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El presidente Nicolás Maduro en ejercicio de sus funciones antes de ser secuestrado junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, recordó en más de una oportunidad, como el pueblo venezolano resistió la brutal guerra económica que viene padeciendo desde hace más de dos décadas.

  La guerra económica, desaparece medicamentos e insumos médicos; saca de los anaqueles alimentos básicos y productos de higiene esenciales, desviándose al mercado ilegal; genera inmensas y continuas colas; provoca hiperinflación y degrada a extremos irritantes la capacidad adquisitiva del bolívar y por ende de los salarios y otros ingresos del pueblo humilde.

En la Gran Peregrinación Nacional que durante más de 10 días recorre el país pidiendo el fin de las sanciones, es un buen momento para recordar desde cuando están afectando la economía venezolana y el bienestar de la población.

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El antecedente del Golpe petrolero de 2002

Durante el paro empresarial y el sabotaje petrolero de fines de 2002 a principios de 2003, el gobierno de Estados Unidos intentó derrocar al comandante Hugo Chávez por la fuerza, luego de fracasar ocho meses antes. El nuevo plan desestabilizador buscó generar una parálisis de la economía.

Como resultado de los dos meses del paro, el PIB se contrajo 18 %, entre los años 2002–2003. Hubo escasez de productos básicos, incluso de gasolina, la inflación se duplicó, al igual que el desempleo y en general aumentó la pobreza. También creció la fuga de capitales y el índice de riesgo país se disparó, con grave incidencia para la obtención de préstamos.

El desabastecimiento programado e inducido, abarcó el 25% de los productos esenciales.

El golpe petrolero fue resistido, pero la derecha venezolana junto con Estados Unidos, intentaron que la crisis económica impactara en los resultados del Referéndum Revocatorio contra el comandante Hugo Chávez en agosto del 2003.

El gobierno revolucionario desde la organización y movilización popular, tomó las siguientes medidas:

• Realizó un estricto control de cambio monetario en febrero de 2003, para disponer de todas las divisas y usarlas según las prioridades del consumo de la población y del plan de desarrollo económico.
• Regulación de precios a una amplia lista de alimentos y medicamentos, y de productos de higiene.

• Creación y despliegue meteórico de las misiones sociales en la salud, la educación y la alimentación, y para promover empleos. Acciones todas de gran impacto social, que benefician en pocos meses a más del 65 % de la población.
• Acelerada reactivación de la producción y de los canales de distribución.

Desde el 15 de agosto de 2004 hasta 2013, la Revolución Bolivariana logra amplia hegemonía política y un vasto poder del Estado, en un contexto regional ventajoso con predominio de varios gobiernos de izquierda y progresistas, favorecida por cuantiosos ingresos petroleros.

La nueva ofensiva del 2013

La muerte del comandante Hugo Chávez y la asunción como Presidente de Nicolás Maduro, es utilizado por Washington como un escenario político desde donde lanzar una nueva ofensiva de guerra económica.

Para alcanzar dicho objetivo, manipulan las importaciones, la producción, la distribución mayorista y minorista, y el valor del bolívar, generando que el gobierno no controle la inflación y otras categorías macroeconómicas. 

La economista venezolana Pasqualina Curcio Curcio, en su documentado libro “La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela” aporta datos fundamentales para dimensionar el alcance de la guerra económica.

Entre los instrumentos que emplea la guerra económica se encuentran:

1) el desabastecimiento programado de bienes esenciales

2) la inflación inducida

3) el boicot en el suministro de los bienes de primera necesidad

4) el embargo comercial encubierto

5) el bloqueo financiero internacional.

Tales medidas son respaldadas por sistemáticas campañas comunicacionales, cuya línea principal es responsabilizar al gobierno bolivariano de la crisis, debido a sus decisiones puntuales y, sobre todo, por adoptar un modelo económico alternativo al capitalismo.

Participan en esta guerra no convencional las grandes corporaciones transnacionales, en complicidad con los monopolios nacionales de alimentos, medicamentos y artículos de higiene.

