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), reflexiona sobre su experiencia al pasar del activismo en movimientos indígenas a la dirección del ramo. Para garantizar la continuidad de las políticas públicas ante posibles cambios de gobierno, aboga por transformar los programas creados por el Poder Ejecutivo en leyes. «Porque sabemos que los decretos presidenciales cambian. Si el presidente cambia, revoca el decreto y establece otros programas», explicó.

El Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) hizo un llamado a la Policía Federal (PF) en días recientes para que investigue episodios de violencia contra los indígenas guaraníes y kaiowá en Mato Grosso do Sul, registrados después de los resultados de las elecciones.

Según el comunicado, el MPI continúa trabajando para garantizar la protección y los derechos de las comunidades indígenas. Para tal propósito, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la Asociación Aty Guasu están recabando denuncias de violencia, que podrían derivar en acciones judiciales concretas.

Entre los casos denunciados se encuentran asesinatos en Naviraí, atropellos con fuga en Coronel Sapucaia, amenazas de muerte, manifestaciones racistas y amenazas de envenenar el agua consumida por las comunidades indígenas en Tacuru y Nioaque.

Como ejemplo de estas posiciones radicalizadas, en represalia por el resultado de las elecciones presidenciales, un empleado de la alcaldía de Tacuru, en el extremo sur del estado, supuestamente sugirió, en un mensaje enviado por WhatsApp, que se envenenara el agua que consumen los indígenas de la aldea Sassoró. «Pongan veneno en el agua, matemos a estas plagas», escribió. Tras el incidente, el imputado fue apartado de sus funciones.

Ante esta situación, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó el traslado de tres ministros a Mato Grosso do Sul para acompañar las denuncias de amenazas y violencia contra comunidades indígenas tras las elecciones.

La comitiva la integraron Eloy Terena (Pueblos Indígenas), Janine Mello (Derechos Humanos) y Wellington César Lima e Silva (Justicia), quienes visitaron las aldeas Taquapiri y Sassoró. «Él (Lula) pidió que fuéramos al territorio para seguir de cerca la situación», relató Terena.

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