En aras de incrementar la participación democrática y el protagonismo del pueblo, el Gobierno de Venezuela impulsa una consulta pública del proyecto de reforma de la ley eléctrica para optimizar y estabilizar el suministro de energía en el territorio nacional.

El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios de Venezuela, Juan José Ramírez, lideró este lunes el acompañamiento de este debate promovido por el Legislativo que busca actualizar el marco jurídico del sistema eléctrico nacional para adaptarlo a las demandas actuales del pueblo venezolano.

Ramírez enfatizó que esta iniciativa parlamentaria constituye un espacio fundamental de articulación institucional con la Asamblea Nacional (AN) y tiene como propósito estructurar una red de distribución energética eficiente que garantice la soberanía y la tranquilidad de las comunidades.

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La autoridad ministerial ratificó el compromiso del Ejecutivo de mantener el despliegue técnico en las regiones.

Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, reconoció el compromiso de los trabajadores del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) destacando que la clase obrera mantiene operativo el suministro energético de Venezuela a pesar de las dificultades generadas por las más de mil medidas coercitivas unilaterales impuestas contra la nación suramericana.

Infante enfatizó la importancia de esta reforma legal para el desarrollo del sector industrial y comercial puntualizando que el fortalecimiento del sistema eléctrico es indispensable para consolidar la recuperación económica del país, al tiempo que instó a asumir con responsabilidad los desafíos estructurales existentes en el área.

Esta planificación sistemática busca consolidar la estabilización de los servicios públicos mediante la ejecución de mejoras de infraestructura en cada estado del país.

«Trabajamos en perfecta coordinación para consolidar un sistema eléctrico nacional robusto, eficiente y adaptado a los nuevos tiempos», declaró el ministro a través de sus canales oficiales, asegurando que el plan gubernamental prioriza el bienestar de la población.

La propuesta prevé modificar 31 de los 115 artículos vigentes de la normativa e incorporar 11 nuevos estatutos para incentivar la participación económica bajo la tutela del Estado.

Las propuestas recopiladas por los diversos sectores del SEN serán consignadas próximamente ante la Asamblea Nacional para su respectivo análisis.

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