Verdaderas causas del desabastecimiento

Según los datos, aportados por el libro de Curcio, el PIB de 2015, año en que se registró un nivel de escasez superior al 30 %, fue 34 % mayor que el del año 2004, cuando hubo un nivel de escasez del 7 %, el más bajo en veinte años.

La tasa de desempleo en 2015 alcanzó 6 %, 62,5 puntos inferior a la de 1999. Esto contradice que se haya producido el cierre masivo de fábricas.

Por su parte, las cifras de las importaciones desmienten que la supuesta caída de estas haya provocado el desabastecimiento, por el contrario, aumentaron 129 % desde 1999 hasta 2014. Y ese año, el 2014, las importaciones  superaron los 31 mil millones de dólares, casi el doble que, en 2004, cuando sumaron 16 mil millones de dólares.

La importación de alimentos ascendió a 7,700 millones en 2014 y en 2004 fueron 2,100 millones, o sea 259 % mayor. Y en el caso de los medicamentos, en 2014 se importaron 2400 millones de dólares, mientras en 2004 apenas fueron 608 millones. Un incremento de 309 %.

Estas cifras demuestran que, la falta de alimentos, medicamentos,  artículos de higiene, repuestos para el transporte y otros productos, así como las largas colas no pueden explicarse porque el sector privado haya dejado de recibir las cantidades suficientes de dinero para las importaciones.

Desde 2003, tales divisas son entregadas por el Estado a las empresas privadas, a un tipo de cambio preferencial, que actualmente es de 10 bs por US$.

En 2004 –año en que no hubo desabastecimiento– se les asignó 15.750 millones de dólares y en 2013, momento en que con mayor intensidad comienzan a escasear los rubros esenciales, la cantidad asignada se duplicó a 30.859 millones.

Desde que se instauró el control cambiario en 2003 y hasta 2016, las empresas privadas recibieron del Estado 338.331 millones de dólares para las importaciones. Hubo años, como el 2007 y el 2008, en que se les asignaron alrededor de 40 mil millones de dólares en cada uno.

En 2011, ante de comenzar la guerra económica, se les adjudicaron solo para alimentos 4.454 millones de dólares. En 2012, cuando empezaron a escasear varios productos y surgieron las colas, la cifra subió a 4 843 millones. En 2013 fue de 4 624 millones. Y en 2014 alcanzó 4 173 millones.

¿Desabastecimiento por consumo?

Como surge del mismo trabajo de Curcio, el desabastecimiento tampoco puede ser explicado por el aumento del consumo, pues por ejemplo entre 2003–2013 la línea de tendencia del crecimiento del consumo es 5,07 %, mientras que la suma de lo que se produce más lo que se importa origina una tendencia creciente de 5,99 %.

Hay una diferencia entre el monto en dinero recibido para las importaciones y los valores de uso importados, expresados en kilogramos. Esta diferencia es clave.

La variación de las importaciones totales de bienes y servicios expresadas en dólares, fue de 388,9 % al comparar los años 2003 y 2013. Sin embargo, al medir las importaciones totales de bienes y servicios, ahora expresadas en kilogramos, la variación en el mismo período fue de 57,6 %.

En síntesis, se importó menos bienes y servicios con una mayor cantidad de dólares asignados.

El costo promedio de importación por kilogramo en el 2013 fue 210 % más alto que en 2003. Ese año ascendió a 0,83 dólar por kilogramo y en 2013 fue 2,34 dólares por kilogramo.

  Las monedas y depósitos del sector privado en el extranjero, suben 233 % entre 2003 y 2013, con el subterfugio típico de la sobrefacturación u otros trucos, que permitió a algunos empresarios y funcionarios que cometieron delitos de corrupción, quedarse con dólares.

Un segundo factor importante del desabastecimiento, es el acaparamiento por parte de las grandes empresas importadoras y productoras de alimentos básicos, medicamentos, piezas y repuestos del transporte, semillas, etc.

El tercer factor es el contrabando de extracción en las fronteras, sobre todo hacia Colombia.

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Induciendo la inflación, vía internet

El arma más poderosa y efectiva de la guerra económica contra Venezuela, es la inflación inducida vía internet con fines políticos, al fijarse de manera arbitraria e ilegal cada día la tasa de cambio respecto del dólar.

A partir de 2013, en Venezuela los niveles de precio no los determina la demanda agregada y la liquidez monetaria, como ocurre en todos los países. Lo hace el dato arbitrario que aparece en la página “Dólar Today”.

Todo esto provoca nocivos efectos en los precios (inflación) y por ende en el poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos, en la distorsión de los mercados y en la caída de la producción. Tales tasas de cambio, no responden a criterio económico alguno. Obedecen a una intencionalidad política, encaminada a desestabilizar a fondo y sin escrúpulos la economía y la sociedad.

La variación promedio anual del tipo de cambio paralelo desde 1999 hasta 2011 fue de 26 %.

 En 2012 respecto a 2011 creció a 31 %.  Y en 2013 se dispara en comparación con 2012: 224%. Sube a 475 % en 2015 y en el 2017 la cifra es superior a 600 %.

Basándose en un modelo matemático que contempla el monto de las reservas y la liquidez monetarias, Pasqualina Curcio estimó que en marzo de 2016 la tasa de cambio real debía ser de 84 bs para adquirir un dólar, mientras que en esa fecha la tasa de cambio ilegal inducida por internet era de 1212 bs.

Curcio muestra la diferencia entre el tipo de cambio manipulado y el real estimado. En 2013 el manipulado es 1,5 veces mayor que el real, en 2014 sube a 2,4 veces, en 2015, aumenta 7 veces y en 2016 el paralelo es 14, 5 veces superior al valor real estimado.

Bloqueo económico

Venezuela sufre desde 2013 una especie de bloqueo financiero. Consiste en hacer cada vez más difícil y costoso a la República y en especial a Pdvsa, tener acceso a créditos en el mercado internacional y en entorpecer las operaciones financieras de tal rango

El riesgo país, como se sabe, es un índice que mide la garantía de un Estado para cumplir con sus compromisos financieros. Establece una prima de riesgo asociada a la probabilidad de incumplimiento en el pago de la deuda externa. Si el índice de riesgo país es mayor, los intereses y condiciones del préstamo serán más severos.

Todos los entes calificadores del riesgo país, son instrumentos de grandes bancos privados, y desde 2015 está señalada como la nación de mayor riesgo, con más de 2 mil puntos.

Llama la atención que durante los años 2009 al 2012 el índice es bajo y estable y que se dispare a partir de febrero de 2013. Sin embargo, ninguno de los factores que podrían determinar tal fenómeno está presente: el pago de la deuda ha sido puntual, con cifras astronómicas; en 2013 el precio del petróleo aún no se ha desplomado; ni tampoco disminuye ese año el PIB y las reservas internacionales eran aceptables.

Cronología de las medidas coercitivas contra el pueblo venezolano

Además del análisis, el trabajo de Pasqualina Curcio: Impacto de la Guerra económica contra Venezuela, del año 2019 ,trae una cronología, documentada.

Diciembre 2014. El Congreso de EEUU aprueba la Ley 113-278: “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela” mediante la cual se establece la hoja de ruta para la política de EEUU hacia Venezuela y que otros Estados, bajo su influencia adopten medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela.

Marzo 2015. Barack Obama dicta la Orden Ejecutiva 13692 mediante la cual declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”.

Mayo 2016. El banco Commerzbank (Alemania) cierra las cuentas mantenidas por varias instituciones, bancos públicos venezolanos y Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Julio 2016. El banco estadounidense Citibank cesa unilateralmente el servicio de cuentas de corresponsalía en moneda extranjera de instituciones venezolanas en EEUU, entre ellas las del Banco Central de Venezuela (BCV).

Las calificadoras de riesgo colocan a Venezuela con el riesgo financiero más alto del mundo (2640 puntos), muy por encima de países en guerra, a pesar de haber cumplido con sus compromisos de deuda externa. Desde el año 2013 Venezuela pagó 63.566 millones de dólares, sin embargo, este índice incrementó 202% durante el mismo período, pasando de 768 en 2012 a 2323 en 2016.

Cada 100 puntos de riesgo-país equivalen a 1% adicional de tasa de interés.

Agosto 2016. Novo Banco (Portugal) informa la imposibilidad de realizar operaciones en dólares con bancos venezolanos, por presiones ejercidas por bancos corresponsales de esta institución.

Septiembre 2016. El gobierno de Venezuela realiza una oferta para canjear 7 mil 100 millones de dólares en bonos de PDVSA con el fin de aliviar el cronograma de amortización y refinanciar parcialmente sus obligaciones. Las tres grandes calificadoras de riesgo estadounidenses atemorizan a los inversionistas con declarar default (impago) si acceden a la propuesta venezolana.

Noviembre 2016. El banco JP Morgan emite una falsa alerta de default sobre un supuesto impago de deuda de PDVSA de 404 millones de dólares.

La petrolera estadounidense, Conoco Phillips, demanda a PDVSA ante una Corte en Delaware, EEUU, por una operación de canje de bonos. El objetivo de este recurso legal consistía en atemorizar a los participantes y con ello hacer fracasar la operación.

Diciembre 2016. La empresa Crane Currency, proveedora de billetes del Departamento del Tesoro y contratada por el Estado venezolano para imprimir las piezas del cono monetario, retarda el envío de los nuevos billetes.

Julio 2017. La empresa Delaware Trust, agente de pago de los bonos de PDVSA, informa que su banco corresponsal (PNC Bank) en EEUU se niega a recibir fondos provenientes de la petrolera venezolana.

El banco Citibank (EE.UU) se niega a recibir fondos venezolanos para la importación de 300 mil dosis de insulina.

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC), dicta sanciones contra un grupo de funcionarios venezolanos, incluyendo al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, un día después de la celebración de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

Agosto 2017. El banco suizo Credit Suisse prohíbe a sus clientes realizar operaciones financieras con Venezuela.

Octubre 2017. El bloqueo financiero de EEUU imposibilita a Venezuela depositar en el banco suizo UBS recursos para vacunas y medicamentos adquiridos a través del Fondo Rotatorio y Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, lo que generó un retraso de cuatro meses en la adquisición de vacunas, alterando los esquemas de vacunación en el país.

Agosto 2017. El banco Bank Of China (BOC – Panamá), informa que debido a instrucciones del Departamento del Tesoro de EEUU y a presiones del gobierno panameño, no podrá realizar ninguna operación en divisas a favor de Venezuela.

Bancos rusos informan la imposibilidad de hacer transacciones a bancos venezolanos, por la restricción impuestas por bancos corresponsales en EEUU y Europa, a operaciones de Venezuela.

El corresponsal del banco BDC Shandong, alegando razones administrativas, paraliza una transacción por 200 millones de dólares hacia Venezuela a pesar de que los fondos habían sido girados por la República Popular China.

Donald Trump emite la Orden Ejecutiva 13808: “Imposición de sanciones con respecto a la situación en Venezuela» la cual establece las siguientes prohibiciones:

• Que el gobierno venezolano adquiera nuevas deudas con vencimiento mayor a 30 días.

• Que PDVSA adquiera nueva deuda mayor a 90 días.

• Nueva obtención de acciones por parte del gobierno de Venezuela.

• Pago de dividendos o distribución de ganancias al gobierno de Venezuela por parte de empresas que operan en EE. UU., lo que afecta especialmente a la refinería CITGO.

La empresa Euroclear encargada de la custodia de una parte de los bonos soberanos de Venezuela, congela operaciones de liquidación de títulos, alegando razones de “revisión”. A la fecha, Euroclear mantiene retenidos 1.600 millones de dólares sin posibilidad de movilización.

Septiembre 2017. El Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Crímenes Financieros (FINCEN), emite una alerta denominada “banderas rojas” que impone un sistema de vigilancia y control a las transacciones financieras de Venezuela, para impedir el pago de alimentos y medicinas.

Un cargamento de 300 mil dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano no llegan al país porque el banco Citibank boicoteó la compra de este importante insumo.

El desembarco de 18 millones de cajas de alimentos subsidiados del programa Comité Locales de Abastecimiento y Precios es interrumpido por trabas impuestas por el sistema financiero estadounidense.

Venezuela es incluida en la lista de países con prohibición de viajes a EEUU (travel ban). La prohibición aplica sólo a funcionarios del gobierno venezolano.

Octubre 2017. La empresa refinadora PBF Energy, quinto mayor importador estadounidense de crudo venezolano, suspende compras directas a PDVSA.

Canadá aprueba el proyecto de ley S-226 que le autoriza a imponer restricciones en materia de las transacciones de bienes y congelar los activos de funcionarios extranjeros.

La petrolera estadounidense NuStar Energy prohíbe a PDVSA el uso de un terminal de almacenamiento en el Caribe.

El Banco Deutsche Bank informa al banco Citic Bank de la República Popular China, el cierre de sus cuentas de corresponsalía, por procesar pagos de PDVSA.

Noviembre 2017. Colombia bloquea el despacho del tratamiento antimalárico (primaquina y cloroquina) solicitado al laboratorio BSN Medical en ese país.

Las transnacionales farmacéuticas Baster, Abbot y Pfizer se niegan a emitir certificados de exportación a medicamentos oncológicos imposibilitando la posibilidad de compra por parte de Venezuela.

EEUU sanciona e inhabilita a funcionarios venezolanos que administran los programas de provisión de alimentos, impidiéndoles firmar acuerdos comerciales o convenios internacionales que favorezcan la política alimentaria de Venezuela.

La Unión Europea prohíbe la venta de armamentos y equipos de seguridad a Venezuela.

El Banco Deutsche Bank principal corresponsal de Banco Central de Venezuela (BCV), cierra definitivamente las cuentas.

Un total de 23 operaciones financieras de Venezuela, destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos por 39 millones de dólares, son devueltas por bancos internacionales.

La calificadora de riesgo Standard and Poor’s declara a Venezuela en “default selectivo”.

Diciembre 2017. Son bloqueados pagos venezolanos del servicio de cabotaje para el transporte de combustible, lo que origina escasez de este producto en varios estados.

Un total de 19 cuentas bancarias de Venezuela en el extranjero son cerradas arbitrariamente por bancos estadounidenses, impidiendo los pagos a los acreedores.

Son retenidos en el extranjero 471 mil cauchos para vehículos comprados en el exterior cuyos pagos fueron realizados.

Enero 2018. 11 bonos de deuda venezolana y de PDVSA, por un valor de 1.241 millones de dólares, no pudieron ser cancelados a sus acreedores por el obstáculo de las sanciones.

Febrero 2018. El Departamento del Tesoro de EEUU, amplía las sanciones financieras a Venezuela y empresas venezolanas establecidas en la Orden Ejecutiva 13808 de agosto de 2017. Impide la renegociación o reestructuración de deuda venezolana y de PDVSA, emitida con anterioridad al 25 de agosto de 2017.

Marzo 2018. La Administración Trump: Renueva por un año la orden ejecutiva 13692. Renueva la orden ejecutiva 13808 e impone 6 nuevas medidas coercitivas que atentan contra la estabilidad financiera de Venezuela, al prohibir la reestructuración de la deuda e impide la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum, empresa del Estado venezolano.

Dicta la Orden Ejecutiva 13827 que prohíbe a cualquier ciudadano o institución efectuar transacciones financieras con la criptomoneda venezolana “Petro”.

El Gobierno de Panamá publica una lista de 55 ciudadanos venezolanos sancionados (incluyendo al Presidente Nicolás Maduro) y 16 empresas venezolanas consideradas de “alto riesgo”.

Abril 2018. Canciller de Perú, en el marco de la Cumbre de las Américas, y a nombre del Grupo de Lima, anuncia que han decidido crear un grupo de seguimiento para estudiar medidas políticas y económicas contra Venezuela. En la misma Cumbre, EEUU y Colombia acuerdan acelerar mecanismos para perseguir las transacciones financieras de Venezuela y obstaculizar las líneas de suministro de productos básicos que requiere el país.

Mayo 2018. Reclamando un fallo favorable de un laudo arbitral por 2 mil 40 millones de dólares ante la Cámara de Comercio Internacional, la petrolera estadounidense Conoco Phillips anuncia que embargará activos internacionales de PDVSA.

Bloquean el pago de 9 millones de dólares destinados a la adquisición de insumos para diálisis, para el tratamiento de 15 mil pacientes de hemodiálisis.

El gobierno colombiano bloquea el envío a Venezuela de 400 mil kilos de alimentos del programa de subsidio alimentario de los Comités Locales de Abastecimiento y producción CLAP.

EEUU sanciona a 20 empresas de Venezuela por supuestos lazos con el narcotráfico.

Agosto 2018. EEUU autoriza a Crystallex para confiscar activos de Citgo Petroleum.

El gobierno de Brasil dejó de pagar 40 millones de dólares que adeuda a la Corporación Eléctrica de Venezuela por suministro de energía al estado de Roraima. El canciller de Brasil, Aloysio Nunes, declaró que la deuda eléctrica “no ha sido cancelada por el bloqueo económico y financiero impuesto por EEUU y la Unión Europea contra Venezuela”.

Noviembre 2018. Donald Trump prohíbe a los ciudadanos estadounidenses comerciar con oro exportado desde el país sudamericano.

Enero 2019. La administración de Donald Trump aprueba nuevas sanciones contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que incluye el congelamiento de 7.000 millones de dólares en activos de la empresa filial CITGO, en adición a una pérdida estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años.

Paralelamente a la aplicación de medidas coercitivas, bloqueos, sanciones y apropiación de activos, el imperialismo, ha estado atacando la moneda nacional, el bolívar, con el objetivo de inducir la inflación y afectar los niveles de producción nacional. Lo hace mediante la manipulación diaria del tipo de cambio a través de portales web cuyos dominios residen en territorio estadounidense, específicamente Miami.

La contraofensiva del Presidente Nicolás Maduro

Siguiendo el camino del comandante Hugo Chávez de decretar medidas de emergencia, el 14 de enero de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial N° 6.214 el Decreto N° 2.184, que declaró la emergencia económica por 60 días. Estos instrumentos, publicados en Gacetas Oficiales Extraordinarias, permitieron al Ejecutivo dictar medidas especiales para el abastecimiento, uso de recursos y control económico, renovándose sucesivamente durante todo el año.

El 27 de enero del 2016, El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el Decreto N°. 2.198 por el cual crea el Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas para todos los órganos y entes de la administración pública, con el cual busca activar los motores de la economía, en una reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva.

En ese año, la caída del precio del petróleo venezolano había caído un 70%, por lo que, en mayo, el decreto N° 2.323, declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, “a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas oportunas excepcionales y extraordinarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales, e igualmente disminuir los efectos de las circunstancias de orden natural que han afectado la generación eléctrica, el acceso a los alimentos y otros productos esenciales para la vida”, reza el decreto.

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Otros decretos:

• 14 de enero, 2016. Decreto N° 2.184, G.O. N° 6.214: declara emergencia económica. Vencimiento: 15 de marzo de 2016

• 11 de marzo, 2016. Decreto N° 2.270, G.O. N° 6.219: prorroga por sesenta (60) días el decreto 2.184 (anterior). Vencimiento: 10 de mayo de 2016

• 13 de mayo, 2016. Decreto N° 2.323, G.O. N° 6.227: declara emergencia económica y estado de excepción. Vencimiento: 12 de julio de 2016

• 12 de julio, 2016. Decreto N° 2.371, G.O. N° 40.942: prorroga por sesenta (60) días el decreto 2.323 (anterior)- Vencimiento: 12 de septiembre

• 13 de septiembre, 2016. Decreto N° 2.452, G.O. N° 6.256: declara emergencia económica y estado de excepción. Vencimiento: 13 de noviembre de 2016.

• 13 de noviembre, 2016. Decreto N° 2.548, G.O. N° 6.272: prorroga por sesenta (60) días el decreto 2.452 (anterior). Vencimiento: 13 de enero de 2017.

• 13 de enero, 2017. Decreto N° 2.667, G.O. N° 41.074: declara emergencia económica y estado de excepción. Vencimiento: 12 de marzo de 2017.

• 13 de marzo, 2017. Decreto N° 2.742, G.O. N° 41.112: prorroga por sesenta (60) días el decreto 2.667 (anterior). Vencimiento: 13 de mayo de 2017.

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Gobierno de Venezuela firma decreto de Emergencia Económica: Venezuela: La guerra económica durante la presidencia de Nicolás Maduro

En una guerra económica que no ha dado respiro, el 8 de abril del 2025, en plena guerra de aranceles por parte de Donald Trump,  sobre una cantidad grande de Estados, incluido Venezuela —con un 15%—, que han afectado notablemente la economía mundial y han propiciado la caída de los mercados, la baja del precio del petróleo y los temores de recesión en Estados Unidos y otros lugares del orbe, se vuelve a establecer un nuevo decreto, que toma 10 medidas de emergencia, que permitió al Presidente Nicolás Maduro:

• Suspender con carácter general la aplicación y cobro de tributos nacionales, estatales y municipales, así como de los trámites administrativos relacionados a fin de proteger el aparato productivo nacional.
• Concentrar en el Tesoro Nacional la recaudación de las tasas y contribuciones especiales creadas por leyes y re direccionar los recursos disponibles de todos los fondos existentes «a partir de hoy».
• Establecer mecanismos extraordinarios para combatir la evasión y elusión fiscal.
•  Suspender la aplicación de exenciones de tributos nacionales y proceder a su recaudación.
• Establecer mecanismos y porcentajes obligatorios de compra de la producción nacional para favorecer la sustitución de importaciones.

En este punto el presidente Maduro insistió en la necesidad de «sustituir todas las importaciones» y proceder a los mecanismos para garantizar la compra de la producción nacional de los bienes priorizados en este decreto.

•  Adoptar todas las medidas necesarias para estimular la inversión nacional e internacional «en beneficio del desarrollo del aparato productivo, así como las exportaciones de rubros no tradicionales como mecanismo para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos».

En este punto también hizo hincapié en abrir las compuertas a las inversiones. Los inversionistas nacionales y extranjeros «serán tratados de manera especial para que vengan a traer sus recursos y que circulen en el aparato productivo y la economía nacional».

• Autorizar las contrataciones que fuesen necesarias para garantizar a la población el restablecimiento de sus derechos fundamentales.
• Autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en el presupuesto anual. «Esto fue muy importante en los años 2016, 2017 y 2018, porque así pudimos garantizar el desarrollo, por ejemplo, del programa de los CLAP, que fue vital para el país».
• Dictar las normas que excepcionalmente y sin sometimiento alguno a otro poder público autoricen las operaciones de crédito público, sus reprogramaciones y complementos que no estén previstos en la Ley Especial de Endeudamiento, así como las que permiten ampliar los montos máximos de endeudamiento que pueda contraer la República.

En el 2026, la Gran Peregrinación Nacional convocada por la Presidenta (E) Delcy Rodriguez, del 19 de abril al 1 de mayo en toda Venezuela, por la paz y contra las sanciones, recoge la memoria de la resistencia y las consecuencias de la guerra económica.

Según un anuncio del Banco Central de Venezuela (BCV), publicado el pasado 1 de mayo, el PIB creció 9,32% en el primer trimestre de 2025, un valor mayor al registrado en el mismo periodo de 2024, cuando alcanzó 9,13%. Las medidas de recuperación han hecho crecer la economía durante 16 trimestres consecutivos, y permitieron cerrar 2024 con un crecimiento anual de 8,54%.

Esto se debe al incremento de 18,23% en la actividad petrolera y de 13,46% en el sector minería durante el primer trimestre de 2025. El ente rector de la política monetaria señala que dichos números evidencian «la capacidad de respuesta de la economía frente a la agresión externa que vive nuestro país, en medio de la guerra comercial iniciada por el gobierno estadounidense, que amenaza con provocar una recesión mundial».

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